Por primera vez en su historia, Emvarias enfrentará una audiencia pública para defender su plan de manejo y el estudio de impacto ambiental (EIA) con el que busca modificar la licencia y poder ampliar el relleno sanitario La Pradera, donde disponen sus residuos 48 de los 125 municipios antioqueños, incluidos los 10 metropolitanos.
El trámite, clave para el futuro ambiental y sanitario del departamento, se suma al debate que tiene el país sobre la viabilidad de los rellenos como modelo para la disposición de residuos. El último capítulo de esta problemática ocurrió en Santander, tras la orden judicial que ordenó el cierre del relleno Carrasco que presta servicio a Bucaramanga y 16 municipios más por daños estructurales que lo hacen peligroso.
Aunque debió cerrar en agosto, hoy sigue abierto bajo la figura de calamidad pública, pues su cierre exhibió el poco margen de maniobra que tiene el país para disponer sus basuras. Desde 2016 el DNP concluyó que de no enfrentar con soluciones diferentes el asunto a 2030, Colombia padecerá un panorama crítico que cada tanto asoma con el colapso, cierre o ampliación forzada de cada relleno.
La audiencia por La Pradera se hará mañana ante los representantes de 23 veredas que expondrán ante Corantioquia las implicaciones ambientales, sociales y económicas que, a su juicio, traería la puesta en marcha del vaso Piñuela, pensado para ampliar hasta 2030 la vida útil de un relleno, cuyo último vaso (Altaír) quedará obsoleto en 2023.
Además, denunciarán irregularidades e incumplimientos, algunas de los cuales se expondrán también hoy en el Concejo de Medellín. La audiencia pública, independiente de su resultado, significa un revés para Emvarias por los tiempos que contemplaba para tener lista la licencia de la Piñuela, pues la empresa esperaba tener luz verde de Corantioquia este mes y empezar entre enero y febrero de 2022 la construcción.
La directora de Corantioquia, Ana Ligia Mora, asegura que en diciembre estará lista la decisión de otorgar o negar la licencia, aún cuando no descarta que una vez finalice la audiencia y se complete la evaluación del EIA, surja la necesidad de elevar requerimientos a Emvarias.
Pero a Augusto Osorno, presidente de la junta de acción comunal Frisolera, una de las organizaciones solicitantes de la audiencia, esos tiempos no le cuadran, pues asegura que las comunidades elevarán 25 puntos sobre el EIA que requerirán respuestas de fondo que no se resolverían en este lapso.
