“Hay una suerte de tormenta perfecta, el nuevo Gobierno tendrá que evitar un apagón”: presidente del Grupo Colpatria

El Grupo Colpatria oficializó hace un par de días la venta de su participación del 43,87% en Scotiabank Colpatria, así como en la fiduciaria y en la comisionista del mismo grupo, una operación que marca un punto de quiebre en la historia de la organización y abre una nueva fase de crecimiento y transformación.

Tras 13 años de alianza con los canadienses, la movida le permitirá concentrar esfuerzos en los sectores donde ha consolidado su liderazgo y donde ve mayor potencial para aportar al desarrollo económico y social del país.

Por eso, EL COLOMBIANO conversó con José Fernando Llano, presidente del Grupo Colpatria, para conocer de cerca cuál será la nueva estrategia de la compañía, y la decisión de fortalecer inversiones en frentes clave como infraestructura vial, energía, seguros, construcción y activos inmobiliarios.

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Tras la separación de Scotiabank y Colpatria, la compañía confirmó que se enfocará en sectores estratégicos como vías, infraestructura y construcción. ¿Por qué ese foco y a qué obedece esa decisión?

“En la última década, hemos venido dando ese giro. Hoy, justo antes de salir del ejercicio bancario, el banco representa apenas el 15% de nuestro negocio. ¿Y por qué? Porque, en los últimos 15 años, hemos fortalecido nuestra posición en distintos frentes, particularmente en el negocio de infraestructura.

Hoy debemos tener algo cercano a 1.400 kilómetros de vías concesionadas, con socios en todos los casos, en unas cinco o seis concesiones viales fundamentalmente en Colombia. Eso nos ha funcionado bien y nos ha salido bien. Hemos tenido resultados satisfactorios, nos ayuda al cierre financiero del país y es un frente en el que vamos a seguir trabajando y creciendo.

El anuncio fue, fundamentalmente, decir: ‘Vamos a seguir en estas líneas de crecimiento, donde infraestructura y generación de energía juegan un papel grande, donde ya tenemos posiciones relevantes y donde vamos a seguir creciendo’”.

¿Mas adelante piensan regresar al sector financiero nuevamente?

“Vamos a regresar a la banca, pero con un enfoque más moderno, con un enfoque tipo fintech, no de banca tradicional, porque llegamos a la conclusión de que el modelo bancario tradicional es sostenible solo si se tienen cuotas de mercado del orden del 15%.

Si se está mucho más abajo, es extraordinariamente complejo subsistir, salvo que se tenga una aproximación especializada en cierta clase de activos, con un enfoque tecnológico fuerte, sin el nivel de gasto de los bancos tradicionales, sin oficinas, sin una gran cantidad de estructuras. Creemos que tenemos un papel ahí y vamos a desplegarlo en los próximos dos años.

Esto es lo que viene ocurriendo en general en el mundo. Si uno mira el mercado americano o los principales mercados asiáticos, encuentra que los bancos que más están creciendo —y a un paso significativamente mayor en los últimos dos o tres años— son estas megaoperaciones que podríamos llamar ‘bancos no bancos’, los llamados neobancos.

Nosotros no tenemos la idea de crear un neobanco universal, sino, a partir de ciertas plataformas, empezar a capturar alguna clase específica de activos. Creemos que hay oportunidades enormes, particularmente en la cadena de abastecimiento”.

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Mencionó la decisión de seguir creciendo en concesionarias y en vías. ¿Cuáles son esas concesionarias en las que está hoy el Grupo Colpatria? ¿Cuáles son esas vías en las que van a estar de lleno?

”Hoy tenemos un portafolio de concesiones con socios grandes. Podría mencionar, por ejemplo, lo que denominamos la Ruta del Cacao, que va de Bucaramanga a Medellín y Yondó; o la Ruta al Sur, que pasa por cuatro o cinco departamentos. Santa Ana-Mocoa-Neiva, que seguramente va a reducir, o ya redujo, el viaje desde Bogotá hasta Ecuador en unas 10 o 12 horas, por un trazado distinto.

También lo que llamamos Rutas del Valle, que corresponde a la malla vial del Valle del Cauca, cerca de 450 kilómetros de vías con todas las entradas y salidas principales de Cali. O podríamos mencionar una adquisición reciente, la participación en los consorcios de la concesión Pacífico 3, en el Eje Cafetero. Además, llegamos a un acuerdo con la ANI para reestructurar la concesión Giraldo-Cajamarca.

Todas están avanzando; algunas ya entraron en fase de operación y mantenimiento. Creemos que hay un trabajo muy interesante por hacer, que incluye no solo el mantenimiento de la vía, sino también ingeniería financiera y el despliegue de otras actividades”.

La infraestructura, a pesar de las adversidades, se ha sostenido, pero pide reglas claras al Gobierno frente a peajes, concesiones, APP y otros temas clave. Hoy, frente a esta realidad, ¿cómo ve el sector? ¿Está de acuerdo con esos desafíos?

