Las banderas de la lucha por los derechos humanos que ondeó Jesús María Valle no las recogió otro líder. Su legado está en manos de varios grupos que hoy, tras 20 años del asesinato del abogado y profesor universitario, siguen promulgando la paz.
En Ituango, municipio marcado por la violencia durante décadas y al que Jesús María defendió denunciando alianzas criminales y actividades ilegales, un grupo de personas marcharon este martes para conmemorar las dos décadas del magnicidio.
El historiador Rafael Rincón describe a Valle como un humanista defensor de la libertad y la justicia. Un hombre vinculado más a las organizaciones sociales que a la institucionalidad, aunque tuvo su paso por el Concejo de Ituango y fue diputado de la Asamblea departamental por el Partidor Conservador.
“Fue un catedrático, gran orador, un héroe de la llamada revolución social. Su muerte fue consecuencia de las denuncias de la vinculación de Fuerzas Armadas y autoridades en las masacres de La Granja y El Aro”, comentó en alusión a los ataques de grupos paramilitares en esos dos corregimientos de Ituango, en junio de 1996 y octubre de 1997.
Para Luz Dary Ruiz, socióloga, docente de la institución universitaria Colegio Mayor, y quien adelanta una investigación sobre la historia de activistas en Antioquia, el legado del defensor está plasmado en el Comité Permanente de Derechos Humanos, que nace de una iniciativa de los 80 que presidió Héctor Abad Gómez y quien también fue asesinado.
“El Comité tuvo cuatro presidentes que fueron asesinados, y la mayoría de sus integrantes están en el exilio. Desde el 2017 un grupo de jóvenes, también sindicalistas, activistas, personas que recibieron cátedra por parte de Jesús María, retomaron el colectivo, que tiene personería jurídica. Continúan trabajando temas de víctimas, acuerdo de paz”, señaló.
Juan Guillermo Valle, sobrino de Jesús María, recuerda al exconstitucionalista Carlos Gaviria y a Héctor Abad Gómez como personas que acompañaron la defensa de los derechos humanos junto a su tío.
“Muchas personas acompañaron a Jesús María, sobre todo estudiantes de él en la cátedra que dio en la Universidad de Antioquia”, destacó.
Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 28 de noviembre de 2008, declaró al Estado colombiano responsable por no haber protegido de forma efectiva la vida de Valle, y en febrero de 2015 se llevó a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso del asesinato del líder de los derechos humanos, el crimen aún no ha sido resuelto.
“Son verdades que cuestan vidas. Las dijeron Jesús María y Héctor Abad y ese visibilizar los vínculos entre legalidad e ilegalidad generaron sus asesinatos. Hablaban duro y mostraban lo crítico que sucedía”, apuntó Ruiz.
La investigadora añadió que hay preocupación entre los defensores de derechos humanos, porque “pasen los 20 años del crimen y no sea considerado como crimen de lesa humanidad, como ocurrió con Jaime Garzón y Héctor Abad”.
Agregó que “existe riesgo de que el asesinato prescriba y es paradójico, porque si alguien en el Comité apeló a las vías jurídicas y la justicia, a los derechos humanos, fue Valle. Estableció vínculos con la Comisión Interamericana de Derecho y finalmente el crimen de él, en términos de lesa humanidad, no se ha logrado establecer”.
Sobre esa preocupación, la Fiscalía General, estableció que el término de la prescripción penal para casos como el del homicidio de Valle, se amplía hasta los 26 años.
“En lo que respeta a la presunta responsabilidad de agentes del Estado no opera el término de 20 años de prescripción de la acción penal”, dijo el ente acusador.
Respecto al homicidio de Jesús María Valle, el 27 de febrero de 1998, la Fiscalía informó que gracias a las pruebas obtenidas fue posible acusar y condenar a siete particulares: Álvaro Goéz Mesa, Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán, Carlos Castaño Gil, Isaías Montes Hernández, Francisco Antonio Angulo Osorio y Jaime Alberto Angulo Osorio.
Así mismo, indicó el ente acusador que, en su momento, acusó a los hermanos Angulo Osorio como los determinadores del crimen. El Juzgado Quinto Penal de Circuito Especializado de Medellín y la Sala Penal del Tribunal de Medellín los condenaron como coautores. El Tribunal Superior de Medellín, en 2017, confirmó la sentencia condenatoria contra estos y compulsó copias para que fuera investigada la presunta responsabilidad de agentes del Estado.
La Fiscalía, además, vinculó a la investigación a seis personas más quienes en la etapa del juicio fueron absueltas por la judicatura.
