La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios le solicitó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que informe cuáles son las medidas y los planes de contingencia que adoptó su administración luego de conocer, entre junio y agosto pasados, las alertas emitidas por el Ministerio Público a todas las alcaldías y gobernaciones del país por la temporada de lluvias que no ha dejado de causar estragos. El mandatario local también debe explicar las causas que lo llevaron a declarar calamidad pública en días pasados.
La información la debe entregar porque la Procuraduría hace seguimiento “a las medidas adoptadas y los planes de contingencia de las autoridades para disminuir el impacto de las fuertes lluvias y las amenazas de inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos”. En este sentido, Quintero deberá contar cuáles acciones adoptó su administración en lo que tiene que ver con “preparación, monitoreo y atención del fenómeno de La Niña”, tras conocer las alertas que se le anunciaron desde mitad de año.
La Procuraduría incluyó a Quintero en la lista de otros mandatarios del país, entre ellos la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quienes les solicitó esta información.
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Fuertes críticas a la Alcaldía por “falta de prevención”
La Alcaldía de Medellín declaró la calamidad pública en la ciudad, el pasado 18 de noviembre, con el argumento de que así podría tener mecanismos para atender de forma oportuna a las familias que sean afectadas por emergencias ocasionadas por las lluvias.
De acuerdo con Laura Duarte, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), “esta decisión va en concordancia con lo declarado en la Presidencia de la República que es la situación de desastre nacional y va también de la mano con la calamidad pública del departamento, teniendo en cuenta que la temporada de lluvias viene desde el año 2020 y que representa el cambio climático materializado en nuestro territorio”.
No obstante, a la administración distrital la han rodeado múltiples críticas y denuncias de concejales, ciudadanos y organizaciones sociales y ambientales porque consideran que hay falencias en acciones de prevención. Es el caso de corregimientos como San Cristóbal donde dijeron que la Alcaldía dejó que las afectaciones por lluvias llegaran a un punto crítico antes de intervenir, pese a los constantes llamados de la comunidad.
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Una vez declarada la calamidad pública, la Alcaldía autorizó la declaratoria de urgencia manifiesta para que la Secretaría de Infraestructura atienda el movimiento en masa en la vereda El Patio, de San Cristóbal. Pero las familias campesinas de este lugar dijeron que llevaban cinco meses suplicando que atendieran la emergencia, pero las autoridades esperaron hasta que se desprendió el último pedazo de la carretera.
Pero San Cristóbal no es el único. Otras zonas de la ciudad han sido fuertemente afectadas por las lluvias y los ciudadanos coinciden en que los llamados que llevan haciendo hace tiempo para prevenir emergencias no han dado frutos. El Movimiento de Laderas de Medellín ha sido uno de los más críticos y llevaba varios meses pidiendo a la administración que se declarara la emergencia climática, pero no fue escuchado.
