Del total de 125 municipios que tiene Antioquia, en 92 no existen secretarías de Tránsito y en 45 de estos no hay autoridades que ejerzan un control operativo en materia de infracciones y seguridad vial, lo que está ocasionando que dichas localidades aporten más del 10 % de las víctimas fatales de accidentes de tránsito del departamento.
En las otras 47, a pesar de la carencia de las secretarías, se ejerce la función de control a través de convenios con la Agencia de Seguridad Vial de Antioquia y la Policía o con apoyo de secretarías de otros municipios cercanos.
El problema, que fue denunciado por el gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, el año anterior, requiere soluciones, pues por encima de cualquier inversión que hagan los alcaldes en sus municipios, la prioridad debe ser siempre salvar las vidas de sus ciudadanos.
Así lo considera el superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, quien les hace un llamado a las autoridades regionales para que corrijan esta falencia, que está sembrando las vías con muertos y estimulando la impunidad. En todo el país, de 1.122 municipios, hay 653 con este problema (el 58 %).
“En estos municipios no hay autoridad que garantice la seguridad en las vías. Si una persona sale a conducir en estado de embriaguez, no hay un policía ni un guarda que esté atento a imponerle una infracción, inmovilizarle el vehículo o suspenderle la licencia”, señala Jaramillo.
Según el Cemat (Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte), el año anterior en Antioquia murieron 939 personas en accidentes de tránsito. (En todo el país fueron 6.479). Del total antioqueño, 91 víctimas las pusieron los 45 municipios que no tienen ningún tipo de convenio para ejercer la función.
En la lista figuran localidades como Mutatá, donde fallecieron 15 personas; y Dabeiba, que puso 14 víctimas fatales.
Si bien no es un mal solo de Antioquia, en declaraciones a EL COLOMBIANO el superintendente conminó a las autoridades del departamento a cumplir esta obligación, “porque la competencia de la seguridad vial es de las autoridades regionales y municipales, no del Gobierno Nacional”.
Recordó el caso de Boyacá, donde son 123 municipios y 100 no tienen autoridades. Los casos opuestos son Cundinamarca, donde en los 116 municipios hay control; y Atlántico, en cuyas 23 localidades hay autoridad.
Plantean soluciones
Para dar trámite a la alerta del gobernador Pérez, la Agencia de Seguridad Vial de Antioquia -Asva- avanza en la implementación de soluciones.
En un convenio con la Policía Nacional, la Asva apoya el ejercicio de control en 31 localidades, indicó el gerente de la entidad, Carlos Alberto Marín.
El contrato tuvo un costo de $313 millones y se busca ampliarlo a 71 municipios, con una inyección de más recursos. En otro convenio, con la Universidad de Antioquia, se elaboraron planes locales de seguridad vial, con una inversión de $502 millones.
También existe un plan departamental que busca que la seguridad vial sea adoptada como política pública, en un proyecto que iniciará trámite en la Asamblea.
“Aunque cada municipio es la primera autoridad de tránsito, desde nuestra agencia hacemos campañas de acompañamiento que refuerzan la seguridad, e intervenciones en los municipios sin convenio”, precisa Marín.
La Asva gestiona $2.200 millones para implementar un Plan Departamental de Señalización, que incluye vías terciarias y secundarias, que ya tiene definidos los sitios y el tipo de señal a instalar.
“Los municipios, en este proyecto, aportarían la mano de obra”, aclaró Marín.
