Las gobernaciones de Meta, Antioquia y Tolima fueron calificadas como las más transparentes del país, de acuerdo con el Índice de Gobierno Abierto (IGA) revelado este jueves por la Procuraduría General de la Nación.
Los resultados que hablan sobre el periodo de tiempo entre 2010 y 2013, destacan con un puntaje de 91.8 la gobernación de Alan Jara, en el Meta, por la eficiencia y eficacia en el uso de recursos, así como el fortalecimiento de los mecanismos de cara al ciudadano como la rendición de cuentas, el nivel de implementación del modelo estándar de control interno, el cumplimiento de la Ley de archivos y la actualización de la información sobre la contratación.
De acuerdo con el informe, las gobernaciones de Antioquia (87,6), Tolima (87,6), Nariño (85,4), Norte de Santander (82.3) y Quindío (81,9) no están lejos del resultado de Meta, pues se han destacado en otros aspectos como en contratación, los sistemas de gestión administrativa y Gobierno en Línea, entre otros.
Otras gobernaciones tuvieron puntajes intermedios como Risaralda (71,2), Bolívar (70,9), Magdalena (68,4), Valle del Cauca (67,2) y Caldas (62,8).
De acuerdo con el Procurador Delegado, Carlos Augusto Mesa, quien es el director del IGA, las gobernaciones con más problemas son Vaupés, Guaviare, Amazonas, Vichada, Chocó, Cesar y La Guajira.
En cuanto a Alcaldías, el primer lugar lo ocupa El Retiro (Antioquia), con un resultado de 91 puntos, de 100; seguida de Envigado y Rionegro, también en ese departamento; Castilla La Nueva, en Meta; e Itagüí.
Entre las que tienen los últimos lugares hay cuatro alcaldías del Magdalena (Guamal, Ariguaní, Pueblo Viejo y Remolino), dos alcaldías de Córdoba (Los Córdobas y Ayapel), dos alcaldías de Antioquia (Murindó y Nechí), así como las alcaldías de Altos del Rosario en Bolívar y de Sipí en el Chocó.
Alerta por contrataciones
Por otro lado, la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia alertaron sobre el alto nivel de contratación que se están realizando los entes territoriales de manera directa con fundaciones, corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro.
“Esto, si bien podría no ser ilegal, si contraria el principio general de la contratación pública que debe buscar la libre concurrencia de oferentes y la participación de muchos posibles contratistas que compitan en franca lid, buscando reducir los costos por el Estado”, señaló el Secretario de Transparencia, Camilo Enciso.
Según los hallazgos de ambas entidades, esta modalidad está representado entre el 50 y el 60 por ciento de la contratación lo que estaría poniendo en riesgo entre 8 y 10 billones de pesos.
La contratación directa se está presentando, además, de forma frecuente por parte de Hospitales para medicamentos e insumos.
El procurador Mesa señaló que se enviará un informe detallado a cada ente territorial y hasta a los candidatos a fin que se acabe la ilusión que de la contratación pública se pueden apropiar dineros: “que se olviden, esas épocas de fiesta se acabaron”.
