Golpeada por un sol sofocante y con su espalda doblada por el esfuerzo, una mujer sostiene un barril metálico con una pesada mezcla de cemento. A su alrededor, un grupo de niños mueve con ímpetu palas y materiales, que van dando forma a una casa sostenida por endebles tablas y palos.
Plasmada en un gran mural, la escena es un recordatorio del sudor y el sacrificio que hace más de tres décadas significó para los habitantes del barrio El Progreso N.° 2, ubicado debajo del cerro El Picacho, levantar con sus propias manos la sede de un centro comunitario que dio forma a lo que hoy es la Corporación Picacho Con Futuro, esfuerzo que está en riesgo por una decisión de la Alcaldía.
Aunque por muchas décadas en ese rincón del noroccidente de Medellín la ausencia del Estado ha sido una constante, desde el pasado viernes el nuevo problema pareciera ser su presencia, o al menos se desprende de una serie de decisiones tomadas por la Alcaldía de Medellín que tienen a esa corporación en la peor crisis de su historia.
Aquel día, por correo electrónico, llegó una solicitud de desalojo de su sede, redactada por la Secretaría de Participación Ciudadana. La razón, un contrato de comodato firmado el 23 de agosto de 2017 que les permitía estar asentados en ese terreno (legalmente del distrito), pero que venció el pasado 23 de julio y no ha sido renovado.
Ana Teresa Ocampo Gutiérrez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Progreso N.° 2, una de las siete organizaciones que conforman la corporación, advierte que la situación es inédita. Tras habitar aquel recinto desde 1987, por primera vez una la Alcaldía se rehusa a permitirles permanecer allí, pese a que las paredes que lo sostienen fueron construidas por la misma comunidad.
En el caso de Ana Teresa, quien también fungió como directora entre 2014 y 2018, el lugar fue un oasis al que llegó en 1997, como una mujer vulnerable, con su bachillerato incompleto y víctima de violencia intrafamiliar, y del que salió como una licenciada en educación, con un emprendimiento propio.
“Yo estuve a punto de dejar la universidad, pero los líderes de acá siempre me apoyaron y me hicieron sentir que yo era capaz. Todo eso me ayudó a ir saliendo adelante”, cuenta Ocampo, resaltando que historias como la suya son comunes en la mayoría de voluntarios.
Y es que además de ser un importante punto de encuentro para los habitantes de la zona, la corporación se convirtió en un bastión para combatir la pobreza, la violencia, la drogadicción, las barreras para acceder a la educación, entre otros.
Tal como reseña la misma corporación, dentro de las líneas que a lo largo de los años han consolidado están las de impulsar la formación de los jóvenes, cultivar su interés por involucrarse en lo público, dar alternativas a los niños para que aprovechen su tiempo libre y salgan del círculo de la violencia, fortalecer a las organizaciones sociales del territorio, entre otros.
El café de la discordia
Pese a todo este legado, Adrián Stivens Delgado Cuartas, actual director de Picacho con Futuro, reseña que desde 2020 las relaciones con la Alcaldía han sido complicadas. Sin embargo, fue desde finales del año pasado que esa tensión llegó a un punto de no retorno, cuando la corporación abrió un café cultural buscando levantar cabeza ante la profunda crisis financiera que dejó la pandemia.
Instalado en un centro de fotocopias y una sala de internet que ya funcionaba desde antes, el café cultural fue concebido como un espacio de cotrabajo (o coworking), en el que los jóvenes del territorio pueden pasar sus tardes y consumir café o almuerzos que, a su vez, representan una fuente adicional de ingresos para sostener el sitio.
Aunque decenas de otras corporaciones culturales tienen sitios parecidos, la apertura de ese café fue la razón central para que la Secretaría de Participación Ciudadana ordenara la entrega de la sede. A través de un oficio fechado el pasado 29 de marzo, esa dependencia ordenó el cierre del café, tras considerarlo un “aprovechamiento económico” no autorizado.
En un boletín de prensa publicado ayer, esa secretaría corroboró esa versión y sostuvo que por destinar “el inmueble para fines económicos” el distrito consideraba que la corporación había violado “las reglas” y por eso debía entregar la casa.
“El café ni siquiera es para sostenernos, es para no caernos”, dice con consternación Delgado, explicando que por más de 30 años han tenido múltiples emprendimientos culturales buscando alternativas para cubrir los gastos que les significa estar en ese espacio, que van desde el pago de impuestos, gruesas facturas de servicios públicos y la remuneración de decenas de colaboradores que donan su trabajo para fortalecer los procesos de formación.
Aunque tanto Delgado como Ocampo prefieren ser cautos y dicen estar abiertos al diálogo con la Alcaldía, para conocedores del sector cultural la decisión no deja de tener un sinsabor político, ya que Picacho con Futuro es una de las organizaciones comunitarias que hacen parte de la Veeduría Todos por Medellín y que el mismo alcalde Daniel Quintero ha señalado como una organización enemiga.
Pese a la orden de desalojo emitida por el distrito, que los líderes se negaron a firmar el pasado martes y que parece no tener reversa, Ocampo y Delgado dicen estar dispuestos a hablar con la Alcaldía buscando que no se marchite un proceso social que costó décadas de esfuerzo construir y que hoy está en riesgo de desaparecer, paradójicamente, por cuenta de las mismas manos que deberían apoyarlo.
