La “Historia de una infamia”, como la familia Arismendy Díaz bautizó el daño que le causó el municipio de Concepción y un contratista es uno de los capítulos más insólitos en la extensa lista de conflictos alrededor de los bienes patrimoniales en Colombia.
A la saga de sucesos desencadenados por las graves faltas que cometieron la alcaldía y el contratista, podría sumársele una pena de cárcel para el alcalde y un enorme riesgo de quiebra para el municipio si la administración local sigue dilatando el pago de una millonaria deuda que quedó en firme y a la que le está haciendo el quite desde hace seis años.
Esta historia comenzó el miércoles 23 de noviembre de 2008, cuando el entonces alcalde de Concepción, José Luis Correa, y José Raúl Moreno, representante legal de la Fundación Tierra Viva, firmaron el acta de inicio del proyecto de renovación urbana para reparar las cubiertas de 120 casas constituidas como patrimoniales por la Resolución 1617 de 1999 que declaró como Centro Histórico a La Concha, como se conoce al bello municipio del Oriente.
Se haría con recursos de la Empresa de Vivienda VIVA, a través de subsidios gestionados por la alcaldía, mientras que las familias beneficiadas pondrían el 30% de los costos de la restauración.
No era una intervención cualquiera; las características de los inmuebles exigían que los diseños, técnicas de construcción y materiales respetaran unos rigurosos valores arquitectónicos. Y, sobre todo, solo era posible ejecutarla si obtenían los permisos del Ministerio de Cultura.
Tierra Viva y el municipio se comprometieron a cumplir estas exigencias a cabalidad. Pero, al contrario, infringieron todas las normas posibles.
La decisión en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia que falló en 2016 a favor de los Arismendy Díaz y 19 familias detalla los estragos que causó Tierra Viva con la participación de la misma alcaldía. Pero para llegar hasta este punto de la historia hay que devolverse unos pasos.
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A la solicitud que le envió el municipio para intervenir las 120 casas, el Ministerio de Cultura le respondió mediante la Resolución 1457 de 2010 que solo le autorizaba restaurar 19 inmuebles. Pero la administración municipal hizo caso omiso y dio luz verde para Tierra Viva intervenir más casas.
El pleito que surgió después se centra particularmente en dos inmuebles: el de los Arismendy Díaz y el de sus vecinos Jesús Arnoldo Castaño Gallo y Uriel de Jesús Castaño Cárdenas, enormes casonas ubicadas en pleno parque de La Concha.
Jaime Arismendy dice que cuando les propusieron hacer parte del proyecto creyeron que a la casa de su madre, donde se criaron, le había llegado la hora de recuperar todo su brillo patrimonial.
La casa se construyó en los primeros años de Concepción, fundado en 1771. Fue hogar de Luciano Jaramillo, arquitecto de los templos de Santo Domingo, el viejo Peñol, la Basílica Menor de San Pedro de los Milagros y el templo de Concepción.
También habitó la casa Joaquín López Agudelo, padre de Rubén de Jesús López, beatificado por Juan Pablo II en 1992.
Jaime dice que confiaron plenamente en la intervención porque el municipio y Tierra Viva les aseguraron que tenían todos los permisos del Ministerio en regla y nunca se les pasó por la cabeza que la propia alcaldía mintiera con algo tan delicado.
Sus vecinos también le abrieron la puerta a Tierra Viva, pero a diferencia de los Arismendy, los Castaño Cárdenas tenían pleno conocimiento de la infracción que se estaba fraguando al recibir una licencia de construcción y restauración que violaba el régimen de bienes de interés cultural de la Nación y pasaba por alto todos los requisitos de licencias urbanísticas.
Su intención era construir un segundo piso, y para hacerlo alteraron el muro colindante con la casa de los Arismendy. Tierra Viva modificó la altura de la edificación, agregándole 65 toneladas de tierra pisada a la estructura, sin justificación alguna. Reemplazaron maderas antiguas, finas y recuperables por madera barata; desmontaron el cielo raso, arruinaron puertas y pisos, y con todo esta intervención ilegal y antitécnica, la arquitectura de este caserón bicentenario quedó destruida y declarada inhabitable por riesgo sísmico.
Antes de marcharse, Tierra Viva dejó su rastro en cubiertas mal reparadas en decenas de casas.
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El extenso pleito jurídico de los Arizmendy Díaz por el perjuicio que sufrieron comenzó en 2012 y según Guillermo, hermano de Jaime, pudo haber llegado a su fin con un acuerdo en el que la familia pidió a la alcaldía, presidida en ese entonces por Gustavo Alonso López, el pago de $10 millones, una conciliación que más que esa exigua suma buscaba, dice Guillermo, un acto de desagravio por parte de la administración.
Pero afirma que López, ante el Concejo, le aseguró que el municipio no pagaría ni un peso y que la ley lo ampararía. Asevera Guillermo que esto consta en actas de la corporación.
Así que el proceso siguió su curso y el 29 de octubre de 2014, el Juzgado Administrativo del Circuito de Medellín declaró que el municipio de Concepción, Tierra Viva, el exalcalde José Raúl Moreno, Viva y los Castaño Cárdenas violaron el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
El Juzgado ordenó al municipio elaborar un plan de mejoramiento de las 19 casas y, en particular, devolver la casa de los Arismendy a su estado original. Determinó además que el costo de esta intervención debía correr por partes iguales entre Tierra Viva, Uriel Castaño y el municipio.
