Proteger los derechos de los migrantes. Eso es lo que pretende la Personería de Medellín que solicitó al Gobierno Nacional llevar a cabo un nuevo censo, teniendo en cuenta que el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (Ramv) hecho hasta junio de 2018 quedó desactualizado debido a la cantidad de ciudadanos del vecino país que llegaron desde entonces.
Esa petición la respalda la Colonia Venezolana en Colombia (Colvenz), que en voz de su vicepresidente Toni Vitola indicó que a marzo estiman que solo en Antioquia habría superado la cifra de 100.000 venezolanos, cuando hasta enero pasado Migración Colombia calculaba 76.591.
Guillermo Durán, personero de Medellín, señaló que previa a esta última cifra, el censo del año pasado solo alcanzó a registrar 21.850, por lo cual se hace necesario otro proceso para conocer el volumen de esta población en la capital antioqueña.
“Solo así podrán implementarse adecuadamente políticas públicas y legalización de los migrantes, para evitar que sean víctimas de explotación laboral, sexual, o que los amenacen con deportación para vulnerar sus derechos fundamentales”, expresó.
Agregó que los ciudadanos venezolanos deben tener los mismos derechos que cualquier colombiano, bien sea que regresen a su país una vez se resuelva la situación política o si deciden quedarse en Medellín.
Vitola recordó que, debido al cierre de los consulados por la ruptura de las relaciones diplomáticas binacionales, el censo se hace necesario no solo para identificar la cantidad de los migrantes, sino para regularizarlos y evitar que se queden varados en las calles.
Por otro lado, recordó, en junio vencen los dos años que otorgaba el primer Permiso Especial de Permanencia (PEP), el cual lo tienen vigente 9.948 personas en el departamento y quedarán sin soporte para estar en Colombia.
“No saben si habrá renovación, y no todos lograron pasar del PEP a una visa de trabajo, porque esta les cuesta más de un millón de pesos”, anotó.
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