Con la noticia todavía fresca de que en La Ceja estudiantes del PAE estaban consumiendo carne de caballo, esta semana se conoció que la Policía halló en zona rural de Copacabana un matadero clandestino que tenía tres caballos sacrificados y once en la fila de espera.
Un mes después del escándalo en La Ceja, lo que más indigna a María Eugenia Molina, una de las madres que está segura de que su hijo consumió carne de caballo, es que el asunto tardara cinco meses en destaparse desde que los mismos padres y luego las autoridades encontraran anomalías en la carne suministrada a cientos de estudiantes. “Es como si solo los papás entendiéramos la gravedad de esto”, reprocha.
En mayo pasado, tras evidenciar un doble etiquetado en la carne, Fundaccoppp, la empresa contratista encargada del PAE en La Ceja, terminó el contrato de manera anticipada con Food Carnes S.A.S, un proveedor (cuya sede se ubica en El Carmen de Viboral) que alcanzó a poner en circulación carne de equino durante dos meses. Tuvo que pasar otro mes para que la Procuraduría y la Dijín se hicieran presentes para tomar muestras y otros dos meses para recibir los resultados.
María Eugenia y otras familias consultadas aseguran que en el municipio parecen querer tachar el asunto. Hubo diálogos con las familias donde la administración garantizó que habían retirado todos los lotes en riesgo y garantizaban la calidad de la comida suministrada en el PAE. De la responsabilidad que debe asumir Food Carnes ante la Fiscalía no se sabe nada.
El alcalde Nelson Carmona manifestó que la misma administración había puesto en conocimiento de la Procuraduría el hecho, mientras que el contratista dijo que entregó todas las pruebas a la Fiscalía frente a la presunta responsabilidad del subcontratista. Sin embargo, la Procuraduría le advirtió al alcalde que zanjar el asunto no era tan fácil y que él tenía la obligación de hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones y calidad de los alimentos.
Y tampoco es fácil recuperar la confianza en que la carne que llega al plato es de procedencia confiable, apunta la madre de familia, al conocer nuevos casos como el de Copacabana.
Allí dos testimonios de campesinos fueron claves para conducir a las autoridades hasta un matadero clandestino ubicado en un paraje lejano de la vereda El Llano. El mayor Jair Yasno, comandante de carabineros y guías caninos, relató que al entrar al lugar encontraron dos caballos muertos y cinco canecas sobre mesones con 1.768 kilogramos de carne de caballo y vísceras, sangre y huesos. Hallaron, además, otros once caballos vivos, en muy mal estado, en el corredor de la muerte.
Allí capturaron a tres personas, un manipulador de alimentos oriundo de Guarne y residente en Copacabana; un conductor de Yolombó y habitante también en Copacabana; y un carnicero residente de El Carmen de Viboral.
Consultada al respecto, la Alcaldía de Copacabana no aclaró si tenía certeza de que los responsables detrás de este matadero habían logrado comercializar carne de equino en el municipio.
No obstante, dos autoridades señalan no solo que sí habría alcanzado a circular allí sino en otras localidades del Aburrá y el Norte de Antioquia.
Incluso tratan de identificar si el modus operandi y la cadena logística tiene semejanzas con la forma en la que operaba hace cinco años otra banda desmantelada, luego de ser capturados 28 integrantes que vendían carne de caballo y burro enfermos. La banda operaba en Medellín, el norte del Aburrá y había extendido su accionar hasta los municipios de Donmatías, Yarumal y Santa Rosa de Osos.
Integrantes de esta banda repartían volantes abiertamente en las veredas, como si fueran asesores de ventas de un producto cualquiera, en los que “invitaban” a los campesinos a no “enterrar la plata”, señalándoles que podían recibir dinero por los equinos que tuvieran enfermos o a punto de morir.
Según datos oficiales, en los últimos cinco años han hecho cinco grandes hallazgos de aprovechamiento ilícito de carne de equinos, en el Aburrá, Urabá, Norte y Oriente. Preocupan particularmente las dos últimas subregiones, porque según la Policía ambiental es allí donde se registra la mayor cantidad de incautaciones de carne de procedencia ilegal en todo el departamento, lo que evidencia carencia de controles efectivos.
¿Qué garantías tienen entonces los consumidores? La Alcaldía de Copacabana respondió que intensificaron los controles de verificación de procedencia de la carne que llega a la Plaza de Mercado. Esto se hace a través de unas guías de transporte que permiten constatar que el producto procede de una planta autorizada por el Invima.
Según explicó el Invima, estas guías tienen 24 datos, incluyendo el municipio de origen y la descripción precisa de la especie. Los establecimientos grandes y con años de tradición están sometidos a constante vigilancia para el cumplimiento de esta medida, por lo que la recomendación es adquirir los productos en estos sitios.
Para los establecimientos el llamado es a evitar caer en un grave problema pues en 2014 la Corte Suprema de Justicia determinó que no solo quien altera o falsifica alimento es responsable del delito de corrupción de alimentos, sino quien lo comercializa. De manera que alegar desconocimiento de la procedencia de la carne no eximirá a los comerciantes o carniceros que se les ocurra meterle caballo por res a los consumidores.
