Diez representantes legales de minas y 22 mineros del Nordeste antioqueño han sido arrestados en los últimos tres meses, en una ofensiva judicial contra el tráfico de explosivos en la región.
La investigación es liderada por la Fiscalía 75 de la Dirección contra la Criminalidad Organizada, y los arrestos se ejecutaron en dos fases: el 16 de septiembre, cuando la Policía capturó a 14 personas y dos se entregaron; y el 9 de noviembre, cuando el CTI detuvo a 13 ciudadanos, y tres más se presentaron voluntariamente.
Estas personas son señaladas de participar en una red de comercialización ilegal de explosivos fabricados por la Industria Militar (Indumil), en particular de Indugel, mecha lenta, cordón detonante y estopines (detonadores).
Según la investigación, estos elementos, cuya fabricación, licencia, venta y uso es vigilado por el Departamento de Control Comercio de Armas, la Secretaría de Minas y el Ejército, están terminando en poder de mineros informales y bandas, que los emplean para extraer oro en yacimientos de Segovia, Remedios y el Occidente de Antioquia.
De los 32 capturados, diez son representantes legales de minas de Segovia, de acuerdo con la Fiscalía. Se trata de Diego Echavarría Calderón, de la mina La Tres y Media; Susano Castro Bentham, de la mina La Paz; Fabián Isaza Orozco, de la mina El Progreso; y Clara Vallejo Restrepo, de la mina Santa Cruz.
La lista sigue con Emilio García Jiménez, de la mina La Valencia; Holmes Valdés, de la Cooperativa Multiactiva Futurama; Juan Cortés Roldán, de la Sociedad Minera La Revancha; Saúl Taborda Jiménez, de la mina La Roca; Julio Valencia Macías y Yurani Escalante García, ambos de Operaciones Mineras de la Región.
Fueron presentados en audiencias de garantías ante los juzgados Segundo y Tercero Penales Ambulantes de Antioquia, donde la Fiscalía les imputó tráfico de explosivos, concierto para delinquir y falsedad marcaria (por alterar la numeración de los elementos).
Los 32 procesados rechazaron los cargos y conservan la presunción de inocencia. Los jueces ordenaron detenciones domiciliarias para unos y a otros les dieron libertad condicionada, pero todos siguen involucrados en el caso. El ente acusador tiene hasta enero para formular la acusación.
En las audiencias, la Fiscalía hizo énfasis en que “esta es la primera investigación en Colombia en relación al tráfico de explosivos para la minería”.
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