La suspensión de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional dejó en el aire las medidas con las que el Gobierno Nacional buscaba recaudar $11,1 billones en 2026 mediante la creación de nuevos impuestos.
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La decisión generó reacciones divididas. Mientras sectores críticos celebraron el fallo, desde el Gobierno y sus aliados se advirtió que la medida abre un escenario de mayor incertidumbre fiscal, al bloquear una fuente de recursos considerada clave para cumplir obligaciones del Estado y contener el encarecimiento de la deuda pública.
En este contexto, Leonardo Pozos, viceministro técnico de Hacienda, alertó sobre las consecuencias que tendría la suspensión de los decretos expedidos bajo la emergencia. Según explicó en una entrevista con Señal Colombia, la pérdida de estos ingresos obligará al Gobierno a realizar fuertes ajustes en el gasto público.
“El Gobierno tiene que priorizar, y eso significa dejar descubiertos muchos derechos y muchas obligaciones”, señaló el funcionario, quien advirtió que la situación podría derivar en un escenario “muy angustiante a nivel nacional”.
Como ejemplo, Pozos mencionó la crisis energética que enfrenta la región Caribe. De acuerdo con el viceministro, cerca de cinco millones de personas en tres departamentos de la costa podrían quedarse sin suministro eléctrico, al perderse las medidas de alivio financiero que estaban contempladas dentro del marco de la emergencia económica.
“Cinco millones de personas, de tres departamentos de la costa, se van a quedar sin energía por cuenta de no tener estas medidas de alivio”, indicó.
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Cabe recordar que este estado de excepción tenía como objetivo aportar ese monto anual para cerrar el faltante de $16 billones con el que el Presupuesto General de 2026 salió del Congreso.
Entre los tributos congelados se encuentran el incremento del IVA a licores y juegos de azar, el nuevo impuesto al patrimonio, la sobretasa al sector financiero y la no deducibilidad de regalías para empresas petroleras y mineras.
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