El alcalde de Guarne, Luis Eduardo Ochoa Londoño, su esposa, su abogado asesor y el que es considerado como el mayor contratista del municipio, compraron por 244 millones de pesos 129.881 metros cuadrados de tierra en dos veredas de ese municipio del Oriente antioqueño. Gracias a unos 4.700 millones de pesos de recursos nacionales y municipales destinados por el mandatario a rieles, pavimentos e iluminación de vías, que también valorizan esos predios, el precio de ese globo de tierra puede superar hoy los 12.000 millones de pesos.
Así lo denuncian cinco ciudadanos de esa localidad, a quienes el mandatario dice conocer y con los cuales, según afirmó, no ha tenido líos políticos ni personales. Ellos son, su primo tercero, Rodrigo Ochoa Espinosa, rival en la pasada campaña a la Alcaldía; John Jairo Gil Ospina, administrador del acueducto la Hondita-Hojas Anchas, casado con una prima segunda del mandatario; Fabián de Jesús Pérez López, líder comunal y candidato al Concejo; y los concejales Diego Arias y Ricardo Restrepo.
Ellos explican que la historia data de 2014, cuando en las veredas San José y La Hondita comenzaron a comprar tierras el alcalde, su esposa, Miryam Marleny Hincapié Castrillón, subcontadora General de la Nación; Hernán de Jesús Ruiz Sánchez, a quien apodan “Rambo” y del que afirman es el mayor contratista de Guarne; y el abogado Hernán Alonso Salazar García, quien, como él mismo lo reconoce, asesora jurídicamente al alcalde y también a “Rambo”.
En documentos entregados a este diario por los denunciantes -y que en entrevista personal en el Hotel Poblado Plaza se pusieron a disposición del alcalde y de su asesor legal- consta que Luis Eduardo Ochoa Londoño reportó en 2013 ingresos a la Dian por 92,7 millones de pesos, un patrimonio de 57,2 millones y en su declaración de Renta tuvo un saldo a favor de 4,8 millones (Documento 1). En enero de 2014 adquirió en Medellín, por 232,9 millones de pesos, el apartamento 302 del edificio Estadio Señorial, con matrícula inmobiliaria 001-1128062. (Documento 2)
Así mismo, mediante compras sucesivas de derechos desde febrero de 2015, se hizo con 77 millones de pesos a un lote de 33.881 metros cuadrados en la vereda San José, identificado con la matrícula inmobiliaria 020-31813. (Documento 3)
Su esposa, Miryam Marleny Hincapié Castrillón, declaró en 2013 ingresos por 128,8 millones y un patrimonio líquido de 15,4 millones de pesos. (Documento 4) Según la escritura 5536 del 10 de mayo de 2013, compró por 236 millones de pesos el apartamento 201 del mismo edificio en que lo hizo su marido. (Documento 5) Posteriormente, en enero de 2014 adquirió por 56,2 millones un lote de 2 hectáreas en la vereda La Honda, con matrícula 020-29877. (Documento 6) En septiembre de ese mismo año compró otro lote en esa vereda, por 24 millones de pesos; tiene 9.600 metros cuadrados y su matrícula es la 020-42859. (Documento 7)
El abogado Hernán Alonso Salazar García declaró en 2013 ingresos netos por 251 millones, costos y deducciones por 181,5 millones, un patrimonio líquido de 89,7 millones y su saldo a pagar en impuestos fue de 2,3 millones. (8) En noviembre de 2014 compró en la vereda San José un lote de 6 hectáreas con 1.200 metros aproximadamente, por 87 millones de pesos. Lo hizo en sociedad con Kelly Johanna Ruiz Gutiérrez, hija de “Rambo”. (Documento 9)
Mejoras con plata pública
Los denunciantes sostienen que después de asegurar esas propiedades, el alcalde metió dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) inversiones en vías e iluminación que no estaban en el Plan de Desarrollo, pero que sí favorecían la valorización de esos predios rurales. Según los concejales, “desconocíamos esas transacciones al momento de aprobar en mayo de 2015 el PBOT, que incluye obras cuya ejecución fue definida como inmediata”. (Documento 10)
Así, añaden los denunciantes, la pavimentación de la vía La Hondita-Tres Bocas se inició sin avisar, sin socializar la obra con una comunidad que está más interesada, por ejemplo, en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. ¿Pavimentar primero, para luego tener que romper la vía?, se preguntan los líderes comunales, que dejaron constancia por escrito de esa inquietud. El hecho es que Ingetierras ya está pavimentando 1.093 metros, por valor de 1.020 millones de pesos. La obra, dicen, beneficia directamente la propiedad del abogado del alcalde y de “Rambo”.
