Con una serie de medidas que incluyen la demanda de la licencia urbanística ante curaduría Segunda de Medellín, los habitantes de Santa María de Los Ángeles se opondrán a la llegada del 123, la Sipol de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad al edificio Mónaco.
Así quedó claro en la reunión en la parroquia de Santa María de los Ángeles, en la que insistieron en sus preocupaciones y develaron su estrategia para impedir la llegada de los organismos de seguridad al barrio.
Y no es una lucha sin razón. William Freydell Manzi, miembro de la Junta Directiva de Corpoblado y habitante del sector, recuerda muy bien los atentados que ha sufrido la edificación. El primero, con el que el Cartel de Cali intentó golpear a la familia de Pablo Escobar, y el segundo, cuando era sede de la Fiscalía en la ciudad.
Además del riesgo de posibles atentados contra estos organismos de seguridad, los habitantes tienen otros temores. Uno de ellos es la congestión vehicular, como consecuencia del cierre de las vías, y el incremento en los carros y motos que circulan por las calles del barrio.
Fuera de esto, temen la llegada de vendedores ambulantes, como ya se presenta en otras zonas de El Poblado.
En opinión de Freydell, el uso que le quiere dar la Administración municipal al edificio, además de afectar la seguridad de los habitantes, depreciaría las propiedades entre un 20 y un 50 % y violaría los usos del suelo aprobados para el barrio en diciembre de 2014 por el Plan de Ordenamiento Territorial.
¿Viola el POT?
Pablo Emilio Arango, que asesora a los vecinos de Santa María de Los Ángeles, trabajó en la revisión del nuevo POT.
Para él, la norma exige que los equipamientos metropolitanos estén en zonas de fácil acceso y “con una serie de condiciones que definitivamente esta propuesta no contempla”.
Así como no se puede poner una clínica de tercer nivel ni una universidad en el barrio, tampoco podría hacerse lo mismo con una entidad de seguridad. En este sentido, el Mónaco se puede utilizar para equipaciones institucionales, pero de orden barrial.
Explicó que en estos momentos hay una transición entre el plan anterior y el que fue aprobado. En el nuevo POT, “se da la necesidad de que los desarrollos en esta zona, así como en el resto de la ciudad, se hagan a través de macroproyectos, planes parciales y unidades de actuación urbanística, condiciones que definitivamente no se están dando”.
Uno de esos requisitos es un estudio de seguridad, imprescindible para instalaciones de este tipo en la ciudad, explicó.
Por ello, el traslado de estas instituciones al Mónaco “implicaría por parte de la Administración municipal el incumplimiento de condiciones que quedaron especificadas en el POT”, dijo Arango.
La batalla en la curaduría
A través de Corpoblado, un buen número de habitantes del barrio entregó poderes a un par de abogados para que se apropien del proceso de solicitud de licencia urbanística.
Claudia Hincapié, una de las apoderadas, explicó que ya se hicieron parte en el proceso que actualmente se adelanta en la Curaduría Urbana Segunda de Medellín.
Fue así como se enteraron de que el edificio no ha cambiado su uso desde 1982. Además, se supo que a esta solicitud le fue incorporada un concepto del Departamento de Planeación Municipal con el que se le da el visto bueno al proyecto.
En ese concepto, aunque le abriría las puertas del Mónaco a la propuesta de la Alcaldía, no es vinculante ni obliga a la curaduría a dar la licencia. Hincapié aseguró que la Policía Nacional radicó la solicitud de licencia “sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales”.
No fueron radicados planos arquitectónicos, estructurales ni licencias anteriores. Para Hincapié, los documentos aportados consisten en unos planos que no tienen las características mínimas para aprobar la licencia.
Con estos argumentos, los vecinos pretenden frenar la llegada de las instituciones de seguridad. Lo hacen con la seguridad que les da haberles ganado una batalla similar en la Corte Constitucional a la Fiscalía General de la Nación.
