COP30 en Belém: la primera semana dejó avances parciales, tensiones abiertas y una presión social sin precedentes
Las negociaciones en Belém terminaron su primera etapa sin un consenso claro y con varios textos críticos aún abiertos, mientras los países intentan definir cómo financiar la acción climática, medir la adaptación y responder a un escenario global que ya supera los límites de temperatura establecidos en el Acuerdo de París.
La primera semana de la COP30 en Belém cerró con un mensaje claro: el andamiaje diplomático está en pie, pero las decisiones de fondo siguen aplazadas. La agenda de trabajo se aprobó sin el bloqueo que muchos temían, la presidencia logró sostener canales de diálogo y el sector privado latinoamericano se volcó a entender las nuevas reglas del juego climático. Sin embargo, los textos clave sobre financiamiento, adaptación y comercio climático avanzan con lentitud y mantienen abierto el riesgo de una cumbre fuerte en el discurso, pero débil en implementación.
En el plano formal, la COP30 arrancó mejor de lo previsto. A diferencia de las reuniones preparatorias en Bonn, donde aprobar la agenda tomó casi dos días, en Belém los países lograron acordarla en plenario, aunque cuatro asuntos quedaron por fuera del paquete principal, en una suerte de “carril paralelo” que condensa los mayores puntos de fricción: la aplicación del artículo 9.1 del Acuerdo de París (responsabilidad de los países desarrollados de movilizar recursos hacia los países en desarrollo), las medidas unilaterales de comercio climático como los ajustes de carbono en frontera, los informes de transparencia y la respuesta al último ciclo de actualización de las NDC. En todos, la brecha entre Norte y Sur persiste.
Uno de los grandes objetivos que Brasil quería inscribir como legado de esta COP era cerrar la Meta Global de Adaptación con un conjunto de indicadores claros para orientar la acción. La realidad de la primera semana mostró lo contrario. El grupo de países africanos sorprendió al pedir más tiempo para definir esos indicadores y, en la práctica, dejó en suspenso un resultado que se esperaba zanjar en Belém. Sus argumentos combinan la complejidad técnica de medir la adaptación con una preocupación política: sin financiamiento suficiente, cualquier lista de indicadores corre el riesgo de convertirse en un catálogo de buenas intenciones sin respaldo real.
En paralelo, las discusiones sobre aumento de los flujos hacia adaptación avanzan a paso lento. Hay cierto optimismo en que la COP30 logre resultados mejores que los de cumbres anteriores, pero el consenso es que no habrá una cifra nueva, sino más bien señales sobre cómo reorientar recursos existentes y asegurar que lleguen a los territorios más vulnerables.
Financiamiento, transición justa, salida de fósiles y comercio climático bajo la lupa
El financiamiento climático sigue siendo la pieza que falta para destrabar el resto del rompecabezas. Tras la COP29 de Bakú, que dejó un sabor amargo por el bajo monto acordado, las presidencias de Azerbaiyán y Brasil llegaron a Belém con la llamada Hoja de Ruta de Bakú a Belém, un documento que plantea cómo escalar el financiamiento a por lo menos 1,3 billones de dólares anuales al 2035 para países en desarrollo.
La primera semana mostró que esa hoja de ruta genera tantas expectativas como recelos. Varios expertos y delegaciones de países en desarrollo cuestionan que el documento concentre demasiado énfasis en actores privados y en “transformar todos los flujos financieros”, sin garantizar el componente central: recursos públicos, previsibles y en condiciones justas, provenientes de los países desarrollados. La crítica de fondo es que, sin una decisión clara sobre el artículo 9.1, el roadmap corre el riesgo de convertirse en un texto “vivo” y políticamente inocuo.
En contraste con las dificultades en adaptación y finanzas, la transición justa tuvo una semana relativamente más constructiva. El Programa de Trabajo de Transición Justa empezó a perfilarse como un espacio donde el G77 está dispuesto a discutir mecanismos concretos para evitar que la acción climática empuje a comunidades vulnerables a la pobreza. Organizaciones como ActionAid subrayan que, por primera vez, se habla con más seriedad de salvaguardas sociales, participación de trabajadores y comunidades, y mejora real de las condiciones de vida en los planes climáticos.
En paralelo, Brasil ha insistido en una hoja de ruta para abandonar gradualmente los combustibles fósiles. La ministra Marina Silva y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva han defendido la necesidad de una planificación justa, con tiempos y responsabilidades claras, aunque el tema no figure formalmente como punto de negociación. Varios países —entre ellos Dinamarca, Colombia, Kenia, Francia y las islas Marshall— respaldan la idea de una “roadmap” que dé contenido a la transición acordada de manera más vaga en cumbres anteriores, pero que todavía no se traduce en un texto concreto.
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Otro foco de tensión que dejó la primera semana es el debate sobre las llamadas “medidas unilaterales de comercio”, impulsado por Brasil, China y Arabia Saudita. El objetivo es poner en discusión mecanismos como el CBAM europeo, que muchos países del Sur Global consideran barreras comerciales disfrazadas de política climática. Para América Latina, fuerte en exportaciones agrícolas e industriales, el desenlace de este debate es clave: puede significar nuevos costos de acceso a mercados o, alternativamente, la oportunidad de acordar reglas más simétricas.
A esto se suma la discusión sobre el artículo 2.1.c del Acuerdo de París, que busca alinear todos los flujos financieros con un desarrollo bajo en carbono. Los países desarrollados presionan por marcos más robustos de seguimiento; los países en desarrollo responden que no habrá “alineación” sin el financiamiento prometido. El riesgo es la fragmentación: estándares divergentes, mercados financieros climáticos poco compatibles y un escenario de mayor incertidumbre regulatoria para bancos, inversionistas y empresas.
Amazonía, bioeconomía y calle
Si la COP28 fue la cumbre de los combustibles fósiles, la COP30 quiere consolidarse como la COP de la bioeconomía amazónica. Brasil ha puesto este concepto en el centro de su narrativa: articular ciencia, innovación y saberes tradicionales para crear cadenas de valor que mantengan el bosque en pie.
En las calles de Belém esa discusión se mezcló con reclamos más urgentes, ya que después de tres años de restricciones a la protesta en sedes como Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán, la Marcha Global por el Clima reunió a decenas de miles de personas —comunidades indígenas, organizaciones sociales, vecinos de la ciudad— que llenaron las avenidas con un mensaje directo: fin a los combustibles fósiles y una transición que tenga en el centro a los territorios que ya viven la emergencia climática. Para los pueblos indígenas amazónicos, que han enfrentado minería, deforestación y violencia, la COP30 es tanto un espacio de negociación internacional como una vitrina incómoda para denunciar esas tensiones.
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Ahora bien, con el ingreso de los ministros a escena, la segunda semana arranca con un menú cargado: destrabar el nudo del artículo 9.1, dar una señal creíble sobre los 1,3 billones anuales en financiamiento, salvar la Meta Global de Adaptación de un nuevo aplazamiento y decidir si la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles tendrá o no un lugar en la decisión final de la cumbre.
La presidencia brasilera insiste en que Belém debe ser recordada como el momento en que se pasó de los compromisos a la acción. La foto que deja la primera semana es más matizada: hay voluntad política en el discurso y una arquitectura de iniciativas en marcha, pero el corazón del problema —la brecha entre la ambición declarada y la implementación real— sigue intacto.