viernes
8 y 2
8 y 2
En 30 municipios, la tramitomanía sigue enredando a los ciudadanos
El Departamento
de la Función Pública revela que se deben simplificar 195 trámites de todo tipo de documentos.
-
Aunque las leyes antitrámites busquen la virtualidad, los procesos no son ágiles como se esperaría. FOTO juan antonio sánchez
16 de septiembre de 2022
bookmark
Como las normas se hicieron para cumplirlas, en algunas localidades de Antioquia no lo están haciendo, al menos en la aplicación de la Ley Antitrámites y por esto el Departamento Administrativo de la Función Pública las puso en evidencia y les exigió que lo hagan lo más pronto que puedan.
Son 30 municipios cuyas entidades territoriales no han ajustado sus procesos a los de la Ley 2052 de 2020 (antitrámites), que debía estar en plena ejecución al 31 de diciembre de 2021, pero no hay tal. Y los ciudadanos siguen padeciendo las molestias y perjuicios de la tramitomanía de documentos. La vida sigue difícil para los de a pie.
En la lista figuran ocho municipios del Vale de Aburrá: Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, La Estrella, Barbosa, Sabaneta y Copacabana, pero hay localidades de todas las regiones. Los trámites que requieren proceso de racionalización en Antioquia son 195.
Según el ente administrativo, los que debe ajustar esta seccional están relacionados con salud, educación, deporte, vivienda, industria y comercio, servicios públicos y animales.
Un exalcalde del Occidente recalca que la exigencia de un certificado de uso del suelo, por ejemplo, no se puede suprimir. “Hay documentos que son esenciales para el funcionamiento de los entes estatales. Si bien la mayoría de municipios tienen sus Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) con vigencia para 20 o 22 años, los usos del suelo son fundamentales para el trámite siguiente y no se pueden bajar”, dijo.
Recalcó, por ejemplo, que lo que se puede simplificar son los procesos, pues hay trámites que incluyen prohibidos, restringidos y permitidos que enredan a la gente. Si son del campo puede ser más complejo, dado que muchos no manejan la virtualidad y algunos ni saben leer ni escribir.
Lista en mano
Función Pública precisó que los trámites a simplificar se concentran en entidades y en alcaldías. En el país en total son 2.900 trámites y otros procedimientos administrativos los que deben ser simplificados. Y con la lista mencionó uno a uno los documentos con tramitomanía por corregirse.
Con los trámites se busca “suprimir los innecesarios, virtualizarlos o simplificarlos, que trámite que tenga diez pasos pasarlo a dos”. Entre los documentos están los impuestos predial unificado y de industria y comercio, conceptos de uso del suelo, certificados de residencia, licencia urbanística, de estratificación socioeconómica, impuesto al degüello (muy propio de los pueblos).
En municipios como Bello están la dispensación de medicamentos y dispositivos en el Hospital Mental, así como la asignación de citas. En Envigado hay que ajustar a la norma el pago de las cesantías parciales a docentes oficiales y en Medellín hay trabas o complicaciones para los certificados de libertad y tradición de un vehículo, la expedición de un duplicado de licencia de tránsito vehicular y duplicados de recibos o facilidades de pago para deudores de obligaciones no tributarias. Con la tramitación de documentos relacionados con el Sisbén hay reportes en la mayoría.
Deseable pero complejo
David Suárez Tamayo, abogado constitucionalista y docente de Eafit, sin opinar sobre el caso concreto de las localidades con la dificultad, expuso que el país ya lleva expedidos siete estatutos antitrámites y todavía hay deficiencias, en parte porque cada día salen nuevas leyes que implican nuevos trámites.
“Cuando se trata de reducir trámites y procedimientos es algo dispendioso e ingrato, la última ley apunta a que todo se haga en línea, buscando siempre el acceso de los ciudadanos a la información, la cercanía, impedir que el ciudadano tenga que incurrir en gastos y que la administración sea más eficiente, por lo cual la importancia está a la vista”, indicó.
Pero recalcó que la mayoría de municipios no tiene capacidad tecnológica ni personal ni recursos para ponerse a tono con la modernidad. Incluso, reconoció que para personas de la tercera edad o rurales estos avances no facilitan sino que complican las gestiones, porque hay desbalance en el acceso a internet y gente que no domina la red. De lo deseable a lo real hay distancias aún insalvables.
“Las entidades con los menores puntajes tendrán el apoyo que requieran de Función Pública para identificar las oportunidades de mejora”, manifestó María del Pilar García, directora Gestión y Desempeño Institucional . n
