Crece debate por la vivienda turística en Medellín: ¿cuáles son los argumentos de cada parte?

El debate por el futuro de la vivienda turística en Medellín sigue encendido. Luego de que en el Concejo se empezaran a discutir los cambios que se buscan adoptar en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para regular esa actividad, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que su gobierno no tiene previsto echarse para atrás en esa tarea.

En medio de una controversia cada vez más álgida, el mandatario denunció que en el Concejo se estaría dando un fuerte lobby por parte de las empresas dedicadas a intermediar en ese negocio de las rentas cortas.

“No puede ser que en una modificación tan importante de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) haya sido tanto el lobby de un solo sector que haya dominado la discusión. La discusión tiene que ser pública. Aquí no va a haber discusiones a puerta cerrada. De una vez lo advierto, nosotros ya radicamos el POT al Concejo de Medellín, la discusión es totalmente pública, así como lo hemos tenido estos dos años de elaboración”, dijo.

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Si bien el alcalde aludió indirectamente a algunas de las empresas dedicadas a intermediar en esas rentas cortas como las más activas en esa campaña, también respondió en general a muchos sectores políticos de diferentes matices que también han formulado cuestionamientos a la iniciativa.

Y es que desde otras orillas, incluyendo también agremiaciones y centros de pensamiento, las regulaciones han sido vistas como un atentado contra la propiedad privada y las libertades ciudadanas.

El pasado viernes, durante una sesión de socialización, organizaciones gremiales como Fenalco Antioquia calificaron por ejemplo las normas como una “prohibición” y aseguraron que podría crearse un mercado negro de rentas cortas informales.

“Queremos manifestar la preocupación que genera al comercio la prohibición de vivienda turística en sectores específicos de la ciudad, según varios artículos del POT”, expresó María José Bernal, directora regional de ese organización, planteando que problemáticas como el ruido y otros impactos ambientales asociados a la vivienda turística deberían atenderse de otras formas y no regulando el uso del suelo.

Entre tanto, desde la bancada de gobierno otros corporados plantearon que el interés particular no debería primar por encima de las preocupaciones del grueso de la ciudadanía.

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“Hoy estamos trabajando para resolver uno de los problemas más importantes de Medellín: la vivienda. Entendiendo que es un hecho que las rentas cortas generan tensiones con este objetivo, nuestra obligación es la de avanzar en la regulación”, expresó por su parte el concejal Andrés Tobón, argumentando que con la reforma al POT se busca proteger a los residentes de un mercado que los está obligado muchas veces a abandonar la ciudad.

Lo que dijo el alcalde

Las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez se produjeron este lunes en medio del inicio del Climate Week, evento en el que varios líderes nacionales e internacionales llegaron a Medellín a hablar sobre cambio climático.

Al ser interrogado por el tema, el alcalde arrancó planteando que durante los últimos 12 años la construcción de nueva vivienda en Medellín ha estado estancada y atribuyó en gran medida a esa reducida oferta el encarecimiento de la vivienda que ha sufrido la capital antioqueña.

“Aprobaron un POT en el 2014, que planteaba, por ejemplo, que para la zona del corredor del río se iban a construir más de 120.000 unidades de vivienda en esos años y solo se construyó el 2%. Porque una cosa es lo que dejan en el papel y otra cosa es lo que se puede terminar aplicando”, expresó.

Por esta razón, planteó Gutiérrez, es que en las modificaciones del POT la Alcaldía buscaría dar condiciones más favorables para que se construya vivienda nueva, de tal forma que, a mayor demanda, los precios sean menores.

No obstante, señaló que la vivienda turística también ha influido en el encarecimiento de los arriendos y en otros problemas urbanos, que consideró la ciudad debe atender con urgencia.

“Lo que vamos a hacer son, por supuesto, soluciones estructurales, habilitar más condiciones para la construcción de vivienda de todo tipo, de interés social, de diferente estratificación”, expresó.

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“Pero el tema de las plataformas de renta corta no es prohibir, es regular. Y yo sí les digo, hagan el lobby, pero háganlo de frente a la ciudadanía. Yo tengo muy claro de qué lado estoy. Estoy del lado de la gente de Medellín, del lado de las familias de Medellín. Estoy del lado de proteger la vivienda familiar. Pero algo también muy importante, soy defensor de la libre empresa, soy defensor de la propiedad privada. Nadie les va a arrebatar esas viviendas que tienen”, agregó.

El alcalde señaló que durante las socializaciones que se vienen realizando desde que se empezó a formular los cambios en el POT, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía ha sido los impactos que están ocasionando estos establecimientos en las zonas residenciales, no solo por su repercusión en los precios, sino por los temas de ruido y convivencia.

“Simplemente en una zona de la ciudad se pueden desarrollar esas actividades y en otras zonas no. Porque también hay familias en toda la ciudad que dicen: ‘Venga, ¿cómo es posible que yo pueda tener tranquilidad si el apartamento de al lado o la casa de al lado se volvió renta corta y solo las utilizan para temas de fiestas y otras actividades?’. Tiene razón la gente”, agregó.

