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Publicado el 25 de noviembre de 2021
Procuraduría y Contraloría movieron el caso ayer, mientras se negocia una nueva prórroga.
A 37 días de que se acabe el contrato con los consorcios que lo construyen, Hidroituango solo genera incertidumbre. Como si no fuera suficiente con la relación distante entre EPM y los contratistas para negociar los términos y cláusulas de una nueva prórroga, autos de los entes de control y más recursos agitaron este miércoles la movida y mantienen en vilo la definición de qué pasará después del 31 de diciembre, fecha en la que terminan las obligaciones de los actuales constructores.
La madeja parecía desenredarse temprano cuando la Procuraduría General de la Nación negó la recusación interpuesta por la exsecretaria de Planeación de Antioquia, María Eugenia Ramos Villa, en contra de ese organismo y la Contraloría General de la República, por presuntamente no dar garantías en el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta.
Fue ese recurso el que frenó desde octubre pasado la definición de la segunda instancia del proceso, que en primer término responsabilizó con culpa grave a 26 funcionarios y empresas, entre ellas los actuales constructores, por el presunto detrimento patrimonial de $4,3 billones.
Ramos Villa había formulado aquella recusación en contra del contralor Carlos Felipe Córdoba y la procuradora Margarita Cabello, entre otros servidores públicos, argumentando que estos no otorgaban garantías de imparcialidad de cara a las decisiones pendientes en el caso. La Procuraduría rechazó por “improcedente” la recusación y aclaró que ya no procedía ningún recurso.
Negada la recusación, le correspondía al contralor Córdoba responder a la solicitud de Ramos. El funcionario tampoco aceptó los argumentos de la exsecretaria de Planeación y por eso la cuenta regresiva para conocer el fallo de segunda instancia se reactivó.
Ese fallo es esperado por todos los que tienen que ver con el megaproyecto porque, si queda en firme antes de terminar el año, el proceso se va a cobro coactivo y todos los implicados saldrían en el boletín de responsables fiscales, lo que significa que para seguir contratando con empresas del Estado, como lo es EPM, los 26 implicados tendrían que pagar los $4,3 billones.
Pero el camino, que parecía ya despejado en la Contraloría General, de nuevo se empantanó porque al mediodía el exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial, Sergio Fajardo Valderrama, radicó otra recusación contra el contralor Córdoba porque, a su criterio, este no podía pronunciarse sobre el recurso de María Eugenia Ramos.
“El contralor sabe que está impedido para decidir”, expresó Fajardo, quien añadió que su recurso debe ser remitido a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. “Agotaré los recursos que tenga para demostrar que la actuación de la Contraloría no es correcta”, añadió.
El equipo jurídico de la entidad está revisando cuál es el paso a seguir con la recusación radicada por Fajardo, aunque abogados consultados anticiparon que los términos se suspenderían de nuevo mientras este recurso se resuelve.
¿Habrá prórroga?
Semanas atrás, ante la incertidumbre de cuándo se conocería la segunda instancia del proceso y sin poder ampararse en fallos en firme para justificar cambios de contratistas, los vientos en EPM giraron hacia una nueva prórroga con los consorcios actuales.
El jueves pasado, la junta directiva aprobó vigencias futuras ordinarias para 2022, asignadas en forma directa a las obras principales de Hidroituango, con lo que la empresa quedó habilitada para firmar la prórroga del contrato actual del proyecto.
Esta decisión está encaminada, según añadió, a garantizar la continuidad de las actividades de construcción del proyecto que debe encender sus dos primeras unidades de energía antes del 30 de noviembre de 2022, so pena de millonarias multas. Un día después, el 1 de diciembre, vence el compromiso ante la Creg para tener funcionando dos unidades y ya hubo una multa por 43 millones de dólares por los incumplimientos tras la crisis de 2018.
Esa nueva ampliación del contrato correspondería al tiempo mínimo para encender dos unidades, que sería de al menos ocho meses, mientras se realiza una nueva licitación para el porcentaje final de ejecución. Costaría $400.000 millones, sin embargo, las negociaciones para acordar los términos no han sido fáciles.
Un dato al respecto: el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, dijo el pasado 4 de noviembre que en una semana se vería humo blanco sobre la renovación, pese a ello, pasaron esa y dos semanas más y aún no se conoce una definitiva.
“Se está pactando para que ellos estén en la entrega de las unidades de generación 1 y 2, si antes de ello no ha ocurrido el fallo de la Contraloría”, dijo el alcalde Daniel Quintero el pasado lunes.
Las obras del proyecto cerraron en octubre con el 85,8% de ejecución y la única certeza hoy es que su continuidad está asegurada solo hasta el 31 de diciembre. En estos 37 días se deberá conocer qué pasará con el proceso de la Contraloría y con la negociación de la prórroga. La cuenta regresiva no se detiene.
Contexto de la Noticia
Paréntesis otra definición pendiente
Antes de que acabe el año se debe conocer otro hito del proyecto. La firma suiza-finlandesa Pöyry debe entregar el informe sobre la estabilidad de Hidroituango, requisito que pide la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para levantar la resolución 820 que en junio de 2018 suspendió las actividades relacionadas con la etapa de construcción regular. Una vez se entregue el dictamen pericial, los expertos de la Anla y de Pöyry deben sentarse a resolver dudas, hacer visita de campo y dar dictamen definitivo, a más tardar, iniciando el segundo trimestre del año. Levantar la resolución vigente permitirá el encendido de las dos primeras unidades de generación.
Redactor del Área Metro. Interesado en problemáticas sociales y transformaciones urbanas. Estudié derecho pero mi pasión es contar historias.
