La COP30, la primera cumbre climática realizada en pleno territorio amazónico, abrió un escenario inédito para que los pueblos indígenas tomaran la palabra en el corazón mismo del bioma que sostiene la estabilidad climática del planeta. Colombia llegó a Belém con una delegación amplia, marcada por la presencia de liderazgos indígenas que reclaman que la defensa de la Amazonía sea reconocida como política climática y no como un gesto simbólico.
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Entre esas voces está Patricia Suárez, lideresa Murui, asesora de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y a su vez, delegada de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), quien ha impulsado el reconocimiento de los territorios indígenas como áreas de gestión climática y la necesidad de que la transición energética no repita viejas lógicas de despojo, y cuya postura resume un llamado urgente: sin justicia territorial no habrá futuro climático.
En EL COLOMBIANO hablamos con ella.
La COP30 se realiza por primera vez en territorio amazónico. ¿Qué cambia, en su opinión, cuando las discusiones globales sobre el clima se desarrollan dentro de la selva y no en ciudades del norte global?
“Para nosotros es un reto enorme. Esta puede ser la última COP donde se hable con fuerza de los pueblos indígenas de la Amazonía y donde se visibilice realmente la selva. Después, las discusiones se moverán a otros temas y territorios, quizá a los mares, y lo amazónico podría quedar relegado.
Por eso esta COP nos exige más trabajo: llegar con propuestas claras, unificadas y capaces de reflejar las realidades territoriales. Al mismo tiempo, nos ha permitido fortalecernos internamente y articularnos como pueblos de la cuenca amazónica para lograr una participación real y efectiva”.
En un escenario dominado por lenguajes técnicos y económicos, ¿qué implica que la Amazonía sea entendida como un territorio vivo y no como un recurso?
“Hemos venido haciendo un ejercicio fuerte de pedagogía para que el mundo entienda de qué hablamos cuando hablamos de territorio. No es un mero ecosistema vacío. No hablamos de selvas sin personas. Todo está interconectado.
Para nosotros, el territorio es mucho más que biodiversidad, fauna o flora. Por eso es fundamental explicar qué significa proteger la seguridad jurídica de los territorios indígenas, porque al hacerlo, se garantiza la vida de los ecosistemas y de todo lo que habita en ellos.
Lo mismo ocurre con conceptos como sistemas de gobernanza o sistemas de conocimiento. Si no se entienden desde nuestra visión, quedan reducidos a términos técnicos sin sentido. Este es un espacio técnico, sí, pero justamente por eso se ha perdido la esencia de por qué luchamos. Llevamos 30 COP y no vemos impactos reales en los territorios. Necesitamos desaprender muchas cosas y volver a lo esencial”.
Dado que muchas decisiones de la COP quedan en manos de los Estados, ¿qué significa para ustedes disputar un lugar real en la mesa cuando todavía se les trata como beneficiarios y no como actores con poder político propio?
“Quizás ese sea el mayor reto. Siempre se nos ha visto como sujetos pasivos, cuando somos los verdaderos actores de la acción climática. Mientras no cambie esa concepción, será difícil implementar en los territorios lo que se acuerda en estos espacios.
Los gobiernos han cometido un error: hablar de los pueblos indígenas como actores silenciosos e invisibles, pero pedirnos que respondamos a las metas que ellos fijan. Pensar acciones sin los verdaderos actores es lo que nos ha llevado al punto de no retorno.
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En ese sentido, también hablamos de financiación directa. Los Estados hacen acuerdos, prometen recursos, pero esos recursos no llegan a los territorios. No es porque no estemos preparados para administrarlos, sino porque se quedan en intermediarios. Con las uñas hacemos contribuciones enormes. Basta ver el mapa de la Amazonía colombiana: las zonas más conservadas son resguardos indígenas. Eso es gobernanza territorial.
Si los gobiernos no cambian la forma de relacionarse con nosotros, será muy difícil seguir garantizando esas contribuciones, sobre todo cuando la situación territorial está tan complicada”.
Precisamente sobre eso... ¿qué transformaría en las comunidades amazónicas que esos fondos llegaran sin intermediarios y bajo sus formas propias de gobernanza?
“Para nosotros, el financiamiento está ligado a las entidades territoriales indígenas. La Constitución del 91 reconoció tres entidades territoriales: departamentos, municipios y territorios indígenas. 30 años después, estos gobiernos subnacionales comienzan a materializarse.
¿Por qué es clave? Porque estos gobiernos, reconocidos legalmente, podrán por primera vez recibir, administrar y ejecutar recursos públicos, privados e internacionales. Eso permitirá materializar nuestros planes de vida, que son nuestros instrumentos de planeación.
Necesitamos que los recursos generados en los acuerdos climáticos lleguen directo a los pueblos indígenas y respondan a nuestras prioridades”.
El Caucus Indígena advierte que la transición energética está reproduciendo viejas lógicas de despojo. ¿Qué señales debería dejar esta COP para confiar en que la transición no será otro ciclo extractivo sobre los territorios amazónicos?
“La transición justa debe seguir estándares internacionales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y garantizar el consentimiento en cualquier procedimiento que afecte nuestros territorios. Ese es el primer punto.
Nos preocupa que la transición esté pensada a costa de nuestros territorios, donde se concentran los minerales críticos. Por eso pedimos la exclusión total de actividades mineras y de combustibles fósiles en la Amazonía.
Hemos vivido ciclos de bonanzas —caucho, pieles, coca, oro, madera— que han dejado daños físicos y culturales profundos. Nunca hemos tenido un periodo de paz. Si el planeta quiere sobrevivir, debe dejar a la Amazonía respirar. Hay un doble discurso en los Estados porque esta COP debe probar, en su texto final, que existe voluntad real de respetar nuestros derechos”.
Colombia llega a Belém con avances en formalización territorial, pero también con tensiones en torno a las NDC y la consulta previa. ¿Qué mensaje trae usted desde la Amazonía colombiana para los países que aún dudan en reconocer los territorios indígenas como política climática efectiva?
“Hemos trabajado fuerte en la actualización de las NDC. En los espacios de concertación con el Gobierno —como la Mesa Regional Amazónica y la Mesa Permanente de Concertación— logramos acuerdos importantes.
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Por primera vez, Colombia incluirá una meta nacional para reportar oficialmente las contribuciones de los pueblos indígenas a la adaptación y la mitigación climática. También logramos doce medidas y cuarenta postulados que incluyen la adecuación de la gobernanza climática nacional, el reconocimiento de los territorios indígenas como áreas de gestión climática vinculante, la regulación de la transición energética en territorios indígenas y mecanismos de financiamiento directo y justo.
Y algo clave: por primera vez, la contabilidad climática del país incluirá nuestras contribuciones como parte estructural de los informes nacionales. Eso no ha pasado en otros países. Ahora esperamos que se cumpla”.
En esta COP se ha insistido en que sin justicia territorial no hay futuro climático. ¿Qué riesgo corre el planeta si las decisiones de Belém vuelven a ignorar a quienes han mantenido vivos los bosques que sostienen la estabilidad climática global?
“El riesgo es el colapso. En la Amazonía colombiana ya vemos impactos extremos: muertes por calor, inundaciones que afectan a familias enteras y que no se visibilizan. Si no cambiamos la forma de pensar y relacionarnos como sociedad, simplemente estamos aplazando la muerte del planeta. Tuvimos la oportunidad de actuar y no lo hicimos. Ese es el riesgo real”.
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