Por no tener licencias de construcción y violar las normas urbanísticas, la alcaldía de Rionegro demolió 24 inmuebles, entre enero de 2016 y mayo de 2017.
Así lo señaló a EL COLOMBIANO el secretario de Gobierno de esa localidad del oriente antioqueño, Duberney Pérez Echeverri, quien agregó que entre los meses de junio y julio del presente año quedarán listas alrededor de otras 30 órdenes de demolición, llegando así a 54 en lo corrido del mandato de Andrés Julián Rendón Cardona.
En ese mismo período, la oficina de Planeación suspendió la realización de más de 200 obras, que no estaban licenciadas, y se impusieron multas por valor superior a los 200 millones de pesos.
Cuatro órdenes de demolición de viviendas están en el congelador, porque los propietarios de los inmuebles acudieron a la acción de tutela para preservar unos derechos que consideran vulnerados.
El funcionario advirtió que las viviendas destruidas son diferentes a las casas de vicio que fueron derribadas, luego de adelantar los respectivos procesos de extinción de dominio. De ese tipo de inmuebles han demolido siete y están pendientes otros cinco.
En el listado tampoco están dos casas que fueron destruidas este año, pero no porque hubieran sido sometidas a un proceso sancionatorio, sino porque amenazaban ruina. Igual final, y por la misma razón, tendrán cinco casas más.
En palabras de Pérez Echeverri, “la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, con sus buenos oficios, disuadió de los peligros a los propietarios y con su consentimiento se demolieron y demolerán esos inmuebles por parte de la administración”.
EL COLOMBIANO: ¿Por qué las demoliciones?
Duberney Pérez Echeverri: “Hemos visto en Rionegro un crecimiento urbano impresionante. El municipio es receptor de desplazamiento y también de personas que buscan un mejor futuro. Vemos cómo especialmente en las áreas rurales de Alto Bonito, Los Peñoles y Cuchillas de San José, la gente migra y alguien con un lote de 5.000 metros cuadrados les vende un pedazo de tierra en el que construyen su casa. Lo delicado es que se edifica en zonas de alto riesgo y se registran problemas de salud, por los pozos sépticos y la falta de acueducto”.
¿Cómo se enfrenta la construcción ilegal?
“Una de las medidas fue el fortalecimiento de las inspecciones de Policía, que antes ejercían sus labores policivas y urbanísticas con un inspector y un secretario. De 7 pasamos a 9 y cada una tiene ahora inspector, secretario, un abogado y un auxiliar, que puede ser técnico o ingeniero.
Ese robustecimiento de las inspecciones ha permitido realizar la demolición de 24 construcciones desde 2016.
Adicionalmente, estamos trabajando sobre todo en las zonas de alto riesgo, de la mano con la Subsecretaría de Gestión del Riesgo. Aquí tenemos priorizados unos 140 casos y posiblemente entre junio y julio sacaremos una cantidad significativa de nuevas demoliciones.
La mayoría de las intervenciones que hacemos en estos sectores es porque las viviendas se ubican en zonas de alto riesgo. Las hacemos porque no queremos que nos pase lo mismo que en Manizales o Mocoa, en donde por permitir que construyeran bajo los parámetros de la ilegalidad, la naturaleza cobró lo que tenía que cobrar y pasó lo que ya todos sabemos”.
¿Hay viviendas de estrato alto dentro de las demolidas?
“Tenemos viviendas demolidas de todos los estratos sociales. La primera edificación demolida en esta alcaldía estaba en todo Llanogrande, a la entrada de la Hostería Llanogrande. Era una edificación, parte en guadua y parte en cemento. Era negocio y vivienda. Allí vivían dos personas y laboraban en publicidad. El inmueble tenía unos 55 metros cuadrados.
En el mismo sector de Llanogrande estaba otra construcción ilegal. Se encontraba en obra negra y planeaban hacer dos casas. Entre lo que se ha demolido también hay kioscos que ocupaban el espacio público, parasoles y encerramientos de espacio público”.
¿En las demoliciones que vienen hay viviendas con buen valor comercial?
“En la generalidad de los casos se trata de gente de estrato 1 y 2, personas que no tienen con qué solucionar su problema de vivienda, a las que el papá les da 30 metros cuadrados para construir. En los estratos altos no es tanto que construyan sin licencia, sino que lo hacen en espacio público, poniendo allí parqueaderos, habitaciones, garajes, pérgolas, etc. En estos últimos casos, solo se tumba lo que invade el espacio público”.
¿Qué pasa con los más pobres a los que les tumban sus inmuebles? ¿El Municipio les ayuda para solucionar su problema de techo?
En los casos de los más pobres y con la mayor problemática, como en Alto Bonito y Los Peñoles, se verá, caso por caso, si aplican para recibir los subsidios de vivienda”.
¿Qué líos han tenido con estas demoliciones?
“El único inconveniente lo tuvimos en Alto Bonito, en donde hubo amenazas de por medio. Ni ahí ni en Los Peñoles hemos comenzado a demoler”.
