Nuevo revés para el Gobierno Petro: Corte suspende decreto que creaba impuestos al sector eléctrico
El decreto imponía nuevos cobros a las generadoras eléctricas durante la emergencia económica. La Corte lo suspendió mientras analiza su constitucionalidad y el impacto financiero sobre las empresas del sector.
Periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones. Antes en El Tiempo. Premio Camacol (2024) y Asobancaria (2021 y 2024).
La Corte Constitucional suspendió el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la emergencia económica, mediante el cual se creaban nuevos cobros a las empresas generadoras de energía eléctrica.
El alto tribunal indicó que, tras la suspensión de la emergencia económica, el decreto “no producirá efectos”, lo que significa que sus disposiciones no podrán ser ejecutadas ni aplicadas por las autoridades mientras avanza el control constitucional.
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La Corte aclaró que se trata de una decisión temporal, que no constituye aún un pronunciamiento definitivo sobre la validez de la norma, y que estará vigente hasta que la Sala Plena adopte una decisión de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, que declaró la emergencia económica.
La decisión no fue unánime. Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade presentaron salvamento de voto, al apartarse de la determinación mayoritaria adoptada por la Sala.
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¿Qué buscaba el Decreto 0044 de 2026 que suspendió la Corte?
La norma suspendida corresponde al Decreto 0044 de 2026, mediante el cual el Ministerio de Minas y Energía pretendía trasladar recursos desde las empresas generadoras que aún registran niveles de rentabilidad hacia aquellas que enfrentan un grave deterioro financiero.
De acuerdo con el Ministerio, el objetivo central era garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica y evitar la quiebra de empresas en riesgo, entre ellas Air-e, que permanece bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.
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Los cobros que se planteaban al sector eléctrico
El decreto creaba dos nuevas figuras económicas. La primera era una contribución parafiscal del 2,5%, destinada al Fondo Empresarial, que debían pagar las empresas generadoras sobre su utilidad antes de impuestos.
La segunda correspondía a una contraprestación tributaria transitoria en energía para los generadores hidráulicos que participan en el Mercado de Energía Mayorista. Esta consistía en la entrega de un porcentaje de la energía efectivamente vendida en bolsa, destinada a garantizar la continuidad del servicio en empresas intervenidas, a cambio de un descuento en el impuesto de renta.
Reparos del sector y advertencias financieras
Desde el sector generador se había manifestado una “profunda preocupación” por las medidas, al considerar que alteraban de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente.
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Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), aseguró que el decreto “resultaba confiscatorio y presenta serios vicios de ilegalidad”, al comprometer la suficiencia financiera de los agentes generadores y trasladarles la carga de asumir deudas que no les corresponden.
En el caso de las plantas térmicas, agregó, las medidas incrementaban el riesgo sistémico y ponían en peligro la continuidad del servicio de energía en el país.
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Impacto económico y cuentas pendientes
Según Andeg, solo la contribución parafiscal tendría un recaudo estimado cercano a $300.000 millones, lo que representa una afectación directa y desproporcionada sobre las utilidades de las compañías del sector.
El gremio también advirtió que el impacto es especialmente grave si se tiene en cuenta que los generadores —en particular los térmicos— mantienen cuentas por cobrar a Air-e por alrededor de $1,2 billones, a lo que se suman otros $500.000 millones en obligaciones dentro de la cadena eléctrica.
En la práctica, señaló la asociación, el decreto obligaba a los generadores a financiar el pago de deudas que ellos mismos tienen pendientes por cobrar, lo que comprometía la estabilidad financiera del sistema, desincentivaría la inversión y deterioraría la confianza institucional.