Ricardo Roa se sumó este miércoles al cada vez más largo listado de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro que enfrentan procesos judiciales. A diferencia de otros petristas, el presidente de Ecopetrol sí acudió personalmente a la diligencia. La Fiscalía tardó menos de una hora en leer la imputación en su contra por el delito detráfico de influencias, y con la misma brevedad Roa se declaró inocente. Sin embargo, el caso detrás de esa corta audiencia es bastante más amplio.
La imputación está relacionada con un supuesto intento de influir en la asignación de un contrato energético. Según la Fiscalía, Roa habría presionado a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, para que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG quedara en manos de una empresa vinculada al empresario Juan Guillermo Mancera, cercano al directivo de Ecopetrol.
De acuerdo con la investigación, detrás de esa gestión habría existido un interés personal. La Fiscalía sostiene que Roa compró un apartamento por debajo del valor de mercado en una operación en la que Mancera actuó como intermediario y garante del pago en cuotas y sin intereses. Para los investigadores, ese beneficio previo sería la razón por la que el presidente de Ecopetrol habría intentado favorecer al empresario con un negocio relacionado con el proyecto energético que se analizaba dentro de Hocol.
De acuerdo con la Fiscalía, Roa y Mancera hicieron un negocio para la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá.
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El punto clave es el precio. Mientras el valor comercial del inmueble estaba calculado en $2.727 millones, Roa terminó comprándolo por $1.800 millones.
En términos simples, el apartamento se vendió muy por debajo de su precio real. La diferencia fue de aproximadamente $927 millones, lo que equivale a un descuento cercano al 34% frente al valor de mercado.
Durante la audiencia de imputación, el abogado defensor de Roa pidió al juez no avalar la imputación presentada por la Fiscalía. El jurista argumentó que la acusación no explicó de manera concreta cómo las actuaciones atribuidas al funcionario habrían puesto en riesgo la administración pública.
“Los hechos que hoy nos delimite la Fiscalía rigen para todo el proceso, por tal razón le solicito su Señoría, que aprovechando las facultades usted pueda llegar a sugerirle a la Fiscalía General, en caso tal, realizar las revalorizaciones; o, en su defecto me parecería lo más correcto, no le imparta legalidad a la audiencia de imputación por existir unos vacíos conceptuales importantes”, explicó el abogado.
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Según la defensa, aunque el tráfico de influencias es un delito de mera conducta, eso no significa que el peligro sea automático o abstracto. A su juicio, la Fiscalía debió demostrar cómo las decisiones atribuidas a Roa generaron una posible afectación real al interés público, algo que, según afirmó, no quedó claro durante la imputación.
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Por esa razón, solicitó al juez realizar “al menos un control formal de los hechos”, es decir, verificar si la imputación cumplía con los requisitos mínimos exigidos para que el proceso pudiera avanzar.
Tras un breve receso, el juez rechazó la petición de la defensa y decidió continuar con la diligencia. Una vez Roa reiteró que no aceptaba los cargos, la audiencia de imputación se dio por terminada. Con ese paso, la Fiscalía tiene ahora 30 días para radicar el escrito de acusación, es decir, decidir si llama a juicio al funcionario.
El presidente de Ecopetrol, además, enfrenta otro frente judicial. Para el 12 de marzo está programada una nueva audiencia en la que la Fiscalía le imputará cargos relacionados con presuntos sobrecostos en la campaña Petro Presidente 2022, de la cual Roa fue gerente.
En ese proceso deberá responder por el presunto delito de violación de topes electorales, un hecho por el cual ya fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral.
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