La puerta para que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Álvaro Guillermo Rendón, llegaran a una conciliación en el marco de un proceso que se adelanta por injuria y calumnia se cerró este miércoles en la Fiscalía General de la Nación.
A través de una audiencia que estaba programada para este 29 de septiembre, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia declaró fallida la posibilidad de un acuerdo entre ambas partes y anticipó que ese ente continuará con su investigación en contra del alcalde Quintero.
El fracaso de ese acercamiento se produce luego de que, por segunda vez consecutiva, el alcalde de Medellín se negara a asistir a la sesión.
Aunque durante el primer intento, ocurrido el pasado 25 de agosto, el alcalde había enviado un oficio excusándose por su ausencia, durante la segunda sesión el mandatario ni siquiera envió una comunicación o un representante, según destacó la fiscal al frente del caso.
“Esta fiscalía no recibió ninguna comunicación solicitando aplazamiento o manifestando algo con relación a esa audiencia”, expresó la fiscal, anticipando que luego de declarar fallida la conciliación, el siguiente paso será continuar con la investigación.
Cabe recordar que este proceso de la Fiscalía hace parte de un paquete de varios que avanzan de forma paralela en contra del alcalde, luego de que a través del Decreto 0085 de 2021 declara a Rendón insubsistente y en varios medios de comunicación lo señalara de tener intereses personales en EPM.
Julián Quintana, abogado de Rendón, explicó que luego de la salida de su cliente de EPM se trazaron dos estrategias jurídicas: una en la jurisdicción contencioso administrativa y otra de carácter penal.
Según señala el litigante, en el proceso penal buscan probar cómo el alcalde Quintero habría mentido al decir que Rendón era un mal funcionario, que durante su gestión hubo un tráfico de influencias al interior de la compañía y que tenía intereses oscuros en el proyecto de Hidroituango, pretendiendo favorecer a uno de sus contratistas.
Mientras por un lado se demandó el decreto que lo declaró insubsistente, por otro se interpuso una denuncia por los delitos de injuria y calumnia. Esta última, asignada a la fiscal novena delegada ante la Corte.
“¿Por qué un funcionario público, que debe dar ejemplo por su condición de autoridad, no acude a los llamados de la Fiscalía?”, cuestionó el abogado Quintana.
Aunque el alcalde aún no se pronuncia sobre el tema, a través de sus redes sociales difundió varias publicaciones documentando su visita a la ciudad de Nueva York, en donde participa del Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.
Este evento reúne a alcaldes de otras ciudades del mundo para compartir proyectos y conocimientos en torno a las coyunturas globales.
Según explicó la fiscal, los siguientes pasos del proceso consistirán en la formulación de un plan metodológico de ese ente investigador, la emisión de órdenes a la Policía Judicial y la delegación del CTI para que comience a recopilar el material probatorio.
