La Personería de Medellín, con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, será la encargada de liderar la mesa de trabajo de seguimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena solucionar la crisis de hacinamiento en los centros transitorios de detención de Medellín, estaciones de Policía y el búnker de la Fiscalía.
El fallo de la Corte, que es de obligatorio cumplimiento, ordena a la Alcaldía de Medellín, a la Gobernación de Antioquia, al Ministerio de Justicia, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y al Inpec, dar solución inmediata a la crisis de hacinamiento en los centros transitorios de detención de Medellín, y en un plazo de 48 horas se hagan efectivos los traslados de aquellos presos que tienen cupo en prisión y los que ya tienen condenas y se hagan efectivas las órdenes de detención domiciliaria.
El personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, afirmó que la mesa de trabajo de seguimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia se reunirá cada 15 días para analizar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional.
“Desde principios de año se instauraron diferentes acciones ante la Corte en favor de estas personas que se encuentran en las estaciones de policía viviendo una situación tortuosa, indignante y violatoria de los derechos humanos, la solución a esta problemática no puede dar espera”, dijo.
El gobernador Luis Pérez Gutiérrez declaró ayer al término del consejo de seguridad que para evacuar las estaciones de policía, se va a estudiar la posibilidad de llevar a las personas privadas de la libertad a los localidades antioqueñas, propuesta impulsada por la Secretaría de Gobierno y las administraciones municipales. Reiteró que es necesario hacer una ley para modificar el Sistema Penitenciario y Carcelario que apoye la seguridad, “porque hoy cada delincuente en la cárcel posee una oficina digital que le permite estar despachando los negocios del microtráfico, extorsionando y otros delitos”.
Sobre la colonia agrícola de Yarumal, Pérez afirmó están a la espera de lograr un aval para reactivar la construcción del proyecto penitenciario, con capacidad para 1.328 internos, que es la carta de salvación con la que las autoridades locales esperan resolver la crisis carcelaria del departamento. La Gobernación de Antioquia, indicó Pérez, va a poner $2.400 millones más para actualizar los diseños iniciales que no cuentan con estudios estructurales ni cumplen la norma de sismorresistencia .
