¿Existe desordenamiento territorial en Medellín?

Estas son las dificultades que han demorado la reglamentación del vigente plan de ordenamiento de Medellín. Así está el panorama.

Uno de los 10 macroproyectos es Río Centro, que fue adoptado mediante un decreto de 2015. Está pendiente de la designación de un operador urbano para su implementación. FOTO Camilo Suárez

Poco del documento que traza la ruta de planificación de Medellín hasta 2027 ha trascendido del papel a la práctica. El vigente Plan de Ordenamiento Territorial entró en vigencia el 17 de diciembre de 2014 y, cuatro años después, apenas está en la fase final de la reglamentación de los instrumentos que aterrizan sus propósitos.

Los constructores dicen que la norma no se ha podido estrenar, los expertos piden celeridad en la implementación y la administración explica que el proceso ha sido complejo por tratarse de herramientas novedosas que no tienen regulación nacional. Entre unas y otras se ha consumido la tercera parte de su vigencia.

El POT modifica, al menos en el papel, el modelo de ocupación de la ciudad bajo tres ideas centrales: la promoción de una ciudad compacta que crezca en los suelos planos, la limitación del crecimiento urbano en las laderas, y la inversión de la pirámide de movilidad, para que los peatones y el transporte público tengan prioridad sobre los privados.

Lo que va y lo que falta

Para lograr el modelo de ciudad plasmado en el POT se abrieron dos frentes de trabajo: el primero es la estructuración de 10 instrumentos de financiación para poder conseguir recursos y ejecutar las acciones; y el segundo es la reformulación de cómo se debe ocupar el territorio, con la división de 10 zonas denominadas macroproyectos (tres en la zona del río, dos transversales en oriente y occidente, y cinco en los bordes urbano rurales).

Con respecto al reglamento de los instrumentos de financiación, el Departamento Administrativo de Planeación contó que ya están listos ocho, entre otros, la venta de derechos de construcción, el aprovechamiento económico del espacio público, el pago de servicios ambientales y la participación en la plusvalía.

Los dos instrumentos que faltan son las transferencias de derechos patrimoniales (está en 95 %) y de derechos ambientales (en 75 %), que se expedirán antes de marzo de 2019, según Planeación.

El otro frente de trabajo está más crudo. Los tres macroproyectos del río ya están formulados, adoptados y en proceso de gestión para desarrollar iniciativas urbanísticas.

Las dos transversalidades —Santa Elena en Oriente (avanza en 90 %) y La Iguaná, en occidente (50 %)—, están en estructuración. Sin formular y apenas con estudios de riesgo en ejecución están los macroproyectos de borde. La actual alcaldía promete terminar las dos transversalidades y al menos uno de los de borde.

Falta de un operador, el lío

Cada macroproyecto o subzona definida en el POT debe tener un operador que lidere la ejecución de los procesos definidos en el área de planificación. Estos operadores, que deben ser empresas industriales y comerciales del Estado, establecimientos públicos o sociedades de economía mixta de capital mayoritariamente público, tienen dos fines claves: la gestión urbana e inmobiliaria y la gestión social.

En el diagnóstico realizado por el Departamento de Planeación se pone de manifiesto la necesidad de contar con un operador urbano que asegure y vigile el cumplimiento del modelo propuesto en los macroproyectos del río, debido a su complejidad y magnitud.

Solo el macroproyecto Río Centro tiene designado operador. Se trata de la Empresa de Desarrollo Urbano y al Metro. Según Planeación. Ya hay dos convenios en ejecución y uno en trámite para desatar la operación urbana.

¿Es normal tanta demora?

Claudia García Loboguerrero, subdirectora de Planeación Territorial y Estrategia de Ciudad, dijo que el modelo de urbe que está planteado en el POT tiene retos gigantes para concretarse, no solo por la complejidad normativa, sino por el requerimiento de aumentar el control urbanístico en una ciudad cuyo origen, en un 70 %, es informal, con procesos no planificados de urbanización en sus barrios.

Señaló que la administración ha cumplido con las obligaciones que le correspondían en el corto plazo (2014-2019).

