El alcalde Daniel Quintero y el gerente de EPM, Jorge Carillo, parecen estar encartados con Hidroituango. La estrategia de que con la ratificación del fallo de la Contraloría podían cambiar de contratistas se les está enredando. Y hoy, a 28 días de que termine el contrato con el consorcio constructor, no tienen aún la fórmula mágica para sacar adelante esta megaobra que va a producir el 17% de la energía del país.
EL COLOMBIANO consultó varias fuentes del proyecto y logró descubrir lo que está ocurriendo en las entrañas del edificio inteligente.
Les tocó empezar a pagar
Lo primero es la sorpresa que dio EPM al anunciar ayer en la madrugada que llegó a un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para pagar de manera anticipada la deuda de 450 millones de dólares del proyecto Hidroituango.
El BID ha sido una suerte de piedra en el zapato para el alcalde Quintero, pues la demanda que interpuso contra el consorcio constructor, que provocó la renuncia de la junta directiva de EPM en agosto del año pasado, no fue bien vista en la sede del Banco en Washington por lo que consideraron una violación del alcalde a los principios del Gobierno Corporativo.
Por esos antecedentes, se podría pensar que el alcalde como presidente de la junta de EPM decidió prepagar para no seguir con la marcación hombro a hombro que le hacía el BID ante cada movimiento en Hidroituango. Pero también es cierto que, más que llegar a un ‘acuerdo’, lo que en realidad ocurrió fue que EPM se vio obligado a anunciar pago anticipado porque no cumplió con un hito del contrato de crédito con el BID: según el cual para el 30 de octubre tenía que tener claro quienes eran los contratistas que iban a garantizar la continuidad de la obra ya fuera el consorcio actual o uno nuevo.
Y si bien el BID les podría dar espera, como eso no lo tienen definido, corrían el riesgo de que en cualquier momento los llamara a cobrarles cuentas y de llegar a ese punto entraban en la figura de cross default que significa que los demás acreedores les comenzarían también a cobrar y en ese caso EPM se vería en serias dificultades para responder.
Anoche EPM publicó un comunicado en el cual anunció que pagará los 450 millones de dólares este mes de diciembre. La mayor parte, 344 millones de dólares, los sacará de cuentas bancarias en dólares y Time deposits, y 840.000 millones de pesos de cuentas bancarias en Colombia, del pago de los usuarios por prestación de servicios públicos. La vicepresidenta de Finanzas e Inversiones, Martha Lucía Durán, explicó que con el pago anticipado no se pone en riesgo la suficiencia financiera de EPM, pues hay suficiente capacidad de caja para asumirlo.
Para Mauricio Restrepo, exgerente de EPM, este prepago no es un buen escenario: “Genera mucha incertidumbre. Sin la presencia del BID en EPM otros acreedores no querrán seguir participando con su capital y podrían reclamar sus deudas. Otro pésimo mensaje para la banca nacional e internacional y las calificadoras de riesgo”.
El extraño comunicado de EPM
Según fuentes del alto gobierno, otro episodio que rebosó la copa del BID, es que no cayó bien la insinuación de que EPM podría tomar control —lo que algunos calificaron como ‘expropiar’— de los campamentos y los equipos de los constructores de Hidroituango para poder continuar la obra sin el consorcio.
Esa ‘toma de control’ no solo no es legal, sino que así se tomen los campamentos, los equipos de información y las plantas, EPM no tiene capacidades para asumir la construcción de la obra.
Como si fuera poco, detrás de esta historia hay algo que no encaja y que deja un mal sabor. Se comenzó a hablar de “toma de control” y de ‘expropiación’, porque el lunes en la noche, Semana.com y otros medios lo publicaron. En el portal se lee que EPM había solicitado activar el PMU (Plan de Mando Unificado), el jueves 2 de diciembre, con Gestión del Riesgo de Desastres del gobierno nacional “con el objetivo de tomar control sobre los campamentos y equipos críticos ante la inminente salida de los contratistas”.
Este diario consultó con medios en Bogotá y la respuesta fue que la información les había llegado desde la Alcaldía de Medellín. Incluso, el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, retuiteó el trino de Semana que contenía esta información, del lunes 29 de noviembre.
Pero al día siguiente, extrañamente, resultó que esa información no era cierta. Era una especie de comunicado falso. El martes, llegó un comunicado oficial de EPM en el que ya no hablaba de toma de control, decía que iba a exponer los riesgos en el PMU y al final declaraba “este es el único comunicado que ha emitido EPM sobre la sesión del PMU”. Una manera de desmentir el anterior sin mencionarlo.
El plan Mireya no es como lo pintan
No está claro entonces si EPM si pretende o no ‘tomar el control’ de los campamentos. Lo cierto es que el alcalde Quintero habló la semana pasada del Plan Mireya. Que es otra manera de decirle ahora al Plan B.
Uno de los miembros de la junta directiva comentó que en el último mes han hablado del Plan Mireya y explicó que han evaluado la posibilidad de que otro contratista de Hidroituango asuma parte de la construcción. EL COLOMBIANO revisó los posibles contratistas y encontró que se trataría de Shaer, un subcontratista de General Electric en la obra de Hidroituango.
Sin embargo quedan abiertos dos interrogantes: ¿Esa firma tiene el músculo y la trayectoria para asumir como constructor principal esta megaobra? ¿EPM podría hacer contratación directa?
No encuentran como seguir la obra
Así pues, el famoso Plan B del que tanto se ha hablado, para continuar la obra sin el consorcio constructor, tiene serios problemas.
Si bien, entre mañana sábado y el lunes EPM publicará los pliegos de la licitación para conseguir el nuevo contratista que remplace al consorcio, esa es la parte fácil y lo que viene es complicado.
Primero, ningún constructor serio quiere medírsele a ese desafío tan arriesgado. Uno de los posibles constructores habló con EL COLOMBIANO y le dijo que lo mejor era que el consorcio llegara hasta la prendida de las turbinas 1 y 2, porque mientras el agua siga saliendo por el vertedero no es posible estabilizar la obra.
Segundo, y se deriva del primero, no hay posibilidad de que ninguna aseguradora dé una póliza para ese nuevo contrato. El gerente Jorge Carrillo ha tratado de salir al paso y cuando se venció la póliza todo riesgo y ninguna compañía accedió a renovarla dijo que EPM crearía un fondo de autoseguros de 23 millones de dólares. Falta ver si ese ‘autoseguro’ se puede utilizar para un nuevo contratista.
La pregunta es ¿cuándo van a adjudicar? No se ha visto en la historia del país que se adjudique un contrato de estas dimensiones (el total sería de 4,1 billones) en menos de un mes. En el mejor de los casos se tomarían seis meses, tal y como lo dijo el gerente de EPM a este diario en una entrevista reciente.
Paradójicamente, el alcalde Quintero que tanto promovió el fallo en la Contraloría General contra el consorcio de Hidroituango, ahora no tiene claro cómo salir del problema porque el fallo inhabilita a los constructores. No se descarta que apelen a una autoridad judicial para que ponga en pausa los efectos del fallo.
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