La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntamente haber intervenido de manera indebida para favorecer a un empresario cercano en un proyecto energético relacionado con la subsidiaria Hocol.
De acuerdo con el ente acusador, Roa, quien asistió puntual a la diligencia, habría ejercido influencia sobre Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, para que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG fuera asignado a una empresa vinculada al empresario Juan Guillermo Mancera. Según la Fiscalía, esta actuación habría vulnerado los principios de transparencia y objetividad que deben regir la función pública.
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La investigación señala que Roa tenía un interés personal en favorecer a Mancera, pues previamente ambos habían realizado una negociación comercial por la compra de un apartamento en Bogotá. El inmueble, ubicado en el apartamento 901 del edificio Entre Parques, fue adquirido por Roa por $1.800 millones, pese a que su valor comercial era de $2.727 millones, lo que representaría una diferencia cercana al 34 % por debajo del precio de mercado.
Según la imputación, en esa operación Mancera actuó además como intermediario y garante del pago del inmueble en cuotas y sin intereses. La propiedad fue transferida mediante escritura pública el 7 de diciembre de 2022, documento en el que se dejó constancia de que el vendedor recibió el valor total. Sin embargo, la Fiscalía indicó que los pagos se realizaron posteriormente, entre enero de 2023 y marzo de 2024, a través de la empresa Innova Mercadeo, vinculada a Mancera, que consignó los recursos a Priscenton International, propietaria del apartamento.
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Para el ente investigador, el presunto beneficio obtenido en esa transacción habría motivado a Roa a impartir instrucciones para favorecer a Mancera dentro del proceso relacionado con el proyecto de regasificación que se analizaba en Hocol, subsidiaria de Ecopetrol encargada de la exploración y producción de hidrocarburos y operadora del contrato de asociación Guajira.
En la imputación se señaló que la instrucción habría sido dirigida a Luis Enrique Rojas, quien se desempeñó como presidente de Hocol entre el 29 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, cuando presentó su renuncia a petición de Roa.
En caso de ser hallado culpable, Roa se expone a una pena de prisión entre 64 y 144 meses, además de multas entre 133 y 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En desarrollo.
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