Para muchos sigue siendo utópico. Otros creen que es insuficiente. Si bien la política pública para habitantes de calle aprobada por el Concejo el sábado pasado divide opiniones, también pone a Medellín, en el contexto nacional, un paso adelante en la solución de esa problemática.
El acuerdo suscrito plantea, sustancialmente, que las administraciones entrantes se verán comprometidas a iniciar un tratamiento de desintoxicación y resocialización para las personas que llegaron a esa condición.
También establece que los adictos a las drogas y que utilicen el espacio público para pernoctar, cometer infracciones o acciones delictivas relacionadas con el consumo de estupefacientes, podrán ser llevados a iniciar un proceso de resocialización en una de las tres granjas con que actualmente cuenta la ciudad para el tratamiento de esos casos.
La tarea no será fácil. Un estudio reciente de la Universidad de Antioquia estableció que en la ciudad hay 3.250 habitantes de calle, es decir, personas que no tienen un hogar dónde ir a dormir o a quienes sus familias los rechazaron.
En otro plano, que así mismo requiere atención, están 15.000 personas más, consideradas en situación de calle, que están en el rebusque a través de labores como el reciclaje o el comercio informal de chatarra.
Según el concejal, Ramón Emilio Acevedo, coordinador de la ponencia de política para habitantes de calle, establecida en el proyecto de acuerdo número 332 de 2015, inicialmente se debe trabajar en su desintoxicación, bajo la tutoría de un siquiatra.
Luego, las autoridades de la ciudad están obligadas a brindarles el resto del tratamiento en unas granjas, en donde harán un trabajo de ‘deshabilitación’ de su condición de calle, les buscarán la familia y les harán estudio de perfil laboral.
“Esto obliga a que todas las vicealcaldías y secretarías de la ciudad aporten a la solución de la problemática”, anota.
Acevedo coincide con las autoridades locales en que mucho del contenido de la política suscrita ya ha tenido avances. No obstante recalca que se debe avanzar en el proceso de desintoxicación para luego llevar a los pacientes a las granjas donde se les hará un trabajo de reinserción psicológica y social para vincularlos a una dinámica laboral.
Trabajarán en cooperativas
Una de las apuestas significativas, y que será de obligatorio cumplimiento para la próxima administración de Medellín, es la creación de cooperativas en las que los habitantes de calle que se resocialicen puedan trabajar.
La política pública establece que quienes superen las fases de desintoxicación, que se rehabiliten y adquieran un compromiso real para dejar la calle, se podrán desempeñar en labores de aseo, orfanato o como ‘guardaparques’, es decir, cuidando los espacios públicos que antes habitaron y en los que consumían alucinógenos alejando al resto de la ciudadanía.
Juan Carlos Giraldo, vicealcalde de salud, aclara que una de las cooperativas se especializará en recolección de basuras y reciclaje. La otra será de jardineros que trabajarán en la intervención de Parques del Río y el Jardín Circunvalar.
“Ahí los atenderemos y vincularemos laboralmente. Para el éxito de esa estrategia estamos tocando las puertas de la empresa privada, para que nos ayuden”, apunta.
Ya se avanza en la política
Hoy en Medellín, asegura Giraldo, hay 440 habitantes de calle en proceso de desintoxicación, a los que se busca reintegrarlos de manera digna a la sociedad.
Comenzaron por intervenir a los niños, que además de estar a la intemperie tenían adicciones a las drogas y enfatiza que hoy no hay ninguno en situación de calle. Adicionalmente rescataron a mayores de 50 años a quienes llevamos a la granja el Carpín.
“El 98 por ciento del habitante de calle tiene una o más adicciones. Eso nos dijo que el problema era de salud y el enfoque debía hacerse desde lo humano, dignificándolos”.
Para trabajar la estrategia de manejo de estas personas, la próxima Administración podrá tomar mano de recursos por un valor superior a los 799.000 millones de pesos, asignados en el presupuesto general del Municipio para 2016, dentro del componente social.
En el cuatrienio la inversión exclusiva para la problemática fue de 40.000 millones de pesos, entre los que se cuenta la ubicación de 60 adultos mayores en la granja Carpín, y la asignación de recursos extras del Fondo Medellín para la Vida, con el objetivo de crear otros 100 cupos.
La sede en Copacabana del Hospital Mental también recibió a 70 personas y proyectan una extensión para ampliar la cobertura.
“Estas personas recuperaron su voluntad y quieren rehabilitarse, para entrar a una fase de vida productiva”, señala Giraldo, al tiempo que dice que en el Centro Vida tres, en el Córdoba del Centro, otro de los lugares donde se albergan, estas personas asisten a talleres productivos, carpintería y jardinería.
Ollas mostraron el problema
Los operativos de intervención a las ollas de vicio en Medellín, desde hace dos años, visibilizaron la problemática de habitantes de calle y obligaron a las autoridades a tomar determinaciones de fondo para enfrentar la problemática.
Para Giraldo, la situación, en toda su dimensión salió a flote en los operativos del sector del río (Plaza Minorista) y la Avenida De Greiff.
“Tomamos la decisión de alinear dependencias para que tomáramos a estas personas de las calles, a quienes estaban intoxicados, y las lleváramos a procesos de desintoxicación con base en modelos que dicen que ellos pueden generar alteraciones y daños a la comunidad”, afirma.
El antropólogo, Gregorio Henríquez, denuncia que durante las intervenciones a ollas de vicio, imperó la fuerza sobre el trato humano.
Así mismo, aclara que no se ha cumplido con la dignificación de estos habitantes de Medellín.
Los rostros de la desgracia
Un reciente trabajo de exploración en las calles, realizado por EL COLOMBIANO, reveló la difícil situación de Mary Sepúlveda, quien lleva cuatro de sus 26 años a la intemperie.
“Terminé aquí porque el vicio es así. Me la rebusco pidiendo la moneda. Antes estaba en el río pero el Esmad nos sacó de allá. Me vine pa’ acá porque pa’ dónde más nos vamos a ir”, afirma mientras fuma bazuco.
Elkin González, en cambio, es un joven de Montería, que a pesar de que cayó en la drogadicción y fue habitante de calle hoy hace parte de la Casa de Acogida para Jóvenes, que patrocinan la Alcaldía y la Pastoral Social.
“Llevo cinco meses sin probar la cocaína, y cuatro meses sin marihuana, no quiero volver al infierno de las calles”, anota.
Personas como Mary, según Giraldo, con la nueva política pública pueden ser conducidas por las autoridades para tratamiento médico “porque cuando tienen una extrema adicción tienen pérdida de su voluntad”.
Para el secretario de Inclusión, Héctor Fabián Betancur, entre los más de 3.000 habitantes de calle, 2.700 acceden voluntariamente a los servicios del programa que para su atención lidera esa dependencia.
Dentro de los pendientes en la estrategia de habitantes de calle, está la recuperación de otras 300 personas de la Avenida de Greiff con adicción a las drogas, el 80 por ciento habitantes de calle. En total, reportan las autoridades, han intervenido a 606 habitantes, pero no ha habido capacidad para recibirlos a todos.
“Se requiere intervención de urgencia, campañas, tratamientos médicos. Ellos van a una fase de recuperar la conciencia y voluntad”, concluye Giraldo.
