A 37 días de que se acabe el contrato con los consorcios que lo construyen, Hidroituango solo genera incertidumbre. Como si no fuera suficiente con la relación distante entre EPM y los contratistas para negociar los términos y cláusulas de una nueva prórroga, autos de los entes de control y más recursos agitaron este miércoles la movida y mantienen en vilo la definición de qué pasará después del 31 de diciembre, fecha en la que terminan las obligaciones de los actuales constructores.
La madeja parecía desenredarse temprano cuando la Procuraduría General de la Nación negó la recusación interpuesta por la exsecretaria de Planeación de Antioquia, María Eugenia Ramos Villa, en contra de ese organismo y la Contraloría General de la República, por presuntamente no dar garantías en el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta.
Fue ese recurso el que frenó desde octubre pasado la definición de la segunda instancia del proceso, que en primer término responsabilizó con culpa grave a 26 funcionarios y empresas, entre ellas los actuales constructores, por el presunto detrimento patrimonial de $4,3 billones.
Ramos Villa había formulado aquella recusación en contra del contralor Carlos Felipe Córdoba y la procuradora Margarita Cabello, entre otros servidores públicos, argumentando que estos no otorgaban garantías de imparcialidad de cara a las decisiones pendientes en el caso. La Procuraduría rechazó por “improcedente” la recusación y aclaró que ya no procedía ningún recurso.
Negada la recusación, le correspondía al contralor Córdoba responder a la solicitud de Ramos. El funcionario tampoco aceptó los argumentos de la exsecretaria de Planeación y por eso la cuenta regresiva para conocer el fallo de segunda instancia se reactivó.
Ese fallo es esperado por todos los que tienen que ver con el megaproyecto porque, si queda en firme antes de terminar el año, el proceso se va a cobro coactivo y todos los implicados saldrían en el boletín de responsables fiscales, lo que significa que para seguir contratando con empresas del Estado, como lo es EPM, los 26 implicados tendrían que pagar los $4,3 billones.
Pero el camino, que parecía ya despejado en la Contraloría General, de nuevo se empantanó porque al mediodía el exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial, Sergio Fajardo Valderrama, radicó otra recusación contra el contralor Córdoba porque, a su criterio, este no podía pronunciarse sobre el recurso de María Eugenia Ramos.
“El contralor sabe que está impedido para decidir”, expresó Fajardo, quien añadió que su recurso debe ser remitido a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. “Agotaré los recursos que tenga para demostrar que la actuación de la Contraloría no es correcta”, añadió.
El equipo jurídico de la entidad está revisando cuál es el paso a seguir con la recusación radicada por Fajardo, aunque abogados consultados anticiparon que los términos se suspenderían de nuevo mientras este recurso se resuelve.
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