Petro y Fico se enfrentan por tarifas de energía y damnificados, ¿quién tiene la razón?
Cruce entre Petro y Fico escala por tarifas de energía, EPM y fórmula CREG, mientras Gobierno rechaza ayuda internacional para damnificados.
Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.
La controversia comenzó por la decisión de la Cancillería de rechazar ayuda humanitaria internacional ofrecida por Estados Unidos para atender a los damnificados por las lluvias en el país.
El Gobierno sostuvo que puede manejar la emergencia con recursos propios y que solo acudirá a cooperación externa si la atención se ve desbordada. Ese hecho detonó un cruce político que terminó trasladándose al debate estructural sobre las tarifas de energía.
En la red social X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, escribió: “Absurdo. Un gobierno nacional que rechaza ayuda internacional para los damnificados en Córdoba. Les gusta ver sufrir a la gente. Indigna. Ya nada sorprende”.
La respuesta del presidente Gustavo Petro cambió el eje del debate hacia el mercado eléctrico. Señaló que si EPM hubiera ajustado sus tarifas a la fórmula propuesta por el Gobierno y la CREG, hoy las tarifas para la población antioqueña y del país “serían la mitad”, y que también se habría reducido el riesgo sobre el Bajo Cauca y La Mojana.
A su vez, afirmó que hubo “miserabilidad” al permitir que las tarifas subieran a precio de gas cuando los embalses estaban llenos, lo que calificó como “especular”.
Por eso, le solicitó a EPM adherirse a la nueva fórmula tarifaria de la CREG para que las tarifas se ajusten a los costos de generación y evitar damnificados por mantener embalses llenos en vez de producir energía limpia.
Además, advirtió sobre dos riesgos en Hidroituango: uno sísmico y otro asociado a la crisis climática.
¿Quién fija las tarifas de energía en Colombia?
Expertos consultados por este medio precisan que las tarifas no las fija un alcalde a discreción. Están regidas por las Leyes 142 y 143 de 1994.
Por ejemplo, si una empresa como EPM vendiera energía por debajo del costo de oportunidad o por fuera de las reglas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pondría en riesgo su capacidad de inversión y mantenimiento. A largo plazo, advierten, eso puede traducirse en apagones.
Además, los artículos 334 y 370 de la Constitución establecen que los servicios públicos están bajo inspección, vigilancia y control del Estado, que debe intervenir para garantizar acceso, eficiencia y equidad, e impedir abusos tarifarios, especialmente contra los hogares de menores ingresos.
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La Comisión de Regulación de Energía y Gas es la entidad encargada de diseñar las metodologías tarifarias. Según la Ley 142, las empresas no fijan libremente los precios, solo pueden cobrar lo que resulte de las fórmulas aprobadas por la Comisión.
En ese orden, la Superintendencia de Servicios Públicos vigila que se apliquen correctamente.
El precio final que paga un hogar corresponde al Costo Unitario (CU), que integra seis componentes: generación (G), transmisión (T), distribución (D), comercialización (C), pérdidas reconocidas (PR) y restricciones del sistema (R). Esa fórmula rige para el mercado regulado, es decir, usuarios residenciales y pequeños comercios.
Según la CREG, el mercado se divide en regulado, consumos menores a 55.000 kWh/mes; y no regulado, grandes industrias que negocian libremente precios.
Por ejemplo, en 2024, el segmento regulado representó más del 71% de la demanda nacional. Es decir, cualquier cambio metodológico impacta directamente a la mayoría de hogares y pequeñas empresas.
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Cabe recordar que, en 2025, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG aprobaron una nueva regulación para el componente de comercialización, vigente desde 2014, que exige mayor trazabilidad de costos y reportes contables más detallados. El objetivo es mejorar eficiencia, transparencia y competencia, con la expectativa de aliviar tarifas.
Hidroituango, energía firme y seguridad del sistema eléctrico
En su réplica, Gutiérrez respondió que en Colombia las tarifas no las fija un alcalde ni una empresa de manera arbitraria, sino una regulación nacional definida por la CREG para todo el país.
Defendió que Hidroituango aportará cerca del 17% de la energía firme nacional y ha sido clave para evitar racionamientos, incluso en momentos críticos como el fenómeno de El Niño. “Eso es seguridad energética para millones de colombianos”, afirmó.
Sostuvo además que hablar de “especulación” desconoce cómo funciona el mercado eléctrico, donde influyen hidrología, demanda, contratos, regulación y condiciones climáticas.
No es, dijo, una decisión discrecional de una gerencia. Cerró invitando al presidente a concentrarse en la atención de los damnificados en Córdoba y Urabá.
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EPM y la fórmula de la CREG: precios en bolsa, penalizaciones y riesgo de desabastecimiento
Al debate se sumó Empresas Públicas de Medellín (EPM) que, a través de un pronunciamiento formal, aclaró situaciones sobre la volatilidad de los precios en bolsa y la fórmula propuesta por el Gobierno y la CREG.
Primero, señaló que este año el precio de la energía en bolsa ha estado cerca de mínimos históricos, alrededor de $100 por kilovatio/hora. “La fórmula gubernamental se activa cuando el precio supera los $327 por kWh. Por tanto, hoy no tendría efecto”.
Segundo, explicó que la fórmula plantea que el precio de referencia para cumplir obligaciones de energía firme de plantas renovables y a carbón sea $327 por kWh y no el precio de escasez asociado a El Niño para todas las tecnologías, incluidas las que usan gas importado y combustibles líquidos.
“Eso generaría penalizaciones económicas para plantas con precio de referencia de $327 kWh”.
Tercero, advirtió que esas penalizaciones desincentivan la inversión en nuevos proyectos de generación, al aumentar el riesgo sobre los ingresos esperados. “En un sistema que debe expandirse para atender demanda creciente, ese desincentivo eleva el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas de hidrología”.
Cuarto, explicó que no se acogió a la fórmula porque la obligaba a ir en contra del planeamiento energético del sistema, que permite administrar embalses para evitar apagones cuando llegue El Niño.
Quinto, indicó que la CREG publicó para comentarios el proyecto de Resolución 701 118, actualmente en análisis, y que la decisión se tomará en función de la confiabilidad energética y la responsabilidad empresarial.