Cada vez que se debate sobre la renovación del Centro de Medellín se habla de recuperar edificios y zonas patrimoniales, mejorar la movilidad, construir nuevos espacios para el ocio y la cultura, ordenar el comercio y tantas otras propuestas. Sin embargo, pocos hablan de la más elemental de las necesidades que puede tener la comuna 10 cuyo abordaje sigue siendo esquivo: la disponibilidad de baños públicos.
Para la mayoría del millón de personas que transita diariamente este punto de la ciudad solucionar una necesidad fisiológica puede convertirse en una odisea. En el mejor de los casos, el Centro ha llegado a tener 17 puntos con baños públicos portátiles en sitios álgidos como los parques de San Antonio y el Periodista, operados por un contratista. No es una medida estética ni definitiva, pero sí útil, sobre todo para vendedores ambulantes, taxistas, habitantes de calle y hasta turistas.
Sin embargo, hoy la comuna 10 no cuenta ni siquiera con esa medida práctica pues por ley de garantías no se renovó el contrato, tarea que le compete a la Secretaría de Seguridad.
Hace cuatro meses la Gerente del Centro, Mónica Pabón, propuso durante un Consejo de Gobierno, como posible solución de fondo al problema, que los comerciantes asumieran el manejo de unas baterías sanitarias en locales ubicados en las zonas más criticas del Centro, con un cobro accesible y con parte de dicho servicio subsidiado por parte de la Alcaldía, para que pudiesen ser usados por habitantes de calle y personas sin recursos.
Posteriormente, hubo algunas reuniones con los comerciantes y los actores del Centro pero la propuesta se fue enfriando y el asunto quedó en un punto muerto.
Daniel Manzano, director ejecutivo de Asoguayaquil, dijo que aunque el gremio comercial está abierto al diálogo con la Alcaldía la propuesta no cuajó por dos razones. Primero, porque en puntos álgidos como la Plaza de Cisneros y sus alrededores, donde a diario padecen los riesgos de salubridad (sobre todo por la presencia de habitantes de calle, pero también de turistas) no fue posible hallar locales disponibles donde adecuar servicios sanitarios.
Otro punto donde se planteó la posibilidad de acondicionar estos baños o acordar el uso de los baños de establecimientos comerciales fue en los alrededores del Business Plaza, rodeado por negocios de implementos de aseo.
Sin embargo, los comerciantes manifestaron su rechazo a esta opción por el temor de que esto les implicara nuevamente tener que lidiar con problemáticas como el consumo de drogas y la inseguridad, en un sector que, resalta el vocero de Asoguayaquil, ha luchado mucho para sanear su entorno.
Y es que lastimosamente las pocas experiencias de servicios sanitarios inclusivos en la comuna 10 han arrojado resultados desalentadores.
Justamente apenas hace un par de meses la Fundación EPM decidió nuevamente habilitar el baño de la Biblioteca en el soterrado de la Plaza Cisneros que había cerrado luego de que se convirtiera en un foco de inseguridad y consumo de drogas.
Esto, por lo menos, mitiga los riesgos de salubridad a los que se veían expuestos miles de empleados del centro administrativo que cruzan diariamente la Plaza.
En San Antonio también funcionan unos baños públicos que amortiguan la contaminación de desechos humanos que afecta a esta concurrida zona. Su costo, sin embargo ($800 por persona), deja por fuera a gran parte de la población que puede necesitar el servicio.
Por ahora, el ejemplo que más se acerca a una solución replicable es el de las baterías sanitarias en el sector de Villanueva, según considera Jorge Mario Puerta, director ejecutivo de Corpocentro.
Tiene un costo de $300 por persona y Puerta resalta que lo opera un privado con una atención limpia, digna y un horario amplio.
La solución de fondo, a su juicio, es hallar unos puntos estratégicos para instalación sanitaria fija, a cargo de privados y que tenga vinculación de la Alcaldía mediante algún subsidio.
Sin embargo, el directivo advierte que no es fácil lograrlo porque los puntos que cumplen con las especificaciones técnicas para montar baños públicos no abundan y es necesario que los empresarios entiendan que más que rentabilidad este asunto hay que entenderlo como un tema social. Es decir, la retribución para los privados es tener espacios dignos en el Centro sin problemas de contaminación que afecten su actividad comercial.
Mónica Pabón señala que desde la Gerencia del Centro tratan de aportar una idea de alianza público privada para entregar una solución definitiva, “pero todavía no da frutos por las dificultades con los habitantes de calle”.
Desde 2019 la Agencia APP trabaja en la idea de sacar adelante un proyecto que permita la construcción de una red de unidades sanitarias y dispensadores de agua ecológicos de última generación, pero hasta ahora no hay privado que se le mida por el miedo de que estos espacios acaben deteriorados en un abrir y cerrar de ojos .