David Pérez Arias, uno de los líderes juveniles que participó de las manifestaciones ciudadanas del paro nacional en Medellín, abandonó la ciudad para proteger su vida, luego de tres meses de vivir entre el miedo y la incertidumbre.
Tras ser víctima de seguimientos en la calle y una cadena continua de panfletos, mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas con música fúnebre, Pérez denunció que, pese a haber tocado la puerta de varias instituciones del nivel municipal y nacional en busca de ayuda, la única solución fue tomar un vuelo sin tiquete de regreso.
Aunque el papel de Pérez se centró en liderar eventos como conversatorios, acciones simbólicas y mesas de trabajo, según se lee en los panfletos amenazantes, este líder juvenil es acusado de terrorista por sujetos que dicen ser de grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las Águilas Negras y el Comité Anticomunista de Antioquia.
Protección en vilo
Según reconstruye Pérez, todo comenzó en junio pasado, cuando luego de más de tres años de trabajar como activista en organizaciones como No Matarás, Lunes de Ciudad, El Derecho a No Obedecer y la Alianza Pa’ Dónde Vamos, se vio por primera vez envuelto en una situación de este tipo. El día 4 de ese mes, su nombre apareció junto al de otros tres profesores y 12 estudiantes de Eafit, en un panfleto firmado por las AGC, que sería el primero de muchos.
Aunque durante los primeros meses los hostigamientos no pasaron de intimidaciones escritas y verbales, Pérez advierte que todo cambió el 31 de agosto, cuando fue abordado por una pareja de hombres motorizados en la avenida El Poblado, que lo empujaron contra el piso y lo golpearon, obligándolo a entregar su computador portátil y su celular. Para las autoridades policiales, el ataque habría sido planeado para robar información.
“Las autoridades han estado muy reacias a generar acciones coordinadas”, denuncia Pérez, añadiendo que aún no ha recibido respuesta frente a la viabilidad de tener algún apoyo por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Existen otros acompañamientos, como el jurídico. Hemos intentado que se active desde junio, lo hemos solicitado ya 3 veces, y todavía no se ha activado”, dice, asegurando que, además de la UNP, otras dependencias de la Alcaldía e instituciones del orden nacional como la Policía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han sido lentas en su respuesta hacia él y sus compañeros.
Piden acciones
Claudia Restrepo Montoya, rectora de Eafit, reiteró a comienzos de septiembre pasado su llamado a las autoridades para que se investiguen esas intimidaciones y se garantice la seguridad de los estudiantes, docentes y demás ciudadanos mencionados en esas amenazas.
“Me llena de tristeza saber que unos pocos, declarándose custodios del orden de la Universidad y de la sociedad, amenazan a los que piensan distinto. Quien así lo hace está poniendo en evidencia su deplorable comprensión de la democracia, de la educación y de las ideas”, expresó Restrepo a través de una carta abierta, en donde insistió en el rechazo de la institución a esas intimidaciones.
Por su parte, el abogado Mauricio Urquijo, integrante del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia, opinó que uno de los problemas de fondo que explicarían la lentitud del Estado para proteger a los jóvenes amenazados es que las protestas ciudadanas realizadas en el marco del paro nacional han sido vistas como un problema de seguridad y no como un proceso democrático.
“Se ha criminalizado la protesta social”, asegura Urquijo, planteando que, con ese enfoque, las amenazas a los líderes juveniles han pasado a un segundo plano y la activación del aparato institucional para perseguir a los grupos detrás de esas amenazas ha sido insuficiente. “Hay un sesgo, una guerra política”, agrega.
Entidades responden
Frente a este panorama, Alejandro Matta Herrera, secretario de la Juventud de Medellín, señaló que desde el nivel municipal la Alcaldía contempla varias rutas de atención, como un sistema de protección encabezado por la Secretaría de Inclusión Social y un sistema de alertas tempranas coordinado por la oficina que él encabeza.
Según explica, a parte de los estudiantes universitarios y activistas, hay reportes de estudiantes de bachillerato que también han recibido intimidaciones. Pese a que solo en el caso de Eafit las cuentas apuntan a 12 estudiantes en riesgo, tan solo tres jóvenes reciben acompañamiento en la actualidad.
“A todas las amenazas, en contra de cualquier ciudadano se les da un tratamiento de mucho rigor”, dijo Matta.
EL COLOMBIANO se puso en contacto con la Unidad Nacional de Protección, consultando qué diagnóstico tenía sobre esas amenazas y cómo avanzaban las solicitudes de protección por parte de varios estudiantes. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición esa entidad no se había pronunciado.
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estudiantes y profesores de la Universidad Eafit son víctimas de amenazas desde junio.
