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Maríangel Espinoza es una migrante venezolana que, esta semana, dio a luz a su hija, en el hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. Esta mujer no esperaba que el proceso de tener a su bebé en una patria que no es la suya fuera, dentro de las dificultades que eso implica, sencillo. Cuando comenzó su gestación, le angustiaba el proceso de registro y la afiliación al sistema de salud de su hija. Hoy, esas preocupaciones han menguado.
Una estrategia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ya venía operando en el hospital donde fue atendida, le permitió acceder a los procesos anteriores. De hecho, la apuesta, que busca facilitar los trámites de registro civil, impulsará la apertura de 36 oficinas más en hospitales públicos de 15 departamentos del país.
Tres de estos nuevos puntos operarán en Antioquia. Uno está ubicado en la Clínica Regional Valle De Aburrá de la Policía Nacional, en Envigado, y ya está funcionando. Los otros dos se abrirán en el hospital San Juan de Dios, de Santa Fe de Antioquia, y en el San Antonio, de Tarazá.
Si bien las unidades prestarán atención a colombianos, la iniciativa hace parte de un proyecto llamado “Brazos abiertos”, que pretende que el registro de los hijos recién nacidos de migrantes venezolanos cuente con la nota de “válido para demostrar nacionalidad”. En total, se busca registrar a 10.000 niños.
Esta iniciativa se ejecuta en el marco de la Ley 1997 de 2019, la cual permitirá que los niños y niñas de venezolanos nacidos en Colombia puedan tramitar el registro civil de nacimiento, con la nota mencionada, hasta el 16 de septiembre de este año.
Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil, indicó que con el impulso de estas unidades se evitarán trabas en el proceso de registro. “Queremos que la población en general, y por supuesto la migrante, tenga la posibilidad de hacer los trámites de registro civil para que más niños puedan acceder a este beneficio de manera fácil y gratuita, y así evitar el riesgo de apatridia”, expresó.
Jairo Mesa, registrador delegado para el Registro Civil y la Identificación, confirmó lo expresado por Vega: “Hoy Venezuela no le está dando ningún tipo de documentos a sus ciudadanos y estos niños que nacen en Colombia quedarían en riesgo de ser apátridas”. Es decir, sin nacionalidad, “sin hogar”.
¿Qué permite el documento? Mesa explicó que este es la entrada a la vida de los ciudadanos. A los recién nacidos les permite ingresar al sistema de salud, acceder al Sisbén, recibir educación, participar de los programas de alimentación escolar y tener una identidad.
Para el proceso de registro civil de nacimiento, según describió Ana Correa, quien trabaja en el hospital Manuel Uribe Ángel, se necesitan los documentos de los padres y el certificado de nacido vivo original. El registrador delegado aclaró que la situación irregular de los padres no limita el acceso al trámite. Estos, con cualquier documento que acredite su nacionalidad venezolana (así esté vencido), podrán acceder al trámite.
Maríangel, incrédula, repitió que no se esperaba las facilidades que encontró en el proceso. “Pensé que se me iba a hacer más complicado cuando quedé embarazada. En el hospital me hicieron el registro el día que nació la niña. Nos dieron un acta de nacido vivo y un carné. Es la documentación para que la niña pueda recibir atención en salud”, relató la mujer.
Maria Teresa Palacios Sanabria, directora del grupo de investigación en DD. HH. y migración de la Universidad del Rosario, calificó como positiva la iniciativa: “Abrir canales para poder registrar a los menores de edad y, en este sentido, poder adquirir la nacionalidad colombiana, es eliminar una barrera que existe desde el punto de vista constitucional”.
Pese a lo anterior, la experta planteó que la medida se queda corta en Colombia, donde no basta con nacer en el país (en el caso de los extranjeros irregulares) para adquirir la nacionalidad (ver Para saber más). Con la Ley 1997 de 2019 se elimina solo de manera temporal la barrera constitucional, pues después del 16 de septiembre, fecha hasta la que operará la norma, el futuro de estos niños quedará en un vacío jurídico, concluyó Palacios