Los tiempos para encender Hidroituango previo al 30 de noviembre, plazo en el que vence el compromiso de EPM, no le cuadran a esta altura ni a la Gobernación de Antioquia, ni a la Sociedad dueña del megaproyecto. Ayer quedó muy claro con el pedido que el gobernador Aníbal Gaviria le hizo al Gobierno Nacional de ganar tiempo ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), además de las afirmaciones que hizo Javier Darío Toro, representante legal de la sociedad, en el debate de control político que afrontó el proyecto en la Asamblea.
Ayer muy temprano se conoció el oficio que el gobernador envió a Bogotá. El mandatario, dirigiéndose al presidente Gustavo Petro, le pidió interceder ante la Creg para que la entrada en operación de las unidades 1 y 2 se haga sin afanes, una vez concluyan las pruebas requeridas. “Le solicito muy comedidamente gestionar ante la Creg que la operación de Hidroituango se pueda dar en un plazo razonable, sin que por eso EPM tenga consecuencias económicas”, sostuvo.
El mandatario busca lanzarle un salvavidas a la empresa. Sobre esta recaería la sanción de 190 millones de dólares en caso de incumplir el cronograma pactado, además de la pérdida del cargo por confiabilidad, que representaría un valor cercano a los 65 millones de dólares durante 18 años. “Creo que la exigencia puede y debe ser removida. El board de expertos recomienda hacer pruebas adicionales que se realizarían en uno o dos meses”, expresó Gaviria.
La posición del mandatario fue secundada por el gerente Toro. Desde el debate de control que citó el diputado Luis Peláez en la Asamblea dijo que es improbable que Hidroituango genere energía a finales de este mes. Habló de la necesidad de semanas e incluso de un mes para el cierre de las pruebas técnicas. “La entrada en operación difícilmente será el 30 de noviembre. Pese a los esfuerzos físicos, sabemos que el tiempo apremia demasiado y no habrá espacio suficiente para que las pruebas se puedan dar”, sostuvo.
Aguas turbulentas
Los pedidos de plazo, sin embargo, no solo provienen de Gaviria y Toro. Aunque internamente EPM ha manejado el 15 y 25 de este mes como las fechas de encendido de las unidades 1 y 2, respectivamente, el alcalde Daniel Quintero también busca la forma de ganar tiempo. Ayer, en un tono más belicoso, señaló a las ministras de Minas y Energía, Irene Vélez, y Medio Ambiente, Susana Muhamad, de estar en contra de EPM.
“No hemos recibido el apoyo que esperábamos del Gobierno Nacional, en especial de la ministra de Minas y Energía y de la ministra de Medio Ambiente. Lo que hemos visto es una especie de presión para que corramos. A pesar de que el presidente está de acuerdo con que haya pruebas, ellas, de alguna manera, pareciera que quisieran que sancionaran a EPM”, aseveró.
El tono luce inconveniente, más aún cuando la incertidumbre que ronda el proyecto no solo tiene que ver con el cierre de las pruebas que garantizarían el bienestar de las comunidades aguas abajo tras el encendido, sino con las decisiones que viene tomando EPM. En esa línea, Toro calificó como una sorpresa la entrega de las obras civiles de las unidades 3 y 4 a la firma Schrader Camargo S.A.S. “Fue una sorpresa enorme. EPM no nos había contado. Nos enteramos por los medios de comunicación”, dijo.
La empresa, sin embargo, no envió representación al debate que tuvo lugar en la Asamblea. Por el contrario, mediante una misiva el gerente Jorge Andrés Carrillo sostuvo que la Duma no tenía competencia para pasarlos al estrado y, según el diputado Peláez, la mitad del cuestionario que compartieron con la entidad no se respondió. “Y eso no es lo peor: le entregaron a dedo las obras de concreto de las unidades 3 y 4 a una firma especializada en energía. Es incomprensible”, expresó.
La empresa que se quedó con estas obras también puja, en compañía de la china Yellow River, en la licitación por los trabajos finales del proyecto —el plazo para la presentación de propuestas cerrará este viernes—. Y aunque han sido repetidas las alertas por los impactos que causaría la llegada de un nuevo contratista, el alcalde Quintero celebró la adjudicación que, según EPM, se concretó luego de que el Consorcio CCC Ituango — titular de las obras— optara por no seguir al frente después del 30 de noviembre.
Empalme está embolatado
Sobre el cambio de contratistas se refirió, precisamente, Santiago García Cadavid, representante del Consorcio CCC Ituango. En su intervención ante la Asamblea precisó que no se llegó a un acuerdo con EPM. Según García, ampliar la prórroga de 11 meses que comenzó a rodar desde enero resultaba inconveniente. “No solo por la ampliación de la garantía, sino por otras obligaciones que nos hacían llegar a unos costos fuera de mercado. Le dijimos a EPM que solo sería rentable en caso de que pudiéramos ejecutar otras obras”, expresó.
Pero la preocupación que ahora toma forma, además de las fechas para la entrada en operación, tiene que ver con el empalme. Recordó García que la prórroga firmada comprendía ocho meses de obras civiles y tres meses más de transición. Cuando ya hay una nueva firma de por medio y aún se desconoce quién ejecutará las obras de las unidades 5, 6, 7 y 8, no ha comenzado el proceso de empalme.
“No tenemos indicaciones sobre con quién hacer el empalme. Resta un mes de los tres meses de transición, pero aún no conocemos si hay un plan en este sentido y cuál será la ruta de la firma que nos va a reemplazar”, dijo. El asunto no es menor. Además de las 4.000 personas que trabajan para poner a operar la hidroeléctrica, hay de por medio campamentos, maquinaria y diferentes instalaciones que deben ser retiradas o negociadas con el nuevo titular.
Es decir, en el momento el proyecto no solo necesita más tiempo para las pruebas de las unidades 1 y 2, sino ponerse al día con el empalme, y más cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) habla de movimientos riesgosos en el macizo rocoso de la presa, lo que escalaría el peligro de las comunidades aguas abajo en caso de retrasarse más la entrada en operación.