“Sin duda. Diría que el país ha visto un incremento grande en el riesgo regulatorio, claramente en todos los sectores, aunque probablemente el más complejo sea el sector salud. El riesgo regulatorio se ha vuelto un tema de gran magnitud y es la preocupación fundamental de los administradores de negocios hoy en día.

Sin embargo, en infraestructura, por la circunstancia de que se trata de un contrato que firman concesionante y concesionario, ese contrato solo puede modificarse con otrosí contractuales que deben firmar ambas partes. Es distinto a otros sectores. Si uno está, por ejemplo, en el sector de energía, donde nosotros también estamos, puede que a uno le guste o no la regulación, pero uno no es dueño de ella, alguien más la expide. Aquí, la regulación está soportada en el contrato, y eso da una ventaja o una protección adicional.

Creo que a eso se refería fundamentalmente la Cámara Colombiana de la Infraestructura, porque a pesar de los embates complejos, de los mensajes duros, de los no incrementos de peajes, de las discusiones enormes alrededor de si se debían pagar o no, de las vicisitudes, de los deberes y toda esa clase de cosas, la institucionalidad colombiana y la existencia misma del contrato han permitido mantener una columna vertebral.

Ha funcionado la institucionalidad y, particularmente, ha funcionado el contrato. Ha tenido una suerte de estrés, una prueba de fuego, y la ha superado. Entonces, es un sector en el que uno dice: ‘Bueno, bajo este juego, bajo estas amenazas, bajo este escenario complejo, se ha defendido bien’”.

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Tradicionalmente se usan los peajes como fuente de financiación. El Gobierno habló de valorización, al final eso no se concretó. Frente a esta realidad, ¿cómo ve hoy la financiación de las obras de infraestructura?

“Creo que hay un espacio fiscal reducido. El país tiene que pensar con seriedad en la necesidad de tener una política y una filosofía de peajes más sólida.

Cuando uno mira el impacto fiscal que asumió el Gobierno por las decisiones sobre ajustes de peajes, es enorme, porque finalmente tuvo que meterse la mano en el bolsillo y poner esos recursos desde el erario. Probablemente haya que cambiar la manera en que hacemos las cosas y construir los peajes primero. Si uno hace el gran viaducto y, después de terminarlo, decide montar el peaje, la comunidad seguramente va a decir: ‘No, ya tenemos el viaducto, preferiríamos no tener peaje’. Pero las dos cosas van juntas. Tenemos que aprender que no es posible hacer una sin la otra.

También debemos mejorar los costos en el país. Un problema serio es que, cuando se estructuran las concesiones, el nivel de detalle suele ser bajo. Después hay que resolver una gran cantidad de asuntos sobre la marcha. La resolución de esos ítems contractuales con las distintas agencias del Estado es compleja.

¿Cuáles son las consecuencias de esos problemas en las obras?

“En consecuencia, la duración de las obras se extiende varios años. Esa es, en general, la media del sector. Y, al extenderse, el costo por kilómetro acaba siendo significativamente superior, el costo de los intereses y el riesgo percibido por los bancos se vuelve infinitamente mayor, y hay muchas cosas que podríamos mejorar.

Si tuviéramos mayor certidumbre, menos incertidumbre en temas de licenciamiento, más detalles, más diseños, seguramente tendríamos costos menores por kilómetro, por metro de cable en conexión eléctrica o por metro de perforación en minería o en petróleo y gas. El país debe ser consciente de que, probablemente, está pagando dos veces el costo de las obras por toda esta parafernalia y esta ausencia de coordinación.

También está el tema del licenciamiento social, que se ha convertido en un negocio alrededor de los proyectos. Y otro asunto recurrente es el licenciamiento ambiental, otro freno. A esto me refería, cuando uno va a hacer un proyecto de estos, tiene que asumir que eso le va a suponer uno o dos años de retraso. Y, si asume uno o dos años de retraso, todos los costos de mantenimiento de obra van a ser significativamente superiores.

Habrá mayor incertidumbre en el repago y en que el proyecto salga adelante. Los bancos cobrarán más tasa de interés porque perciben un riesgo mayor y, en general, todo se vuelve más costoso. Entonces, creo que como país vale la pena afrontar la discusión de si tenemos el nivel de riqueza necesario para que no nos importe, frente a nuestra infraestructura precaria, pagar una vez y media o dos veces el costo unitario de cada proyecto como consecuencia de este, diría yo, exceso de garantismo”.

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En medio de esa polémica han surgido casos de regiones como Antioquia, donde los mismos dirigentes les ha tocado meterse la mano al bolsillo para financiar sus vías. ¿Qué tanto impacto esto a la infraestructura?