“La reglamentación se ha abordado con compromiso, no solo en la expedición sino en la operación”, afirmó.

“No hay claridad normativa”

Eduardo Loaiza Posada, gerente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (Camacol), seccional Antioquia, aseguró que el POT, tiene buenas intenciones en el desarrollo urbano, pero está “prácticamente sin estrenar”.

Dijo que pese a los esfuerzos de esta administración, es muy demorada una reglamentación de cuatro años. “No es normal ni lógico ni práctico que tarde tanto. Atranca el desarrollo”, opinó.

Reconoció la complejidad normativa de los instrumentos consignados en el plan pero trajo a colación los cambios constantes en el Departamento de Planeación de Medellín (van tres directores en tres años de esta alcaldía), hecho, que según Loaiza, le resta dinámica a la reglamentación.

Sostuvo que no tener la reglamentación completa genera enredos porque pese a que hay un POT vigente, se debe apelar a regulaciones anteriores “porque lo nuevo no se puede aplicar, genera contradicciones y líos con las curadurías. Solo en la medida que haya claridad normativa se da un desarrollo urbanístico. Esperamos que el año entrante se empiece a resolver”, anotó.

García Loboguerrero respondió que el POT tiene múltiples apuestas en el territorio, no solo las relacionadas con la actividad inmobiliaria, sino con protocolos ambientales, de protección a moradores urbanos y de distritos rurales, todos integrados para que el POT se pueda concretar.

“Es un proyecto colectivo con muchas expresiones. Va en el camino de concretar sus ideales. Tenemos la ilusión de que en 2019 empiece el licenciamiento de las primeras actuaciones de renovación”, anotó. “No es justo decir que no se ha estrenado”, concluyó.

“Es una ciudad aplazada”

Jorge Pérez Jaramillo, decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás y formulador del POT en 2014 como director de Planeación de Medellín, dijo que el ordenamiento territorial es un acuerdo político y social que depende del liderazgo de las instituciones públicas.

Opinó que esta administración municipal no ha priorizado el POT, una herramienta compleja que requiere capacidad de gestión fuerte.

“Hay resistencia de grupos de interés. No se ha cumplido el programa de ejecución y ha faltado veeduría y opinión pública”, criticó Pérez.

Mencionó que además de normas urbanísticas, esa hoja de ruta hasta 2027 planteó una agenda nutrida en temas como la articulación de Medellín con el área metropolitana y el departamento, con foco en las vías 4G y el ferrocarril; la conectividad ecológica entre el espacio público y la movilidad peatonal; y el saneamiento del río con la generación de un corredor urbano como nuevo corazón de la ciudad (Parques del Río).

“No se le ha adjudicado el presupuesto ni los grupos técnicos necesarios para su implementación. Se han hecho cosas derivadas del POT pero con agenda en contra”, dijo.

Proceso que tarda décadas

Carlos Jaramillo, experto en Planificación y consultor en urbanismo, dijo que su preocupación no es la reglamentación sino la definición de los macroproyectos. Mencionó que hasta que no se formulen los cinco macroproyectos de los bordes urbanos rurales, el desarrollo de ese territorio, el más vulnerable y con mayores falencias socioeconómicas en Medellín, está congelado.

Mencionó que en el anterior POT, expedido en 2006, Medellín tenía 75 hectáreas para aplicar renovación urbana y que, desde entonces, solo se ejecutó con éxito el plan parcial de Ciudad del Río.

“¿Qué harían los asiáticos con 75 hectáreas de suelo en el centro de sus ciudades? Harían un esfuerzo monumental por renovarlo y generar espacio habitacional con zonas públicas de calidad. Se pensó erróneamente que se podía replicar el caso de Ciudad del Río en zonas como Naranjal donde habita población vulnerable”, reseñó Jaramillo.

Hizo la claridad de que los procesos de renovación urbana en Japón, Francia o España, además de ser impulsados políticamente, tardan décadas.

“Son procesos lentos, no se hace como un edificio. Exige voluntad política y tiempo. La renovación se quedó en el papel desde el 2006. Tenemos problemas de fondo. Se debe establecer una mesa de trabajo seria que participe y lidere estos procesos”, concluyó .