En materia de derechos humanos el problema más grave de la ciudad es el aumento del desplazamiento forzado intraurbano, una realidad que aqueja principalmente a las mujeres, explica el personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, quien también ve con preocupación la crisis humanitaria que viven las personas privadas de la libertad en cárceles y estaciones de policía, así como el aumento de la mendicidad en algunas poblaciones.
En conversación con EL COLOMBIANO, Vivas Lloreda contó, además, cómo avanzan las investigaciones disciplinarias que ha emprendido la entidad del Ministerio Público a funcionarios de la Alcaldía de Medellín y cuántas sanciones se han determinado.
¿Cómo le fue a Medellín este año en materia de DD. HH.?
“El problema más grave es el desplazamiento forzado intraurbano, originado por bandas que tienen control hegemónico en sectores de la ciudad, al punto que en algunos de ellos su actuar es normalizado por los habitantes. Hay mucha desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y eso alimenta lo que he denominado justicia criminal, es decir, muchas veces la gente no denuncia sus problemas ante la Policía, la Comisaría de Familia, la Fiscalía o la Personería, sino que acude a la banda. Eso conllevó a que en el pico más alto de la pandemia aumentara el desplazamiento forzado intraurbano, porque algunas personas no tenían cómo pagar los arriendos; entonces, los arrendadores le daban esa responsabilidad a las bandas criminales para que presionaran a los arrendatarios y, finalmente, estos tenían que desplazarse”.
¿Cuántos desplazamientos hubo este año?
“Con corte al último trimestre, 1.689 personas se desplazaron dentro de Medellín. Lo preocupante de esta cifra es que entre enero y septiembre de este año se habían presentado 1.000 personas desplazadas, es decir, solo entre septiembre y octubre se aumentó a 1.689. Y de esa cifra cerca del 51% son mujeres, generalmente cabeza de familia. Logramos identificar una nueva causa de desplazamiento intraurbano: la violencia sexual”.
Eso, sin contar los desplazados que llegan, ¿cierto?
“Medellín es la ciudad que más recibe desplazados de otros municipios y departamentos. Entre 2019 y 2021, Medellín presentó un aumento de más del 260% de desplazados que llegaron. Solo en este año ha recibido 7.485 personas desplazadas por la violencia, principalmente de Chocó, Córdoba y municipios de Antioquia, como Tarazá, Ituango, Cáceres, Caucasia, Briceño y Turbo. Además, de esas 7.485 personas, 4.070 son mujeres, es decir, siguen siendo las más afectadas”.
La pobreza también se agudizó por la pandemia, ¿cómo ve el panorama?
“Las cosas han mejorado un poco en cuanto a generación de ingresos; no obstante, los estragos de la pandemia siguen. Por ejemplo, los indígenas cuentan que antes vendían sus artesanías y lograban recaudar para pagar los inquilinatos y la manutención de sus niños, pero hoy difícilmente consiguen para pagar diario entre $10.000 y $25.000 que cuesta un inquilinato. Eso ha aumentado la mendicidad de estas poblaciones, es más común encontrar en semáforos a migrantes venezolanos e indígenas con sus niños, buscando recursos para sostenerse. Eso venía sucediendo antes de la pandemia, pero se agudizó.
Cogido de la mano del aumento de la mendicidad está el aumento de la explotación sexual infantil. Nosotros en su momento lo pusimos de presente en sectores como La Candelaria, el parque Lleras y Provenza. La gente me decía que estaba descubriendo que el agua moja, que eso no es nuevo. Pero yo digo que nadie lo estaba denunciando, normalizamos muchas conductas y por eso las ponemos de presente”.
Y, ¿qué decir de la crisis carcelaria?
