Uno de los casos más conocidos y antiguos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de Colombia será estudiado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para determinar si el Estado incurrió en fallas al no garantizar las medidas para que la familia de la víctima accediera a verdad y justicia.
Se trata del expediente de Luis Fernando Lalinde, un joven estudiante de sociología, militante del Partido Comunista e integrante del Ejército Popular de Liberación (EPL), quien fue desaparecido en 1984, poco antes de que pudiera graduarse de su carrera.
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Lalinde fue detenido por militares, el 3 de octubre de 1984, en una vereda de Jardín, en el Suroeste de Antioquia. Dicha detención fue calificada como arbitraria, las autoridades no dieron razón de las causas de la misma y el estudiante estuvo desaparecido durante varios años sin que la familia supiera nada de su paradero.
Esto llevó a que su madre Fabiola Lalinde emprendiera la reconocida lucha para encontrar a su hijo, cuyos restos logró recuperar casi 13 años después de la desaparición en manos del Ejército.
En 1988, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo en el que se declaró la responsabilidad del Estado en el hecho y le recomendó llevar a cabo “una exhaustiva investigación sobre los hechos denunciados, a fin de identificar a los responsables y someterlos a la justicia, (...) y adoptar las medidas necesarias para impedir que hechos de tal gravedad puedan volver a ocurrir”.
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Esa fue la primera condena por desaparición forzada contra el Estado colombiano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, en 1999, la Comisión Colombia de Juristas (CCJ) presentó ante la CIDH una nueva solicitud, al considerar que había más responsabilidad del Estado “por no garantizar el acceso de los familiares de Luis Fernando Lalinde a un recurso adecuado y efectivo que permitiera investigar, juzgar y sancionar a los culpables de su detención y homicidio”.
