Hernán Ramírez dice no equivocarse al asegurar que “con pandemia y confinamiento los desplazamientos forzados intraurbanos en Medellín siguen presentándose”.
Según él, quien es representante legal de la Fundación Pepe Breu, defensora de víctimas de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Medellín (MMPEV), hay bandas que desde hace 40 años siguen amenazando en los barrios.
Su afirmación la corroboran los casos que la Alcaldía de Medellín y la Personería Municipal han recopilado en 2020 y lo que va de este año.
“Tenemos un dato de 248 hogares que han declarado desplazamiento, son 669 personas las afectadas este año”, le dijo a este medio Iván Palomino, subsecretario de Justicia Restaurativa, de la Secretaría de la No Violencia.
Por el lado del Sistema de Información de la Personería, las cifras de enero a marzo de este año son superiores a las de 2020 en el mismo periodo: “hay un incremento significativo, teniendo en cuenta que se pasó de 235 personas desplazadas en 2020, a 530 en 2021”, se lee en un boletín del 12 de abril de la Personería.
Los sectores de la ciudad en los que más se ve esta situación, según Palomino, son “las comunas 1, 8 y 13. Desde 2017 se ha registrado un aumento particularmente en Altavista, San Antonio de Prado y en Belén”, concluyó.
De acuerdo a los datos obtenidos por la Alcaldía, el 41 % de los desplazamientos intraurbanos reportados este año han sido por amenazas a personas.
La situación de las mujeres
La segunda causa de desplazamiento este año en Medellín es la violencia de género, con un 14 %, según cifras de la Secretaría de No Violencia. Esto pone a las mujeres en un escenario en el que si no es por amenazas por parte de grupos ilegales, son desplazadas por otras conductas violentas.
De hecho, la Mesa de Víctimas, conformada por 20 personas, tiene a nueve de ellas desplazadas internamente, y ocho de estas son mujeres.
EL COLOMBIANO habló con cuatro de ellas. En sus casos, las amenazas las llevaron a tener que irse de sus barrios.
“He tenido miedo de volver allá”, dijo Ana Cristina Moreno, refiriéndose al barrio Caicedo, de donde salió amenazada por paramilitares en el año 2000. “Esos hombres dijeron que iban de parte de ‘don Berna’ (alias del exjefe paramilitar Diego Murillo), y que me tenía que salir del sector”.
Otra de las mujeres es Luz Elena Galeano, oriunda de Medellín, y quien además de atentados y amenazas recibidas por su liderazgo social, ha pasado por tres desplazamientos dentro de la ciudad.
Un fenómeno que han encontrado las autoridades es que “hay una tendencia de reincidencia. La gente llega de otros municipios y vuelve a ser desplazada aquí; llega a entornos vulnerables y sin redes de apoyo”, dijo el subsecretario Palomino.
Eso le pasó a Anaidalyt Delgado, coordinadora de la Mesa de Víctimas que llegó desplazada desde el municipio de El Bagre al barrio Robledo, de donde fue desplazada. “Me declararon objetivo militar por haber sido enfermera de las Fuerzas Militares”, dijo.
Por último, Luz Danelia Guarín, habitante de la comuna 3 de la ciudad, tuvo que desplazarse dentro de esa misma comuna por amenazas.
Una de las explicaciones de este delito que ha afectado a mujeres es que “los hombres ‘normalmente’ van al cementerio y las mujeres son las que quedan llevando los hogares”, dijo el representante Ramírez. Y añadió que “por eso la ley las pone muy presentes a ellas”.
El informe a la JEP
El pasado 12 de mayo, la Mesa de Víctimas le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe “Medellín frente al desplazamiento forzado intraurbano: una ciudad de contrastes”. Esta es la primera de dos entregas pensadas para la JEP, la otra se hará en septiembre (ver recuadro).
“Son 46 páginas más que todo con datos estadísticos e información de contexto sobre esta situación”, dijo el representante Ramírez.
La entrega se dio en medio de un evento organizado en el Museo Casa de la Memoria, y se hizo por parte de Anaidalyt y Luz Elena. La magistrada María del Pilar Valencia fue quien lo recibió.
EL COLOMBIANO tuvo acceso al documento. En él dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos relacionadas al tema, y declaran que como Mesa quieren “visibilizar este delito, con el propósito de ayudar a hacer justicia”.
Para explicar el delito, la Mesa lo dividió en tres subcapítulos: Desplazamiento como delito que afecta al país y que tiene a Medellín como uno de sus epicentros; el reconocimiento tardío de este delito en la ciudad; y un análisis de la situación.
Además, adjuntó cifras registradas desde los 80 por entidades como la Alcaldía de Medellín, la Personería Municipal y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
“Desde 1985 hasta el 28 de febrero de este año, según el Registro único de Víctimas (RUV), 473.626 personas declararon en Medellín haber sido víctimas de desplazamiento forzado, siendo la segunda ciudad de Colombia que más ha recibido personas, después de Bogotá”, se lee en el texto.
Y respecto a las comunas con más casos, se señala que estos “lugares soportan una doble condición: expulsores y receptores, lo que incrementa la revictimización de la población desplazada”.
El camino a seguir
La sentencia T-268 de 2003 marcó un hito para Medellín, pues el desplazamiento de la gente en la 13, debido a la Operación Orión, abrió un debate que llevó a la Corte Constitucional a reconocer como víctimas a estas personas.
Desde esa vez, organizaciones, la iglesia y academia han venido trabajando en la construcción de espacios que aporten a no repetir este delito.
“El equipo de Atención y Reparación a Víctimas tiene gráficas del Urabá, Bajo Cauca y Oriente, zonas de donde se han expulsado personas a Medellín”, dijo Ramírez.
Mientras que el subsecretario Palomino contó que “hay un camino muy grande por transitar, y las víctimas están dispuestas a recorrerlo”. Para atender a víctimas por este y otros delitos, la Secretaría tiene este año $13.000 millones
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personas han sido víctimas de desplazamientos internos en 2021 en Medellín: Alcaldía.
