Gobierno sacó nuevo borrador que propone desindexar la vivienda VIS del mínimo
En este nuevo borrador se propone que el valor de la vivienda de interés social y prioritario quede congelado en pesos desde la firma de la promesa de compraventa. Le contamos acá.
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El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Vivienda, publicó un nuevo borrador de decreto que busca desindexar el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en Colombia.
La propuesta establece queestas viviendas ya no se venderán en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), sino en pesos colombianos, y que el valor quedará congelado desde el momento en que el comprador separe el inmueble o firme la promesa de compraventa.
La medida impacta directamente a miles de hogares que buscan comprar vivienda VIS o VIP, especialmente en un contexto de aumentos consecutivos del salario mínimo que han encarecido automáticamente el precio de estos inmuebles año tras año.
Además, busca ponerle un freno a los incrementos abruptos que se dieron tras el aumento del salario mínimo del 23,7%, cuando miles de familias que ya estaban vinculadas a proyectos VIS se enteraron de que debían aportar hasta $49 millones adicionales para no perder su cupo.
Contexto del primer borrador: Gobierno propone desindexar la vivienda VIS del salario mínimo y fijar tope en todas las ciudades
¿Qué cambia en la vivienda VIS y VIP con el nuevo borrador?
El proyecto de decreto —“Por el cual se modifican y adicionan algunas disposiciones del Título 9 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2025 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”— establece que el valor máximo de la VIS será de hasta 135 salarios mínimos y el de la VIP de hasta 90 salarios mínimos, excepto en San Andrés.
Sin embargo, la novedad central no está en los topes, que se mantienen en línea con lo que ya se venía manejando, sino en la forma de calcular el precio final para el comprador.
El borrador señala que el precio se expresará en pesos y que ese valor quedará definido desde el momento en que el hogar “separe o firme promesa de compraventa”, evitando que futuros aumentos del salario mínimo impacten el costo pactado inicialmente.
En otras palabras, si una familia separa su vivienda en 2026, el precio acordado no subiría automáticamente en 2027 por efecto de un nuevo aumento del salario mínimo.
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El contexto: salario mínimo y presión sobre la VIS
Tradicionalmente, la VIS y la VIP se han definido en función del salario mínimo. Esto significa que cuando el Gobierno decreta un aumento del SMMLV cada año, el precio máximo de estas viviendas también sube.
En un escenario de incrementos significativos del salario mínimo, esta dinámica ha generado presión sobre los hogares que están en proceso de compra, especialmente aquellos que tardan varios meses en cerrar su crédito o completar el cierre financiero.
Con el nuevo esquema, el Gobierno busca dar mayor certeza a los compradores y reducir el riesgo de que el valor final se desborde frente a la capacidad de pago del hogar.
Soporte jurídico del decreto
En el apartado de “Considerando”, el borrador recuerda que el artículo 51 de la Constitución reconoce el derecho de todos los colombianos a una vivienda digna y asigna al Estado la responsabilidad de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
Asimismo, cita el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, que define la Vivienda de Interés Social como aquella destinada a garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos y establece que el Gobierno nacional determinará el tipo y precio máximo de estas soluciones habitacionales.
El documento también hace referencia al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), subrayando la obligación del Estado de adoptar medidas para garantizar la realización efectiva del derecho a la vivienda adecuada.
De aprobarse en firme, el decreto podría tener efectos tanto en la demanda como en la oferta. Para los compradores, representaría mayor estabilidad en la planeación financiera. Para los constructores, implicaría ajustar la estructuración de proyectos y la forma de presentar precios al mercado.
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