El inicio de una serie de cobros coactivos, avaluados en $30.934 millones, reavivó en Rionegro el debate por los pagos de valorización, un proyecto que ha generado controversia desde octubre de 2018 y que hoy enfrenta a un grupo de ciudadanos con el gobierno de ese municipio.
Mientras la alcaldía insiste en la legitimidad del proceso y sostiene que ha respetado los derechos de quienes han objetado los cobros, un grupo de ciudadanos, que desde finales de 2018 viene emprendiendo acciones legales contra la administración municipal, señala a esta por no respetar sus garantías legales.
La nueva discordia
Juan Fernando Giraldo, uno de los abogados que representa a los ciudadanos reclamantes, sostuvo que todo comenzó durante la última semana de enero cuando varios de sus clientes despertaron sin saldo en sus cuentas bancarias y se percataron de que sus propiedades habían sido embargadas por el Municipio.
El centro de la controversia, según explicó, consiste en que varios de los embargados tienen procesos legales en curso contra del gobierno local.
Según detalló, de un grupo de 219 demandantes que él representa, cuyos reclamos escalaron a la vía judicial desde marzo de 2019, al menos 30 habían sido incluidos en el proceso de cobro coactivo iniciado por la alcaldía, con el que se busca recuperar la cartera de ciudadanos morosos.
“El Municipio debe esperar que se termine el proceso judicial para iniciar el cobro del tributo. Mientras las discusiones tributarias estén vigentes y hasta que se cuente con sentencia definitiva, el cobro debe estar suspendido”, expresó Giraldo, describiendo los embargos como una decisión “abiertamente ilegal”.
Para ilustrar la dimensión de los embargos, Giraldo aludió al caso de varios pensionados que vieron sus cuentas congeladas y de un empresario, cuya deuda asciende a los $ 1.040 millones, que no pudo cubrir los gastos de nómina y pagar las cesantías de sus empleados.
Frente a estos señalamientos, el alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández Alzate, se defendió argumentando que la administración municipal ha respetado las personas que habían interpuesto reclamaciones en contra de los cobros.
Según sostuvo el mandatario, todos los embargos realizados durante los últimos días habían sido efectuados luego de un análisis jurídico hecho por parte de los abogados del Municipio.
“Son unos contribuyentes iguales a todos los demás. Si los que pagaron lo hicieron confiando en que se están viendo las obras y creen en la oportunidad que tienen de frente, también lo tienen que hacer aquellos que se niegan a pagar esos recursos y que están demandando”, aseveró Hernández Alzate.
El origen de la discusión
La polémica por los cobros por valorización es un proceso que se remonta al 16 de octubre de 2018, cuando el entonces alcalde de ese municipio, Andrés Julián Rendón, firmó la resolución 939, que distribuyó una serie de contribuciones obligatorias con las que se buscaba financiar un programa de modernización vial.
Según quedó consignado en un informe de empalme de 2019, que detalló el avance de los procesos de transporte e infraestructura en Rionegro, el objetivo era recaudar un total de $639.746 millones, un monto suficiente para construir un paquete de 12 tramos viales que pretenden enmendar un déficit de tres décadas en la infraestructura vial del municipio.
De esos $639.746 millones, el municipio determinó que el 70,34 %, es decir, $449.997 millones, serían recaudados a través de cobros por valorización, una figura que contempla que todo propietario que se vea beneficiado por una obra o un proyecto que impacte de forma positiva su inmueble debe pagar un impuesto.
Para mitigar los impactos financieros de ese cobro, a través de esa resolución, la alcaldía determinó que la zona de influencia de las obras no solo serían los lotes adyacentes a los tramos por construirse, sino todo el municipio en general.
Además, eximió del pago a todos los propietarios de los estratos 1, 2, 3 y 4 que probaran habitar los inmuebles sobre los que recaería el cobro, a los inscritos como “pequeños y medianos productores” en una base de datos de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, y a los identificados como “protectores de bosques” en las listas de la Subsecretaría de Ambiente.
Con esto se pretendía concentrar los cobros en los ciudadanos con mayor nivel de ingresos, en este caso aquellos de estratos 5 y 6.
Según quedó establecido en la resolución, teniendo en cuenta que el plazo para realizar el cobro era de 60 meses (5 años), todos los contribuyentes que presentaran mora en el pago de seis cuotas perderían el derecho a cubrir el impuesto por plazos y tendrían que pagarlo en su totalidad. Y aunque de ponerse al día podrían recuperar sus beneficios, de persistir el retraso el municipio tendría la potestad de cobrar por “vía coactiva”.
Alcaldía se defiende
Luego de ser notificados del impuesto, el 14 de noviembre de 2018, un grupo de ciudadanos encabezó una protesta criticando el monto y la forma en que se habían estructurado los cobros. Después de agotar los procesos de reclamación internos a cargo del Municipio, a partir de marzo de 2019 varios acudieron a tribunales.
Según argumenta el alcalde Hernández, quien desde su candidatura al cargo ha defendido ese proyecto, la alcaldía estructuró un conjunto de alivios para que los contribuyentes se pusieran al día.
Por ejemplo, el 15 de mayo de 2020, el mandatario recordó que la administración expidió un decreto para que los contribuyentes accedieran a un descuento del 15 % por pronto pago, una medida que expiraba el 31 de julio de 2020 y fue extendida por un mes más.
“El año pasado tuvimos muchas facilidades. Además, a raíz de la pandemia, se emitió un decreto nacional que permitió que la gente que tenía morosidad no tuviera que pagarla. Es decir que ha habido todas las facilidades para que esas obligaciones hayan podido ser resueltas”, planteó el alcalde Hernández.
Frente esa afirmación, el abogado Giraldo expresó que el motivo central de las diferencias no consiste en que la alcaldía haya iniciado procesos contra los contribuyentes morosos, sino que hubiera incluido en ese grupo a quienes tienen procesos judiciales abiertos.
Según detalló el litigante, el pasado lunes 28 de enero, varios de los ciudadanos afectados por los embargos radicaron derechos de petición ante el Municipio para que los cobros sean suspendidos.
“Si el municipio no quiere armar de esto un enredo innecesario debe suspender los cobros y levantar de las medidas cautelares de los demandantes. Esa es una regla de juego que debe respetarse”, dijo Giraldo
