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El pasado 22 de noviembre el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, radicó ante la Asamblea de Antioquia el proyecto de Ordenanza No. 60 con el que pide facultades para llevar a cabo la transformación de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) en una empresa industrial y comercial del Estado (Eice), tal como lo pidió la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 21 de junio de 2018 y con un plazo de dos años.
En los seis artículos que componen el proyecto, Pérez —que está a 33 días de dejar el cargo— deja saber que quiere crear una Eice para producir licores destilados (actividad que, por ley, es monopolio del Estado), y por otro lado, crear una Gerencia de Licores adscrita a la Gobernación para manejar la distribución y comercialización que, en últimas es la que generaría los mayores recursos. Es decir, la fábrica quedaría partida en dos.
Aclara que la FLA será una marca propiedad del Departamento, y que el gobernador podrá ajustar la estructura orgánica de la Secretaría de Hacienda —de la que hoy depende la empresa—, la planta de empleados del nivel central y que “realizará los estudios necesarios para determinar la estructura de la empresa y del organismo de nivel central”.
Hoy la FLA tiene ingresos por $1,3 billones (a 2017) y según explicó el gerente Iván Correa Calderón, la empresa funciona sin junta directiva, hace y recibe pagos a través de las cuentas de la Secretaría de Hacienda, y no tiene NIT propio, por lo que factura con el mismo del Departamento.
En octubre pasado, el funcionario le dijo a EL COLOMBIANO que hoy la FLA es la única licorera del país que funciona como apéndice de una Secretaría. “¿Será por eso que somos líderes? Yo diría que sí”, señaló.
En contraste con lo breve del proyecto de ordenanza, Pérez le entregó a la Asamblea una carta de exposición de motivos para respaldar su propuesta. El documento de 37 páginas recordó que los ingresos de la FLA y los recursos que entran por impuesto al consumo de licores se consideran hoy ingresos corrientes de libre destinación (Icld, que se pueden usar para solventar parte de los gastos de funcionamiento de la Gobernación).
Pero si la empresa se convierte en una Eice con todos sus negocios —y no dividida como pretende el mandatario— la cantidad de recursos de libre destinación de la Gobernación bajarían.
“Para la vigencia 2020 se reducen los Icdl en $571.580 millones”, dice el documento. Esa reducción, agrega, afectaría el cumplimiento de la Ley 617 que indica los límites de gasto de las entidades públicas. En otras palabras, según Pérez, el departamento de Antioquia podría perder su capacidad de endeudamiento y de acceso a los créditos con el Gobierno Nacional, impactar el presupuesto de la Contraloría y hasta el salario de los miembros de la Asamblea.
El diputado Norman Correa expresó que la discusión sobre el futuro de la empresa será compleja precisamente por eso. “Si se crea la Gerencia de Licores, lo positivo es que los impuestos de facturación y otros como la renta presuntiva se quedarían en Antioquia y no en manos de la Dian. Pero tenemos muchos reparos en dividir la empresa porque eso puede abrir las puertas a que pase lo que sucedió con Une, que ya es controlada por un privado: la multinacional Millicom”, dijo.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Luis Peláez, quien dijo que hacer una escisión de los negocios de fabricación y venta generaría dos efectos no deseados: posibles despidos masivos y pérdida de valor. “La plata no está en la producción de botellas en bruto. El negocio en los licores es, precisamente, la comercialización y venta”, agregó.
El gobernador Pérez citó a los diputados hoy a las 7:30 a.m. a un desayuno para presentarles el proyecto de Ordenanza —Correa dijo que no lo conoce, Peláez confirmó que ya lo analizó— y a partir de allí se definirá el cronograma de discusión.
Y aunque el gobernador dijo que su interés es que se apruebe el proyecto antes de diciembre, ambos diputados coincidieron en que es imposible por tiempos, pues las sesiones ordinarias terminan en dos días (ver ¿Qué sigue?).
Ya hay antecedentes
EPM es el gran referente de transformación en Eice. El cambio se hizo oficial mediante Acuerdo Municipal No. 69 de 1997.
Para entonces el alcalde de la ciudad era Sergio Naranjo, y el gerente de EPM, Mauricio Restrepo Gutiérrez. Este último explicó que entre 1995 y 1997, antes de la aprobación del acuerdo, se discutió la propuesta en la academia, se les llevó a los gremios y sindicatos, y el acuerdo fue que no se modificara su naturaleza de 100 % pública. Cabe aclarar que, en el caso de la FLA, Pérez no ha planteado discusiones públicas.
“En su momento se propuso escindir las telecomunicaciones, pero no se hizo. El único cambio sustancial fue que se separó la generación de energía de la distribución”, dijo Restrepo. La separación del negocio de telecomunicaciones se aprobó en 2013.
El exdirectivo aclaró que EPM también aplicó algunas medidas especiales como la cesión del Edificio Inteligente al Municipio de Medellín (la empresa paga arriendo anual por $40.366 millones) y consideró que el resultado habla por sí solo: hoy EPM es un grupo empresarial que le transfirió al Municipio $1,28 billones este año.
A principios de octubre, Gustavo Restrepo, subsecretario Jurídico de Antioquia, dijo que se habían hecho estudios financieros y de reingeniería.
Peláez y Correa, quienes además integran la comisión que hará las primeras discusiones del proyecto, sostienen que no conocen esos documentos.
Fuentes de la Asamblea informaron que varios diputados se están uniendo para solicitar que el gobernador electo de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, tenga voz en esta discusión.
El pasado 6 de noviembre, Gaviria le dijo a EL COLOMBIANO que aunque en su anterior gobierno tuvo intenciones de vender la licorera, hoy eso no está en sus planes.
“Las circunstancias cambiaron en estos 16 años. Aprovecharemos la transformación a que nos obliga el fallo del Consejo de Estado para fortalecerla, volverla eficiente y transparente. Será 100 % pública y la llevaremos al exterior con el Ron Medellín como punta de lanza”, anticipó el mandatario electo.