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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un comunicado ayer en el que desmiente las declaraciones dadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle sobre las medidas cautelares tramitadas para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el área de influencia del proyecto Hidroituango. Las declaraciones fueron hechas por el mandatario en la entrevista publicada por EL COLOMBIANO (páginas 3-4), el pasado domingo.
A la pregunta de contrataciones externas por $7.000 millones para la defensa jurídica de EPM, el alcalde Quintero respondió:
“EPM tiene demandas que le valdrían billones de pesos porque a nosotros sí nos demanda todo el mundo. Por ejemplo, la JEP nos inició un proceso cuyo resultado puede suponer perder toda la represa y habría que desmantelarla. Nosotros decimos que de ninguna manera y a Hidroituango lo tenemos que sacar adelante porque ¿cuánto vale parar la represa?”
La JEP respondió que: “Solo ha ordenado una inspección judicial aérea, terrestre y fluvial del área de influencia del proyecto Hidroituango” y que “la JEP no ha ordenado ni considerado en ningún momento un desembalse de la represa de Hidroituango. Cualquier afirmación contraria es falsa”.
En el comunicado, la Jurisdicción agrega que continúa avanzando en la práctica de pruebas, en relación con las medidas cautelares para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el área de influencia del proyecto Hidroituango.
Cabe recordar que entre las pretensiones del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, (organización que solicitó las medidas cautelares ante la JEP para la protección de 16 lugares donde presuntamente hay inhumados cuerpos de desaparecidos) están, para la zona de influencia del proyecto Hidroituango, las gestiones para que se suspendan los procesos de explotación minero energéticas y otras que “ponen en riesgo la conservación de los restos de las personas dadas por desaparecidas” (para entonces Movice pedía evitar el llenado de la presa, que se protegieran los cementerios municipales y se promoviera la protección de los restos humanos).
A la pregunta de cómo ejerce el control de austeridad en EPM, tras las denuncias del Sindicato de Profesionales de EPM, Sinpro; Quintero dijo que “varios de los hoy investigados y que tomaron decisiones hacen parte activa de Sinpro y han dicho mentiras: dijeron que el gerente tenía una oficina de $3.000 millones y era mentira. Cuando llegamos al nivel en el que se pasa la línea de la verdad a la del chisme eso no solo le hace daño a la empresa que tiene bonos, sino que deja en duda la institucionalidad de Sinpro y sus objetivos. ¿Por qué tantas mentiras?”.
En carta enviada a la dirección de este diario, Sinpro afirmó que el propósito del mandatario, “ha sido el uso continuo de las mentiras contra aquellos que graduó de enemigos desde los días de la campaña electoral”.
Sobre la denuncia por remodelaciones de las oficinas de la gerencia general en Medellín y Bogotá, señaló que “con suficientes pruebas (documentos oficiales de EPM) demostramos que (dichas remodelaciones) tienen un costo superior a los $3.000 millones. Lo anterior desmiente al señor alcalde quien nos tilda de mentirosos. Lo curioso es que con ello trata de responder otra pregunta: la de las contrataciones externas por $7.000 millones para la defensa jurídica. Nada tiene que ver un contrato con el otro”.
Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.
Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.