El 27 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia dejó en firme la sentencia.
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El alcalde dice que el lío que tiene encima es “un muerto que le dejó otro”, señalando que fue su antecesor, Henry Alberto Puerta, el que se pasó cuatro años eludiendo el cumplimiento del fallo.
Paradójicamente, el alcalde actual es el mismo que Guillermo señala que no quiso conciliar el pleito años atrás.
Ahora, en su segundo periodo, Gustavo López dice que está entre la espada y la pared, pues aunque reconoce como justos los reclamos de la familia y sabe que tiene que pagar la deuda asegura que no tiene cómo hacerlo sin poner en riesgo el futuro del municipio.
El alcalde sostiene que ninguna de las opciones que han puesto los Arismendy sobre la mesa son viables. Dice que no es posible solicitar un empréstito para pagar una sentencia judicial. Asegura que intentó vender un lote del municipio que terminó avaluado por $136 millones, un precio injusto –según él– por lo que suspendió la venta.
Entonces hace cuentas y explica que el municipio no alcanza a recaudar $600 millones al año y que a duras penas lo que entra alcanza para pagar los honorarios del Concejo, el sueldo de los 13 funcionarios de la alcaldía y los servicios públicos.
El problema es que la cuenta de lo que deben pagar para arreglar todos los inmuebles ronda los $5.000 millones, solo la restauración de la casa de los Arismendy asciende a los $2.000 millones.
“Si nos obligan a pagar toda la deuda en este momento me toca cerrar el municipio y acogernos a la Ley de Quiebra”, dice, y sostiene que ha hecho todo lo posible para cumplir con la sentencia y que está adelantando todos los permisos con Mincultura para intervenir las casas y no dar más pasos en falso.
Insiste, además, en que le ha propuesto a la familia varios caminos y que todos los avances constan en el comité de verificación del fallo. Les propuso, por ejemplo, contratar una experta patóloga que elabora un diagnóstico más preciso de las adecuaciones que requiere la casa.
Lo que concluye el alcalde de todo este embrollo es que no será su administración la única que cargue con el peso de la deuda sino también los alcaldes próximos. Y se aferra al principio jurídico que reza que nadie está obligado a lo imposible.
No obstante, los Arismendy refutan todas las afirmaciones del alcalde. Guillermo señala, en primer lugar, que la ley de garantías no aplica para el cumplimiento de sentencias. Un argumento menos para el alcalde –apunta– junto con la diatriba de la quiebra del pueblo, pues el fallo es claro al ordenar que, en caso de ser necesario, el municipio debe sufragar los gastos y luego cobrarles a los demás responsables. Apunta que, en cualquier caso, el alcalde sí tiene inmuebles para enajenar y opciones de crédito para bancario para saldar la deuda.
En cuanto a la propuesta de un nuevo estudio, Jaime dice que es otro artilugio para seguir dilatando el cumplimiento de la sentencia y que el fallo incluye los conceptos técnicos suficientes para que empiece la restauración.
De todos modos al alcalde no le queda mucho margen de maniobra. La justicia ya le impuso una multa de $20 millones por desacato y hay otro incidente de desacato en camino que podría mandarlo a la cárcel seis meses.
El municipio está pagando una multa de $135 millones que le impuso Mincultura por haber permitido la intervención ilegal de las casas patrimoniales. Deuda que pagan de a $3 millones mensuales, teniendo como prenda de pago la bella sede donde converge toda la actividad cultural del municipio y que podría quedar en manos de Mincultura si incumplen con el pago.
De Tierra Viva se ha ido diluyendo el rastro. Su último proyecto reportado data de 2017 y el alcalde dice que no tienen noticias de ellos desde hace varios años.
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En medio de todo este lío, el papel del Ministerio de Cultura ha sido de indiferencia absoluta.
Como parte del fallo, el Tribunal le ordenó crear el Plan Especial de Manejo de Protección del Centro Histórico de Concepción, lo cual –según el alcalde– el Ministerio cumplió con una especie de copia y pegue del PEMP de otras partes del país. El director de Patrimonio, Alberto Escovar, se escuda asegurando que a Mincultura no le compete solución alguna sobre estos inmuebles porque pertenecen a privados.
Sin embargo, en la práctica la ley 1185 de 2008 le permite a Mincultura decidir sobre los inmuebles privados, dilatando trámites y permisos para que los dueños puedan intervenir sus casas, generalmente en grave riesgo estructural.
En medio del pleito que libran, el rechazo al manejo que le da el Estado a los bienes patrimoniales une a los Arismendy y al alcalde López.
“La declaración de bienes de interés cultural es una asquerosa expropiación del Estado”, dice Guillermo, y cuenta que ya propietarios de Abejorral y otros municipios donde sus casas patrimoniales están convirtiéndose en ruinas, lo han buscado para adelantar procesos jurídico y sentar una jurisprudencia sólida que le dé un giro a esta problemática.
El alcalde López dice este caso debería servir para que el país se ponga serio y entienda que no es posible que desde Mincultura sigan jugando a la burocracia mientras propietarios y municipios continúan encartados con bienes declarados patrimoniales .