”Creo que lo que está ocurriendo en general, y es un tema importante para todos, es que estamos descubriendo que, si no hay espacio fiscal para grandes nuevas concesiones viales a nivel nacional, sí existe un espacio interesantísimo en los territorios. Por ejemplo, en Antioquia hay una serie de iniciativas muy interesantes con la ciudad de Medellín. Algo similar ocurre con Bogotá, con Bogotá Región.

Lo mismo está pasando en Cali con su tren de cercanías y en el departamento del Valle. También hay discusiones buenas e interesantes en Barranquilla y en el Atlántico. Esos entes territoriales, que tienen acceso a ciertos auxilios de la Nación pero también una gran capacidad de subrogación, y hoy un poco más de voluntad política frente al marco concesional, cuentan con necesidades importantes de infraestructura y una posición financiera favorable.

Esa combinación es una nueva frontera y seguramente será donde estaremos desarrollando trabajos y concentrando esfuerzos en los próximos años”.

Pasemos al tema de la energía. Ustedes también tienen en este sector una apuesta clave, ahora que hay una discusión sobre renovables, electrificación y la necesidad de aumentar la capacidad eléctrica del país. ¿Cuál será el portafolio de la compañía?

“Nosotros hemos construido en el pasado un portafolio con participación en compañías que tienen algo así como 1,5 GW de energía, fundamentalmente térmica a gas. Hemos construido más, hemos salido, hemos vendido y hemos hecho muchas cosas.

Ahora estamos concentrados en crecer particularmente en fotovoltaicas. Creemos que es un complemento natural de nuestro portafolio. En general, en el mundo la demanda de energía, como consecuencia de la ola asociada a la minería de datos y a la inteligencia artificial, está aumentando. Hoy pesa más la energía usada en datos que la asociada a la balanza industrial.

Esa es una tendencia irreversible. En Colombia está agravada porque no se agrega nueva generación desde hace un buen tiempo. Tenemos retrasos y dificultades tarifarias, particularmente en el norte del país.

Hay una suerte de tormenta perfecta que el país debe mirar con toda velocidad. En particular, el nuevo Gobierno tendrá que concentrarse en eso para evitar un apagón. Esto va a pasar por agilizar todos los temas asociados a licenciamientos. Lo que ha ocurrido en La Guajira con la energía eólica es algo que el país no debería permitirse; eso tiene que cambiar.

Seguramente, el país tendrá que moverse también en el tema de la producción de gas, tan relevante para la canasta energética. En general, habrá que avanzar en muchos frentes si queremos evitar el riesgo de un apagón”.

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Describe una situación que parece adversa, pero, aun así, la compañía le apuesta al sector de la energía. ¿Por qué invertir en este sector?

“Creemos que es importante y que es una inversión socialmente muy responsable. Y aunque hay que tomar ciertas precauciones, por ejemplo, probablemente no sea un buen momento para vender energía en bolsa, porque con la situación de las térmicas y de las comercializadoras de la Costa seguramente habría problemas de cartera de gran magnitud, consideramos que es un sector que va a crecer: en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia.

Hay que intentar superar las dificultades. No hay que dejarse asustar. Hay que seguir trabajando por el país todos los días. Todas las inversiones enfrentan retos derivados de los gobiernos temporales, pero los empresarios están aquí, pretenden seguir aquí y van a seguir haciéndolo. Nosotros estamos cumpliendo 70 años de historia este año. Seguramente cumpliremos 140 en algún momento, y vamos a seguir trabajando”.

Vamos hacia un año electoral en el que se elige Congreso y Presidencia, y en los años electorales la economía se “pausa” a la espera de lo que ocurra. ¿Cómo proyectan el próximo año?

“En el corto plazo, en materia de demanda interna, el año va a seguir siendo bueno. En términos generales, las economías emergentes han sido ganadoras de toda esta guerra tarifaria alrededor del mundo, particularmente las latinoamericanas.

También hay una especie de boom de commodities, distintos al petróleo y gas, que viene generando una dinámica de consumo interno fuerte en estos países. A eso se le suman los cerca de 1.000 o 1.200 millones de dólares mensuales que están entrando en remesas, y no vemos que vaya a haber un freno en la demanda.

En el largo plazo, sí tenemos más preocupaciones, y la situación fiscal está compleja. Este tema del que estamos hablando tiene sus antecedentes y creemos que es una crisis que hay que afrontar con rapidez. Seguramente habrá que achicar el tamaño del Estado, lo cual tendrá algún impacto. También habrá que hacer un ajuste fiscal que deberá asumir el siguiente gobierno.

Aun así, seguimos siendo optimistas. Creemos que este es un gran país y que vamos a seguir trabajando y haciendo negocios. En general, hemos tenido un buen año, esperamos un buen 2026 y somos muy optimistas hacia el futuro. Pensamos menos en la política y nos metemos menos en la política; pensamos más en el negocio, que creemos que es nuestro papel”.