Finalmente, el alcalde se refirió con suspicacia a la campaña que se estaría haciendo en contra de esas regulaciones, considerando que en muchos casos se trata de intereses privados que no le estarían dando la cara a la ciudadanía.

“Yo ya voy viendo que aquí hay lobby y yo quiero ver quiénes han pagado por ese lobby. Paguen, pero háganlo de frente a la ciudadanía. ¿Quiénes han pagado esos ataques sistemáticos desde hace aproximadamente cuatro días? Entonces listo, comenzó la campaña a la Alcaldía. Aquí yo estoy como ciudadano y como alcalde para defender a la gente de la ciudad. Que hay políticos que prefieren privilegiar a unos muy pocos por unos negocios y afectar a la inmensa mayoría de las familias de Medellín, pues listo, los vamos a poner en evidencia. Como me dijo mi mamá toda la vida: manso pero no menso. Que ni crean”, agregó.

Argumentos de los que se oponen a las regulaciones del POT

Dentro de los principales cuestionamientos hacia las regulaciones del POT se destacan los formulados por las mismas plataformas, que aseguran que limitar la vivienda turística a las zonas de alta mixtura dejaría sin esa actividad al 72% de la ciudad y le estarían dando un tratamiento de actividad comercial a una actividad que sería más una práctica civil no comercial.

Los cálculos del sector es que 4.500 familias que devengan algún ingreso de esa actividad se verían afectadas y estaría en juego un renglón que deja ingresos anuales por $435.000 millones a anfitriones de aplicaciones como Airbnb.

Desde el punto de vista ideológico y político, el grueso de los reparos se centra en que las regulaciones son percibidas por algunos como un ataque contra la propiedad privada.

Así lo planteó por ejemplo Camilo Guzmán, director de Libertank, para quien cada propietario debería tener la potestad de decidir qué hacer con sus inmuebles.

“Me temo que lo que estamos discutiendo acá no resuelve este problema, por el contrario, lo agrava y termina violando unos derechos de propiedad. Una ciudad como Medellín no debería estar discutiendo y afectando la libertad económica de miles de emprendedores”, planteó Guzmán.

“En una ciudad lo que un vecino hace con su predio por supuesto afecta el valor y el uso del predio de al lado. Por esa razón existe el ordenamiento territorial”, agregó. “Hay un tipo de ordenamiento que no fija un límite general, sino que asume el papel de un ingeniero social. Entonces lo que dice es, caso por caso y predio por predio, que uso específico debe dársele a cada metro cuadrado”, señaló, planteando que en ese escenario la decisión económica de los ciudadanos quedaría usurpada.

Otros detractores de las regulaciones también plantean que las mismas no enfrentarían de raíz problemas como el ruido y el alza de la propiedad raíz, esta última a la que atribuyeron más la falta de oferta de vivienda.

Juan Camilo Quintero, exdirector de Ruta N y asesor de Airbnb, propuso por su parte que en la discusión no debería pensarse como un pulso, sino como una conversación para encontrar salidas, sin limitar la vivienda turística.

La alcaldía señala que darle orden al sector es algo urgente

La posición de la Alcaldía de Medellín es que la vivienda turística, al igual que cualquier otra actividad que ocasiona fuertes impactos en su entorno, debe estar sujeta a controles urbanos para que no se vea afectada la convivencia ciudadana y el acceso a la vivienda en una ciudad con una oferta reducida.

Al igual que el alcalde Gutiérrez, la directora de Planeación, Luz Ángela González, señala que las regulaciones que formuló la alcaldía parten principalmente de las quejas ciudadanas que se han realizado en la fase de socialización del POT y que también se reflejan en otros indicadores.

“El mayor número de quejas en las Inspecciones de Policía, en las llamadas al 123, es por el ruido, está muy desbordado. Las personas nos dicen muchísimo que no pueden convivir en las mismas áreas donde operan estas plataformas. Lo que se busca, y nosotros siempre estamos llamando al régimen de usos, es una sana, responsable y cuidadosa mezcla de usos”, expresó la funcionaria en diálogo con EL COLOMBIANO.

González señaló además que no es cierto que con las modificaciones del POT se esté prohibiendo la vivienda turística en las zonas residenciales, dado que dicha actividad tampoco estaba permitida hace 12 años en el POT original que hoy se revisa.

Los cálculos de Planeación apuntan a que en las zonas permitidas, se podrían construir 179.000 viviendas turísticas nuevas en 16.000 lotes potenciales, lo que equivale a multiplicar por 20 las 8.322 que se tienen en la actualidad.

González también controvirtió a quienes plantean que se trata de un atentado contra la propiedad privada y señaló que la regulación de los usos del suelo es precisamente una de las funciones qué hacen parte de la razón de ser de Planeación.

Haciendo un ejercicio comparativo, propuso imaginar una ciudad en donde cualquier particular pudiera poner casinos o sitios de alto impacto en cualquier zona aduciendo que se trata de su propiedad. Bajo esa óptica, planteó que la ciudad tendría graves problemas de convivencia.

“Nosotros acá no solamente estamos escuchando una parte de la economía, sino también a los residentes. En ningún momento vamos a prohibir, vamos es a regular”, enfatizó la funcionaria.