A ocho presos en Bellavista y por lo menos a cuatro más en Itagüí se les diagnosticó tuberculosis. Esta situación tiene en alerta al Inpec y a la Secretaría de Salud de Antioquia y motivó además que la Defensoría del Pueblo lanzara un SOS sobre el preocupante panorama que ronda la salud de las personas privadas de la libertad en las cárceles de Antioquia.
Imelda López, directora regional del Inpec, confirmó que existen algunos internos con tuberculosis y agregó que con la Secretaría de Salud de Antioquia se están adelantando todos los protocolos de seguridad para evitar que se propague esta enfermedad en dos de los penales más importantes del departamento.
Al hecho se suman las difíciles condiciones de hacinamiento que representan un riesgo mayor para este tipo enfermedad, que se transmite de persona a persona a través del aire con solo toser, escupir o estornudar con el agravante que la cárcel de Itagüí recién esta semana volvió a contar con auxiliares de enfermería suministradas por Caprecom pero siguen a la espera de por lo menos un médico profesional.
Este jueves la cifra de personas con tuberculosis en la cárcel de Itagüí podría aumentar dado que se conocerán los resultados de las pruebas que se les realizaron a todos los internos del pabellón 4 que fue donde más se dio el brote.
Defensoría lanzó SOS
La Defensoría del Pueblo, por su parte, alertó sobre el preocupante panorama que ronda la salud de las personas privadas de la libertad en las cárceles de Antioquia, ante la suspensión de los servicios de atención en 19 establecimientos de ese departamento.
La situación, que comenzó el pasado 27 de julio debido a la no renovación de los contratos suscritos con el personal médico, pone en riesgo a la población carcelaria, si se tiene en cuenta la posibilidad de una propagación de tuberculosis en por lo menos dos establecimientos.
La Defensoría viene documentando desde hace 8 meses una sensible desmejora en la asistencia a los reclusos en el departamento de Antioquia. En junio del año pasado, por ejemplo, se advirtió cómo de los 19 establecimientos, sólo 7 contaban con personal médico, circunstancia que llevó a la entidad a instaurar una acción de tutela para restablecer los derechos de las personas privadas de la libertad.
El 11 de marzo, el defensor Jorge Armando Otálora, emitió una Resolución Defensorial, exigiendo a las entidades responsables dar cumplimiento a lo previsto en la legislación, a fin de garantizar la atención en salud de los internos. Sin embargo, durante visitas de inspección posteriores, la entidad ha evidenciado casos lamentables como el de una persona que ingresó por herida de proyectil en una de sus piernas, sin que le hayan hecho curaciones ni se haya retirado el implante 4 años después de realizado el procedimiento.
Por lo anterior, además del incidente de desacato que interpondrá la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, la Defensoría del Pueblo puso el tema en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía, para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se establezcan las sanciones a que haya lugar.
