La crisis humanitaria que se presenta en Ituango genera hasta la fecha 3.721 personas desplazadas de 1.548 familias, provenientes de 28 veredas, población que es atendida en ocho albergues dispuestos en el casco urbano. Un consejo de seguridad determinó este lunes fortalecer la presencia de la fuerza pública en el área rural amenazada para posibilitar el regreso de las familias con el acompañamiento de carabineros.
“Es el mayor desplazamiento del que tenga noticias la Procuraduría Regional. Rebasa la capacidad del municipio, de la Gobernación, por ello es muy importante que el Gobierno Nacional haga presencia y acompañe la atención de este hecho”, afirmó Luis Fernando Bustamante, procurador Regional de Antioquia.
Ituango es una esquina estratégica por ser corredor entre subregiones y departamentos, y por tener infraestructura estratégica del Estado como Hidroituango y la futura línea eléctrica hasta Cerro Matoso. Ser zona de tránsito lo convirtió en área de interés criminal porque quien tiene control sobre los 2.347 kilómetros cuadrados de extensión domina las rutas del narcotráfico entre el Bajo Cauca, Urabá y Chocó.
Los primeros indicios del nuevo desplazamiento, según las autoridades, indican que los responsables del éxodo en este municipio del Norte antioqueño son alias “Ramiro”, alias “Camilo” y alias “Machín”, de las disidencias del frente 18 de las Farc; y alias “Richard”, del Clan del Golfo.
Por el primero, el gobernador (e) Luis Fernando Suárez anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita su captura, asimismo, $50 millones por los otros tres cabecillas. “Con una cadena de informes de Whatsapp se genera un desplazamiento de esta magnitud, los actores armados generan miedo y zozobra entre la comunidad”, informó el mandatario.
El temor en la zona rural generó los primeros desplazamientos en el vecino municipio de Peque, a cuyo casco urbano llegaron al menos 50 personas. Este martes, con la posible asistencia del ministro del Interior, Daniel Palacios, se realizará una nueva visita de las autoridades para verificar la atención de los campesinos albergados en el casco urbano.
El brigadier General Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, anunció por su parte un dispositivo para cubrir las veredas donde se generó el desplazamiento. “La seguridad ha sido una preocupación constante. No hemos tenido combates este año, se tomaron las medidas para reorganizar el dispositivo y que los campesinos puedan volver a sus hogares”.
Informó Díaz Mateus que al menos 200 hombres permanecen en las veredas, casi el doble del pie de fuerza que estaba en campo el año pasado, y que en un Puesto de Mando Unificado en el territorio se definen acciones coordinadas con policía y ejército. Añadió que fue integrado un grupo de investigación criminal bajo la dirección de la Fiscalía para investigar los hechos generadores del masivo desplazamiento.