Los líderes comunales afirman que los lugareños beneficiados son pocos, porque la gente, presionada por la valorización de la tierra, ha ido vendiendo. A lo sumo son 40 o 50 viviendas de personas nativas, que ahora verán un aumento de los impuestos y los servicios públicos.
Esa vía, precisan, se unirá con la financiada por el Departamento de la Prosperidad Social (DPS). Esta es la otra punta de lo que se puede llamar un anillo vial, pues arranca en el kilómetro cero, de la vía al aeropuerto de Rionegro, y se prolonga en una longitud de 2.846 metros cuadrados. Allí se invertirán 1.821 millones 851.986 pesos.
En los cálculos de los denunciantes, esta vía conectará con unos rieles de 100 metros de longitud que están a la entrada de la finca del alcalde y que, según los concejales, costó 486 millones de pesos. Al constatar la extensión de los rieles, Ricardo Restrepo no oculta su sorpresa, pues, anota, él y sus vecinos de la Honda hicieron casi 1.000 metros con 150 millones de pesos y lo único que les faltaron fueron las cunetas.
Los denunciantes afirman que la vía del DPS la gestionó el representante a la Cámara Juan Felipe Lemos Uribe (a quien el Concejo condecoró con La Penca de Oro) y que beneficiará, de manera directa, los lotes del alcalde Ochoa Londoño y de su esposa.
A la lista de obras públicas que, en su sentir, valorizan los predios del mandatario y sus allegados, los denunciantes añaden los rieles y cunetas que se están terminando en la vereda San José, sectores Bellorín y la Torre. Tienen un kilómetro, costaron 900 millones de pesos y, sostiene el concejal Restrepo, subirán vía adiciones hasta donde termina el lote de la esposa del alcalde.
Si a lo anterior se agregan del orden de 500 millones de pesos en iluminación, se llega a unos 4.700 millones de inversión pública que impacta de manera positiva, reiteran los denunciantes, en la valorización de los predios particulares del grupo que lidera el alcalde.
Beneficio para todos
Consultado sobre esa denuncia, el alcalde de Guarne reconoce que sí obtiene beneficios, pero precisa que no es solo para él y sus allegados, sino para toda la comunidad.
Ni el mandatario ni su abogado refutaron la extensión de los predios adquiridos por él y sus allegados ni el monto invertido por ellos. Y, a manera de gran contexto, Ochoa Londoño afirma que esas obras hay que verlas a la luz de su plan de Desarrollo, en el que se propende, entre otras cosas, por la promoción de las rutas turísticas y la rehabilitación de las vías urbanas.
En ese orden de ideas, las vías pavimentadas, los rieles construidos y la iluminación, servirían al propósito de conectar con la región de los silleteros, el Alto de la Virgen, Piedras Blancas y el Parque Arví. (Documento 11)
Al observar el mapa elaborado por los denunciantes, precisa que la pavimentación en la vereda La Hondita no llega hasta el lote de su abogado y de “Rambo”, sino hasta unos 300 metros más abajo y anuncia que si resultan recursos de otro nivel, la llevaría hasta el punto Tres Bocas.
De la vía financiada por el DPS indica que llegará unos 300 metros abajo de su propiedad y de la de su esposa e insiste en que la pavimentación proyectada hace parte de un anillo vial de la vereda que atiende la empresa Coopeguarne.
A Ochoa Londoño le preocupa el tema, por la afectación de su buen nombre y de su gestión, pero concluye que las inversiones no benefician únicamente al alcalde, sino el interés colectivo y a una comunidad que demanda la realización de obras. De las ejecutadas en San José recuerda que esa propiedad era de sus padres y que allí, sobre todo, “todavía están mis recuerdos y sentimientos”.
