Los 16 kilómetros que conforman el perímetro urbano de Ituango, en el Norte antioqueño, se volvieron una especie de prisión para el alcalde de este municipio, Edwin Mauricio Mira, quien por el temor de ser asesinado no puede salir de allí ni para las veredas ni mucho menos para cumplir sus funciones en Medellín. Aseguró que no cuenta con el refuerzo policial necesario para poder movilizarse.
El mandatario aseguró que no puede ir a Medellín a cumplir los trámites propios de sus funciones, ni participar en reuniones con la Gobernación porque teme que los integrantes de los frentes 18 y 36 de las Farc atenten contra su vida en cualquiera de los desplazamientos, teniendo en cuenta que es considerado como “objetivo militar”.
“Desde que se conocieron las amenazas no he podido salir del municipio, eso hace ya 15 días. De hecho, andar con el escolta en el carro personal, por ahí en carretera, es más peligroso porque de pronto hasta por hacerle un atentado a él o por quitarle el arma, también queda uno ahí en la mitad del fuego”, manifestó.
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Aseguró que si bien cuenta con el escolta, expresó que esto no es suficiente y requiere un vehículo blindado para poder resistir cualquier embestida por parte de las estructuras delincuenciales que tienen en vilo al municipio que gobierna. “La Sijín me designó un policía para que me acompañe acá, en el casco urbano del municipio. Pero para poderme desplazar a Medellín estamos a la espera del préstamo un vehículo blindado para poder garantizar seguridad, porque es lo más vulnerable que uno está”, indicó.
Ante este panorama, Mira aseguró que siente que el Palacio Municipal es ese fortín en el cual puede maniobrar en caso de que se presente cualquier ataque en su contra, lo que no sucedería en cualquier otro lugar en los 194 kilómetros que conectan al municipio con Medellín, zonas que tienen tramos complejos, principalmente el paso por Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia y Yarumal.
“Uno está bastante vulnerable cuando requiere movilizarse. Al menos uno en el municipio puede moverse y ocultarse en caso de cualquier inconveniente. Además, la Policía está acá y hay muy poco riesgo”, aseguró.
Esta situación se presenta en medio de una oleada de violencia que viene cercando a este municipio, pero que se viene intensificando con la presencia de las disidencias y el Clan del Golfo.
Esta situación conllevó a que en los días recientes los delincuentes asesinaran a dos líderes sociales. El pasado 6 de julio mataron a Ludis Ester Jaramillo García, quien abanderaba las causas de los habitantes de la vereda El Capote; y a César Tapias, uno de los principales líderes de la vereda Quebrada del Medio. A esto se le suma la confrontación registrada la semana pasada en los alrededores de los campamentos de Hidroituango, hechos que cobraron las vidas de los soldados Luis Alberto Cárdenas Guzmán y Yeferson Andrés García Marulanda, además de uno de los insurgentes.
Cierres de negocios
Pero si la situación del alcalde es compleja, la de sus habitantes, principalmente, quienes tienen fincas y negocios en la zona rural, no es nada alentadora por cuenta de las presiones de los grupos criminales.
En varias veredas, los comerciantes han tenido que cerrar porque, al atender a todo el que solicite sus productos, terminan siendo víctimas de señalamientos de los criminales del grupo contrario. De hecho, en días pasados asesinaron a dos personas por este tipo de represalias. “Como el campesino no diferencia entre uno y otro de esos grupos, entonces cualquiera va y les compra y entonces el otro grupo toma represalias, obligándolos a cerrar sus negocios o abandonar sus fincas”, señaló el alcalde, asegurando que las zonas más afectadas son La Granja y el Cañón del Inglés.
Hay un temor en las autoridades de este municipio porque se incrementen los casos de desplazamiento en las fincas con el inicio de la cosecha cafetera que también se ve en esta localidad. “Ya se viene la cosecha de café, el campesino vive muy estresado porque están haciéndole reclamaciones de dineros y obviamente no tienen, entonces les toca cerrar el negocio o dejar la finca porque no tienen con qué pagar las extorsiones”, afirmó.
Por ahora, el alcalde Mira, está en la lucha para defender los intereses de los 20.100 habitantes de este municipio, quienes al igual que él están sitiados por la sanguinaria lucha de las disidencias y el Clan del Golfo.
