¿Venganza política? La FLA recusa a Daniel Quintero y a su exsecretario privado por polémica auditoría
El gerente de la fábrica de licores, Esteban Ramos, señaló que la investigación tendría un tinte personal por las denuncias que él y su hermano, el exconcejal Alfredo Ramos, le han hecho al exalcalde Daniel Quintero.
Comunicador Social - Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. He trabajado para medios como Radio Bolivariana y El Tiempo. Hago parte del Área Metro e investigo temas de gobierno, política, salud, servicios públicos e historia. Creo en la importancia del periodismo para vigilar al poder.
La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) recusó al exsecretario privado de Medellín, Juan David Duque, por presuntamente estar impedido para liderar la polémica auditoría que se abrió sobre esta empresa recientemente.
Argumentando que durante su paso por la Alcaldía de Medellín, tanto Duque como su jefe, el exalcalde Daniel Quintero, se volvieron enemigos del exconcejal Alfredo Ramos, el gerente de la FLA señaló que la actuación no tendría garantías de imparcialidad.
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Cabe recordar que la inspección en cuestión comenzó el pasado 22 de junio, cuando la Superintendencia Nacional de Salud le envió una notificación a la FLA en la que le informaba de una auditoría específica para “verificar la generación, liquidación, declaración y transferencia de los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud”.
La actuación generó suspicacias por múltiples razones.
La más importante es que comenzó poco después de que a esa entidad llegara el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien fue nombrado como superintendente de Salud por el presidente Gustavo Petro a través de un decreto firmado el pasado 23 de abril.
Sin importar los múltiples escándalos y señalamientos de corrupción durante su paso por la Alcaldía de Medellín –incluidos presuntos malos manejos en entidades de salud– el primer mandatario le entregó el manejo del ente al exalcalde, quien poco después de llegar comenzó a modificar los manuales de funciones y ubicar allí a otros exfuncionarios suyos duramente cuestionados.
Entre los funcionarios nombrados estuvo Juan David Duque, quien es recordado por ser el primer secretario en la historia de la ciudad en ser sacado de su cargo por una moción de censura, aprobada por el Concejo de Medellín.
Dicha expulsión se produjo luego de que Duque, entre otros escándalos, quedara en el ojo del huracán por cuenta de los presuntos malos manejos ocurridos con los fondos fijos reembolsables del despacho del alcalde.
Este último escándalo estalló cuando salieron a la luz soportes contables de un fondo del despacho del alcalde Quintero, rotulado como el Fondo Fijo Reembolsable 067, creado solamente para resolver imprevistos y problemas urgentes del desempeño de su cargo, pero en el que aparecieron compras en costosos restaurantes, incluso en otras ciudades como Bogotá, Cartagena y Bucaramanga.
También generó controversia que, mientras el salario del alcalde era para entonces de $18,7 millones, el promedio de gastos de dicho fondo era de $26,5 millones mensuales.
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Si bien los gastos se atribuyeron directamente al exalcalde Quintero y su familia, el exsecretario privado Juan David Duque quedó en la palestra pública por ser el funcionario que debía garantizar que no se cometieran abusos con ese fondo.
En medio de ese escándalo, fue que el Concejo de Medellín lo sacó de su cargo y lo declaró insubsistente el 10 de noviembre de 2023, en un acalorado debate en el que participó el entonces concejal Alfredo Ramos Maya, hermano del hoy gerente de la FLA, Esteban Ramos Maya.
El exconcejal Alfredo Ramos fue uno de los corporados más críticos de la administración de Quintero y lideró múltiples debates de control político.
A lo largo de ese cuatrienio, Ramos hizo denuncias de presuntos malos manejos en el Hospital General de Medellín –el cual también ha recusado a Quintero– y presunta corrupción en otras entidades como el Departamento de Gestión del Riesgo (Dagrd), Telemedellín, la Secretaría de Educación, EPM, Metroparques, Metrosalud, la Secretaría de Comunicaciones, la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Ruta N, la Agencia APP, el Isvimed, entre muchos otros.
Volviendo a la auditoría de la FLA, según quedó plasmado en el auto emitido el pasado 22 de junio en el que se notificó el inicio de la investigación, fue precisamente Juan David Duque quien fue designado para liderarla, luego de que este fuera nombrado en calidad de encargo como superintendente delegado para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Justamente tratándose de un exfuncionario como Duque, el gerente de la FLA, Esteban Ramos, argumentó en su recusación que en la Ley 1437 de 2011 se establece que se configura un conflicto de interés cuando los funcionarios que adelantan investigaciones tienen una “enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa”.
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“La pérdida del cargo público del señor Duque García, provocada de manera directa por la moción de censura que lideró mi hermano Alfredo Ramos Maya, sumada a las múltiples denuncias por presunta corrupción que la bancada de oposición interpuso contra el exalcalde Quintero y su círculo cercano, superaron por completo el debate institucional, llevando la relación a un plano de resentimiento personal”, argumentó el gerente Esteban Ramos en su recusación, quien por su parte también cuestionó duramente la llegada de Quintero a la Supersalud.
Por cuenta de esas críticas, el gerente Ramos advirtió que incluso Quintero amenazó con demandarlo por cuenta de un trino en el que había criticado su nombramiento en la Supersalud.
Además de estos puntos, en la FLA la auditoría ha generado suspicacia por otras razones, como por ejemplo que antes de que se emitiera el auto en el que se abría la misma, desde las 9 de la mañana ya había funcionarios de la Supersalud en las oficinas de la licorera y de la Secretaría de Hacienda de Antioquia.
Asimismo, aunque desde la Supersalud se aseguró que se trataría de una inspección de rutina, trascendió que los funcionarios que allí se presentaron estaban exigiendo conocer actas de la junta directiva y hasta documentos de contratación interna.
También ha llamado la atención que las auditorías únicamente se realicen en Antioquia, Valle, Cundinamarca y Caldas, pero no en otros departamentos como Boyacá, Cauca y Nariño.
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