Aunque la zona rural de Medellín tiene un área de 270 kilómetros cuadrados - muy superior al área urbana, que es de 105 kilómetros cuadrados- en ella solo se produce el 3 % de la comida que necesita la ciudad, una situación que expertos ya califican de crítica, pues cada día tiende a ser menor el área del suelo destinada a la producción de alimentos.
Uno de los entes más preocupados es la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que a través de su representante en Antioquia, Juan Fernando Zuluaga, expresa que la relación urbano-rural en la capital antioqueña es crítica, porque la ruralidad no ha sido valorada en su rol de productora de alimentos.
“Los sistemas de abastecimiento empezaron a ser analizados en 1968, cuando se crearon las plazas de mercado satélites. En esos años la producción de alimentos estaba entre el 12 y el 15 %”, precisa.
Un estudio de la Universidad Nacional reveló que el Valle de Aburrá, en un año, consume 2’809.767 toneladas de comida, de las cuales 45 % se producen en las subregiones de Antioquia y 44 % en otras regiones del país.
Y el centro de Investigación CEO de la Universidad de Antioquia, según lo citó Zuluaga, señala que en los 5 corregimientos hay 5.400 unidades productivas, pero solo 2.700 (50 %) están destinadas a producir alimentos.
La Medellín rural la integran 5 corregimientos (Altavista, San Antonio de Prado, Santa Elena, San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal) que cada vez pierden más territorio ambiental y agrícola.
Hernán Porras, ingeniero Forestal de la Universidad de Antioquia y profesor del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, advierte que la situación es desfavorable al desarrollo de los territorios rurales.
Según su visión, la institucionalidad metropolitana está pensada para que las ciudades crezcan en lo urbano y se formen metrópolis: “se atienden las necesidades de la población urbana y se abandonan los territorios rurales”.
Advierte que las autopistas de cuarta generación si bien conectarán a los municipios y el área metropolitana, muchos cambiarán las formas tradicionales de ocupación del suelo en temas agrícolas y de sostenibilidad. “Hay hechos de impacto negativo en lo rural, como la presión inmobiliaria en el Oriente antioqueño, donde se ha pasado de asentamientos rurales dispersos a grandes concentraciones y urbanizaciones”, subraya Porras.
Decisión política
Santiago Cruz Álzate, coordinador de Derechos Colectivos y del Medio Ambiente de la Personería de Medellín, expone que hay falencias en la parte normativa en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) sobre las dinámicas reales de los territorios rurales.
“Hoy en día, a un campesino le sale más favorable lotear su tierra, venderla por cuadras, hectáreas o parcelas, o rentarla, que cultivar, porque así obtiene más rentabilidad”.
Lo anterior, porque los productos llegan a la ciudad más baratos de otras zonas. El Estado -dice- debería crear políticas que estimulen la permanencia del campesino en sus territorios, que no cambien la vocación de sus tierras.
Para los líderes de los corregimientos, este es un tema de máxima preocupación.
Así lo confirma Gloria Hernández, integrante de la organización La Silletera, de Santa Elena, que busca el empoderamiento de las mujeres en el territorio como opción para que el corregimiento no termine absorbido por lo urbano.
“La gente no se motiva a cultivar porque no hay rentabilidad; una cosecha demora 4 o 6 meses, y en ese tiempo no hay ingresos para el campesino, en cambio si construye una casa y la arrienda, tiene mayores ingresos ”, resalta .
