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Combo en el nororiente de Medellín cobraba entre $5.000 y $7.000 por el servicio de acueducto

Se trata de un grupo identificado como “El Pinar”, que opera en el norte de Medellín y el sur de Bello.

  • Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión, entre otros. FOTO: CORTESÍA FISCALÍA
    Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión, entre otros. FOTO: CORTESÍA FISCALÍA
31 de enero de 2023
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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a siete presuntos integrantes de un grupo delincuencial que tenían azotados a los habitantes del nororiente de Medellín, en la comuna 1, y el sur del municipio de Bello.

Según señaló la Fiscalía General de la Nación en un comunicado de prensa, la agrupación, identificada como “El Pinar” es señalada de cometer extorsiones, vender drogas ilegales y obligar a decenas de habitantes a abandonar sus casas bajo amenaza.

A través de sus investigaciones, las autoridades encontraron denuncias de múltiples habitantes que señalaron a ese grupo de cobrar entre $ 5.000 y $ 7.000 para permitirles acceder al servicio de agua potable.

El control territorial del grupo, añadió la Fiscalía, habría llegado a tal punto en que incluso exigía entre $1 y $4 millones a los comerciantes para autorizar el funcionamiento de sus negocios y la distribución de sus productos. También impartían justicia exigiendo pagos para resolver conflictos y problemas de convivencia.

Para los habitantes que se rehusaban a entregar el dinero, la única alternativa era abandonar sus casas.

“Muchas víctimas denunciaron y aseguraron que, en medio de amenazas de muerte, fueron obligadas a abandonar sus viviendas por no entregar los dineros que solicitaba ‘El Pinar’”, reseñó el ente acusador.

El proceso para dar con los capturados se hizo a través de 26 allanamientos simultáneos en varios puntos de la ciudad. Dentro de los nueve capturados, las autoridades identificaron dos presuntos cabecillas.

“En 26 diligencias de allanamiento y registro fueron capturados los señalados cabecillas de la red delincuencial, identificados como Yurdey Yesid Molina Zabala, alias Yurdey; y Ricardo Antonio Vargas Palacio, alias Richard. Asimismo, fueron detenidos otros presuntos integrantes, ellos son: Mario Enrique Márquez Gómez, alias Mario; Francisco Antonio Borja Suaza, alias Toño; Jonathan Hernán Muñoz Osorio, alias Jonathan; Roque Luis Molina Zabala, alias Roque; y Jorge Luis Múnera Rave, alias El Tigre”, detalló la Fiscalía.

Los sospechosos son procesados por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, entre otros.

Una zona crítica

Tal como lo registró este diario en febrero de 2022, la zona de influencia atribuida a este grupo delincuencial se ha convertido en uno de los puntos en donde más se ha recrudecido la violencia en el Norte del Valle de Aburrá recientemente.

El 22 de febrero de 2022, las autoridades y la fuerza pública estuvieron en máxima alerta luego de que varios grupos armados en ese territorio sostuvieran una confrontación que duró más de seis horas y causó zozobra ente la comunidad.

A través de varios videos que circularon en redes sociales, quedó captada una prolongada balacera que atemorizó a los habitantes locales y recordó los momentos más críticos de la historia del conflicto urbano en Medellín.

Según se conoció entonces, los dos grupos enfrentados estaban identificados como “Los de la Torre” y “El Pinar”, que se presumía habían roto una tregua de varios años luego de una fractura.

Luego de ese tiroteo, la Policía se vio obligada a redoblar su pie de fuerza en el sector mientras se estabilizaba la situación de seguridad.

En 2009, ese mismo territorio sufrió una crisis de seguridad, cuando se registró una masacre que cobró la vida de seis personas el 7 de abril.

En enero de 2019, las autoridades ya habían reportado un golpe similar a las bandas de “La Avanzada” y “El Pinar”, reseñando su práctica de cobrar por el servicio de acueducto a los ciudadanos. En aquel momento se efectuaron 28 allanamientos y se reportó la incautación de $31 millones. Más de cuatro años después, esta práctica parece negarse a desaparecer.

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