Junta de Ecopetrol terminó de nuevo sin decisión sobre Ricardo Roa; la USO iría a paro
Este martes, la junta directiva de Ecopetrol deliberó sobre el futuro de Ricardo Roa como presidente de la compañía, pero no tomó una decisión. La USO advierte que convocaría movilización nacional si Roa no sale.
Editor de Economía. Ha trabajado en El Tiempo y Portafolio y cubierto temas macroeconómicos, empresariales y reformas. Premio Analdex 2020. Comunicador Social - Periodista de la Universidad Los Libertadores.
La junta directiva de Ecopetrol sigue sin decidir si Ricardo Roa continúa o no como presidente de la compañía, en medio de sus múltiples escándalos. Al término de este martes, los directivos de la petrolera elevaron la incertidumbre, y al igual que el pasado jueves no hubo determinación alguna luego de más de 10 horas de reunión.
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Por esta razón, Roa se mantiene al frente de la compañía y encabezará este viernes la asamblea de accionistas en medio de las polémicas que tomaron fuerza en los últimos días y del encontronazo del presidente Gustavo Petro con el sindicato de Ecopetrol, que pide la salida de Roa o de lo contrario irá a paro. Por lo pronto, la junta continuará deliberando la situación el próximo lunes 30 de marzo.
¿Fractura interna en la junta directiva de Ecopetrol?
La reanudación de la junta directiva de Ecopetrol este martes, tras una extenuante sesión suspendida el pasado jueves, ocurrió en el momento más crítico para la gobernanza de la compañía. La división interna es evidente: personas cercanas al proceso dijeron a La República que un bloque de seis miembros, integrado por perfiles como Hildebrando Vélez, Alberto Merlano y Ángela María Robledo, se inclinó por desestimar los recientes hallazgos judiciales para ratificar a Ricardo Roa. Este grupo contaría con el respaldo directo del presidente Gustavo Petro, quien calificó las denuncias como una ofensiva basada en “testigos estafadores”.
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Sin embargo, el consenso no es unánime. Miembros como Juan Gonzalo Castaño —quien lideró el informe sobre el Permian— manifestaron una preocupación profunda por las implicaciones de las imputaciones. A esto se sumaron otros dos directores independientes que, según reportes, dejarían constancias administrativas y jurídicas para blindarse ante posibles investigaciones de la Securities and Exchange Commission (SEC), dado que la omisión de riesgos reputacionales en una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York puede acarrear sanciones penales internacionales.
La polémica investigación frenada sobre Ricardo Roa
Uno de los hechos más graves que rodeó esta deliberación fue la revelación de que una investigación externa, diseñada para blindar a la empresa ante reguladores estadounidenses, fue suspendida súbitamente el 3 de febrero de 2025. Según dijo Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de la petrolera, al periodista Daniel Coronell, la orden de frenar el proceso provino unilateralmente de Álvaro Torres Macías, presidente del Comité de Auditoría, quien habría tomado la decisión sin tener la competencia contractual para ello.
El proceso, encargado originalmente a la firma estadounidense Covington & Burling, buscaba documentar hallazgos sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y analizar la situación de Roa. Antes de la suspensión, la firma Miller & Chevalier ya había detectado inconsistencias en las declaraciones del directivo: Roa afirmó primero haber pagado su apartamento de contado, para luego admitir una deuda pendiente con el vendedor. La interrupción del proceso impidió que se revisara la información contenida en los equipos de 14 directivos clave, privando a la junta —y al mercado— de conocer alertas sobre posibles irregularidades en contratos como el de Termomoorichal.
El desplome reputacional de Ecopetrol en cifras
La crisis de liderazgo no es una percepción subjetiva; tiene un reflejo directo en los indicadores de valor de la compañía. La Unión Sindical Obrera (USO) presentó a la junta una carta donde detalla el desplome de Ecopetrol en el ranking de reputación empresarial Merco. Entre 2023 y 2025, la petrolera estatal cayó 15 puestos, pasando de la segunda a la decimoséptima posición. Para el sindicato, esta pérdida de prestigio se traduce en riesgos financieros tangibles: desconfianza de los inversionistas, encarecimiento del crédito y posibles cobros anticipados de deuda por parte de acreedores internacionales.
La Fiscalía General ha alimentado esta desconfianza al imputar a Roa por tráfico de influencias, señalando un presunto beneficio del 34% en la compra de un apartamento de lujo (adquirido por 1.800 millones de pesos cuando su valor comercial era de 2.727 millones). La hipótesis judicial vincula este “descuento” con gestiones para favorecer a empresarios cercanos en proyectos de regasificación de Hocol. Además, el ambiente se ensombrece con las denuncias del constructor Johny Giraldo, quien sostiene haber recibido pagos por 2.000 millones de pesos en efectivo para remodelar dicha propiedad, dinero que supuestamente se entregaba en cajas de cartón.
El ultimátum de la USO en Ecopetrol
La presión desde las bases escaló. A pesar de reconocer ciertos avances laborales en la actual administración, la USO fue enfática: la permanencia de Roa es un riesgo que los trabajadores no están dispuestos a cargar. El sindicato advirtió que, de no producirse el retiro del directivo, convocará a una movilización nacional que podría paralizar un tercio de la operación de la compañía. Con 25.000 de los 87.000 empleados y contratistas representados por este gremio, un cese de actividades en refinerías y campos de producción supondría un golpe devastador para la estabilidad energética del país.
El argumento de los trabajadores es que la junta directiva tiene la obligación legal, bajo la Ley 222 de 1995, de proteger el patrimonio público. Argumentan que mantener a un presidente imputado no solo afecta la ética corporativa, sino que expone a los propios miembros de la junta a investigaciones judiciales si se prueba que su inacción permitió un daño patrimonial.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de X que “la USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y su organización convertida en empresa de tercerización y el uribismo que se juntan ahora para lo mismo”.
La USO respondió a Petro que “no es una empresa de tercerización”. Y agregó: “no es la derecha la que genera la actual crisis, son personas que pertenecieron a esta administración que denunciaron hechos que investigan las autoridades, negar lo evidente no es correcto, no es ético y objetivo”.
Con el proceso por la presunta violación de topes en la campaña presidencial de 2022 en el horizonte cercano, el tiempo para una decisión que equilibre la política con la responsabilidad financiera parece haberse agotado.
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