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Santos, comprometido en tareas para disminuir homicidios en Medellín

El enfrentamiento entre bandas delincuenciales y otros fenómenos de violencia urbana fueron analizados ayer con el presidente Santos.

  • El presidente Santos reunió al Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, el alcalde Federico Gutiérrez, el gobernador Luis Pérez y los altos mandos militares y de policía. FOTO esteban vanegas
    El presidente Santos reunió al Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, el alcalde Federico Gutiérrez, el gobernador Luis Pérez y los altos mandos militares y de policía. FOTO esteban vanegas
27 de julio de 2016
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Que el respaldo del Gobierno Nacional a la seguridad de Medellín y Antioquia se concrete en hechos es la expectativa que le quedó al alcalde Federico Gutiérrez luego de reunirse con el presidente Juan Manuel Santos. Ante los gobernantes locales y altos mandos militares, el primer mandatario ratificó ayer su interés en controlar la violencia en la ciudad.

“Lo importante es que todos esos compromisos se cumplan. Necesitamos policía judicial, acciones concretas y operatividad de la fuerza pública, que los procesos dentro de la Fiscalía avancen”, señaló el alcalde Gutiérrez al término del consejo de seguridad celebrado en la Cuarta Brigada del Ejército.

“Estoy poniendo el pecho en todo lo que me corresponde como alcalde y en lo personal. Lo que necesitamos es que a estas estructuras criminales se les combata fuerte y que sigamos llegando a los territorios con inversión social”, agregó el mandatario.

En el encuentro entre autoridades se tocó el tema de la tecnología como apoyo para el control de la delincuencia y la constitución de grupos especiales de la fuerza pública para combatir cada uno de los delitos que más afectan por estos días a la ciudadanía.

El alcalde Gutiérrez propuso que se permita capacitar personal civil para reforzar el monitoreo del sistema de cámaras de seguridad. En su concepto, la lucha contra los delitos no se trata solo de instalar más cámaras, si no se puede garantizar el personal de vigilancia necesario para atender la información.

Preocupan los homicidios

“No nos satisface que en la ciudad de Medellín se hayan incrementado los homicidios”, señaló el presidente Juan Manuel Santos y reconoció que los índices todavía están por debajo del promedio nacional.

Para el mandatario, como han expuesto las autoridades locales, una parte importante de las muertes violentas tiene que ver con disputas entre bandas criminales. Subrayó que se deben concentrar esfuerzos en disminuir los índices de homicidio en la ciudad, cuando han cedido para el contexto del Valle de Aburrá y de Antioquia.

En materia de hurtos, Santos señaló el robo de motos como tema pendiente. Ha disminuido el robo de vehículos.

En cuanto al uso de la tecnología, el presidente anunció que se reunirán las cinco ciudades que mejores resultados han obtenido de la implementación de sistemas de cámaras de vigilancia para intercambiar experiencias y unificar criterios sobre el apoyo tecnológico para la seguridad.

Territorios sin ley

Otra preocupación expresó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, la de cómo llevar presencia institucional a zonas del departamento de donde está saliendo la guerrilla de las Farc.

“Las Farc se están movilizando a lugares de concentración y están abandonado territorios que han gobernado durante 20 o 30 años. Esos territorios, paradójicamente, han quedado sin quién aplique orden y justicia”, aseguró.

El mandatario seccional reveló que durante el consejo de seguridad se decidió que tan pronto como los guerrilleros de las Farc salgan de esos territorios donde la institucionalidad no se ve representada, se nombrarán inspectores de policía y se enviarán entre 15 y 20 uniformados para establecer una estación policial.

Como responsable de la seguridad en el departamento, el gobernador Pérez reclamó poder conocer mediante un documento, qué personas de diversas entidades, cumplirán labores de verificación en las que serán zonas de concentración y cuál será el papel que cumplirán durante el periodo de 180 días establecido como parte de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla.

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