Las palabras de María Camila Montes, a quien ya habían sancionado al menos 10 veces por talar árboles para comercializar madera en el municipio de San Luis, calaron tan hondo en Carlos Mario Zuluaga, que aún hoy las recuerda: “¿Por qué mejor no me matan de una vez?, nos preguntó, y entendimos que muchos campesinos hallaban en esa actividad el sustento para sus familias”.
En otra ocasión ocurrida hace siete años en Sonsón, recordó, la hija de Aldemar Orozco, con apenas 10 años, le tiró piedras al camión en el que la corporación ambiental Cornare se llevó 10 bultos de carbón decomisados y les gritó: “Ustedes son malos, con eso mi papá me iba a comprar los cuadernos”.
De anécdotas como estas fue de donde surgió en 2013 el programa BanCO2, un esquema de pago por servicios ambientales, del cual Zuluaga fue artífice como exdirector de la entidad, que empezó beneficiando a 110 familias en el Oriente antioqueño, pero que hoy ya alcanza las 20.000 en Colombia e impacta cerca de 200.000 hectáreas, en las que los campesinos cuidan los bosques a cambio de una remuneración.
Es precisamente esta estrategia la que resultó atractiva para el Ministerio de Ambiente de Perú y la Universidad Católica Sede Sapientiae, que firmaron un convenio para implementarla en el norte amazónico del vecino país, una zona con una fuerte problemática de deforestación. El plan inicial es llegar a 1.200 familias (en su mayoría cacaoteras y cafeteras) y convertirlas en protectoras de 15.000 hectáreas de selva.
Del Oriente para el mundo
Jaime Andrés García es el director ejecutivo de la corporación Más Bosques, que opera BanCO2 en Colombia. Reveló que entre 2015 y 2016 participaron en eventos académicos en Perú y así se fue gestando la exportación del programa.
En este caso específico se logró ganar una convocatoria que permitirá la financiación del pago por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual destinará cerca de un millón y medio de dólares para remunerar a las familias del Amazonas peruano.
“Como Más Bosques acompañaremos el proceso de estructuración y desarrollo, para que ellos puedan implementar las plataformas, la metodología, la caracterización de los beneficiados y su bancarización para hacerles el pago”, explicó García.
La pandemia de la covid-19, subrayó, ha frenado un poco el cronograma. Sin este inconveniente la corporación ya estaría en el extranjero y solo espera la evolución de la situación para volar. Eso sí, manifestó, el proyecto no tiene reversa y el convenio fue firmado hasta 2022.
María Mercedes Medina, representante de la Universidad Católica Sede Sapientiae, reveló que el nombre del programa será Compensación Digital para la Conservación en Perú y resaltó que tendrá un fuerte enfoque de género, pues serán las mujeres quienes administren los recursos.
“Para nosotros es un orgullo que el programa pueda trascender el contexto nacional. Recuerdo que delegados peruanos se reunieron con nosotros, conocieron el proyecto y se fueron enamorados”, expresó Javier Parra, director de Cornare.
Agregó que hace dos meses también sostuvieron conversaciones con representantes del gobierno de Inglaterra, pero la pandemia estancó todo. De igual forma, Suecia y España han manifestado interés en este esquema de pago por servicios ambientales.
Expansión local
En Colombia ya son 27 corporaciones ambientales las que adaptaron BanCO2 a sus territorios. Incluso hace tres años el programa incursionó en el ecosistema subacuático al llegar a San Andrés Islas, donde el enfoque es pagarles a los pescadores para que protejan los corales marinos.
En Antioquia, indicó García, son 10.100 familias las que se ven beneficiadas. Estas, a su vez, impactan en la protección de casi 45.000 hectáreas, incluso dentro del Valle de Aburrá. Solo en la jurisdicción de Cornare, donde germinó el programa, Parra reveló que hay 2.394 campesinos en 26 municipios que hacen parte de BanCO2 y cuidan 31.000 hectáreas.
“La idea ahora no es sumar más familias en el Oriente, porque la idea es poder sostener el pago de quienes ya hacen parte, en lo cual destinamos cerca de $8.000 millones anuales”, explicó.
Las familias que entran al programa, a la vez que se comprometen a cuidar el bosque, reorientan sus actividades apoyadas por Cornare, quien impulsa actividades agrícolas como la producción de lácteos, de mieles, de frutas como la jagua, o de emprendimientos turísticos aprovechando la riqueza natural.
Zuluaga resumió así la esencia del esquema: “Estábamos perdiendo la pelea, pero entendimos el error de exigirles la protección forestal aún a costa de que pasaran hambre. Ese giro permitió mejorar la calidad de vida de los campesinos y eso también se traduce en ecosistemas mejor preservados”.
