Junta de Ecopetrol respalda Ricardo Roa, pese a imputación de la Fiscalía por tráfico de influencias
La Fiscalía imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunto tráfico de influencias en un contrato energético vinculado a negocios privados.
Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público.
La diligencia se realizó ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, dentro de una indagación que adelanta el ente acusador contra el directivo de la petrolera estatal.
Cabe aclarar que la imputación de cargos es un acto formal de comunicación dentro del proceso penal que vincula oficialmente al investigado a la causa judicial y le informa los hechos investigados y sus posibles consecuencias jurídicas. Sin embargo, este paso no equivale a una condena ni a una decisión de fondo y mantiene intacta la presunción de inocencia que asiste al directivo.
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Ecopetrol y su Junta Directiva se pronuncian
Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, Ecopetrol informó en un counicado que su Junta Directiva respeta la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso del presidente de la compañía.
En una sesión universal adelantada el mismo día, el máximo órgano de gobierno corporativo señaló que continuará actuando conforme a su deber fiduciario, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 222 de 1995, la Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno de la empresa.
Según la compañía, la Junta aplicará el protocolo institucional para evaluar este tipo de situaciones, lo que implica una revisión rigurosa, objetiva y documentada del caso.
El órgano directivo también indicó que ha recibido información completa y oportuna por parte de la administración y que el proceso está acompañado por firmas de consultoría especializadas a nivel nacional e internacional.
Evaluación del impacto en la empresa y los inversionistas
La Junta Directiva anunció que “continuará realizando un seguimiento detallado de la información financiera y del impacto potencial del caso sobre la compañía”.
El objetivo es evaluar si la situación judicial del presidente puede afectar el valor de las acciones de Ecopetrol, la confianza de los inversionistas y la gobernanza corporativa.
En ese proceso, la Junta deliberará para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad de Roa en el cargo con las obligaciones regulatorias de la empresa.
Según el comunicado, el compromiso del órgano directivo es “garantizar la confianza de los inversionistas y de los grupos de interés”, así como asegurar la sostenibilidad financiera y los estándares de gobernanza de la petrolera.
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El caso judicial detrás de la imputación
La imputación contra Roa está relacionada con un supuesto intento de influir en la asignación de un contrato energético.
Según la Fiscalía, el presidente de Ecopetrol habría presionado a Luis Enrique Rojas, quien en ese momento dirigía Hocol, para que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG fuera asignado a una empresa vinculada al empresario Juan Guillermo Mancera.
El proyecto energético buscaba desarrollar infraestructura relacionada con el suministro de gas natural y regasificación en el país. De acuerdo con la investigación, Mancera tendría cercanía con Roa, lo que generó sospechas sobre un posible conflicto de intereses en la asignación del contrato.
El negocio del apartamento que originó la investigación
El elemento central del caso judicial es una negociación inmobiliaria entre Roa y Mancera que, según la Fiscalía, podría explicar el supuesto interés del funcionario en favorecer al empresario.
La operación se relaciona con la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá. De acuerdo con el expediente, Roa adquirió el inmueble por $1.800 millones, aunque el valor comercial estimado del apartamento era de $2.727 millones.
Esto significa que el precio pactado estuvo cerca de 34% por debajo del valor de mercado, lo que para los investigadores constituye un posible beneficio indebido.
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La transferencia del inmueble quedó registrada mediante escritura pública el 7 de diciembre de 2022. En ese documento se dejó constancia de que el vendedor había recibido el pago total del apartamento.
Sin embargo, según la Fiscalía, los pagos no se realizaron en ese momento, sino posteriormente, entre enero de 2023 y marzo de 2024.
De acuerdo con la investigación, los recursos para la compra del inmueble fueron transferidos a la empresa Priscenton International, que era la propietaria del apartamento. Las consignaciones se realizaron a través de Innova Mercadeo.
Según los investigadores, Mancera no solo actuó como intermediario en la negociación, sino que además garantizó que el inmueble se pagara en cuotas y sin intereses.
Para la Fiscalía, ese negocio privado podría haber creado un interés personal de Roa en favorecer al empresario en decisiones relacionadas con el proyecto energético que se analizaba dentro de Hocol.