“El tema de cárceles ha sido un dolor de cabeza, uno de los temas que más me ha preocupado. Da mucho dolor ir a las cárceles y estaciones de policía, allá hay bodegas humanas: en el día es más llevadero, pero en la noche es increíble lo que se vive en esos lugares, las personas duermen una encima de otra, a la intemperie, en lugares con filtración de aguas y olores horribles. Existe una sentencia de la Corte que obliga a la Alcaldía de Medellín, a las alcaldías del área metropolitana y a la Gobernación de Antioquia a hacer esfuerzos para mejorar los sitios que existen y para construir una cárcel metropolitana y Medellín, una cárcel municipal. Pues déjame decirte que hasta hoy no se vislumbra que esto lo vayan a cumplir”.
¿Qué ha hecho la Personería al respecto?
“Hemos hecho de todo, y simplemente nos dicen: ‘hacemos brigadas de salud, les llevamos colchonetas, tenemos en el presupuesto tantos millones de pesos’. Pero al final esa plata la mandan para otro sector porque no la ejecutan, consiguen un terreno que no cumple con las condiciones; no se vislumbra una solución real ni a tiempo. Hay estaciones de policía con capacidad para 50 personas que tienen 200. Y lo peor es que existe una obligación en la sentencia de hacer brigadas permanentes por parte de la Secretaría de Salud, pero estas no se estaban realizando. Debo reconocer que inmediatamente solicitamos el cumplimiento, la Secretaría de Salud hizo una serie de brigadas, pero no creo que sea necesario que la Personería esté encima para que cumplan”.
En ese sentido, ¿cómo avanzan las investigaciones disciplinarias a funcionarios de la Alcaldía?
“En 2021, en relación con las cifras de 2020 y 2019, tuvimos un aumento del 260% en las vigilancias administrativas y las averiguaciones disciplinarias. En lo corrido de este año, con corte al 31 de octubre, la Personería inició apertura de 960 averiguaciones disciplinarias derivadas de 1.014 vigilancias administrativas o indagaciones preliminares en contra de funcionarios de la Alcaldía Municipal, excepto del alcalde porque no es competencia de nosotros. Después de esas 960 averiguaciones, abrimos 394 investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios. Y de estas, en cerca del 62% llegamos a la etapa de pliego de cargos, en la cual se le dice al funcionario que es presunto responsable de una conducta reprochada por el código disciplinario y se le llama a juicio disciplinario, una etapa en la cual puede seguir la sanción, la absolución o un fallo inhibitorio, siempre respetando el debido proceso. Que se llegara a un 62% de pliego de cargos es una cifra nunca antes vista en la Personería Municipal y en muchos de estos casos estamos pendientes del fallo”.
¿Cómo reciben las quejas y cuáles son las dependencias con más casos?
“A veces llegan por una red social o una denuncia ciudadana. Nosotros hacemos un informe preliminar y se lo enviamos a la entidad para que se defienda. Después, revisamos la respuesta de las entidades con base en las pruebas que tenemos y podemos determinar si seguimos el proceso. También podemos iniciar procesos de manera oficiosa cuando vemos algo preocupante en un medio de comunicación. Las dependencias que más tienen procesos disciplinarios son las secretarías de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, de Seguridad y Convivencia, y de Educación, así como Metrosalud, Isvimed, el Hospital General y EPM”.
¿Cuántas sanciones van?
“En lo que va corrido este año tenemos cinco sanciones disciplinarias y hay una que está en camino, que esperamos notificar antes de salir a vacaciones. En 2020 tuvimos cuatro decisiones disciplinarias sancionatorias, una muy sonada fue la sanción por más de 10 años de inhabilidad que se le impuso al exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, porque yo no entendía por qué un proceso que ya había pasado por lo penal y fue condenado estaba engavetado en la Personería. Yo sí estoy muy pendiente de que de las averiguaciones que hemos iniciado en este periodo pronto haya muchas más decisiones disciplinarias, si los elementos fácticos y jurídicos dan para que eso así sea. Siempre les digo a los funcionarios de la Personería que en esto debemos actuar con objetividad y sin presiones”.
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